Firmantes de paz rechazan propuesta de Otty Patiño de crear instancia que combine implementación y ‘paz total’

“Mientras el Acuerdo de Paz de 2016 es un pacto de Estado que debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica, la paz total sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”.

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Con esta frase, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI-Comunes) y el Consejo Nacional de Reincorporados mostraron desacuerdo con la propuesta del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, de crear un Consejo de Implementación que articule a las entidades encargadas de cumplir los compromisos del acuerdo de paz de 2016 y a los encargados de ejecutar la política de ‘paz total’.

La idea, planteada por Patiño en diálogo con el diario El Espectador, sería publicar un decreto para “superar la desarticulación y los malentendidos que se han generado” entre el acuerdo y la política de paz del gobierno Petro.

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En un comunicado de prensa, las dos instancias, en representación de la Alta Parte Contratante que firmó los acuerdos, indicaron que estos dos procesos son “distintos en su origen, en su naturaleza constitucional y en sus compromisos”. Además, criticaron que se intente poner al mismo nivel a los firmantes que vienen cumpliendo el acuerdo con grupos que continúan en armas y que son los principales responsables de muertes de excombatientes.

“Este escenario ha derivado en un ataque sistemático contra los exintegrantes de las extintas Farc-EP, configurando lo que puede interpretarse como un exterminio político. Esta situación representa una violación flagrante del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc-EP”, agregaron.

Además, insisten en que el acuerdo de 2016 “no es una negociación más” y que, tras 8 años desde la firma de los compromisos, “la implementación sigue siendo frágil y fragmentada”. Los firmantes hablan concretamente del tema de tierras, proyectos productivos y la seguridad de los firmantes.

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Sobre este último aspecto, sostienen que los grupos hoy en las mesas de la ‘paz total’ han sido responsables del desplazamiento forzado de al menos cuatro colectivos de firmantes. El más reciente ocurrió en la Nueva Área de Reincorporación Simón Trinidad, hasta hace un mes ubicada en la vereda Nueva Esperanza, Mesetas (Meta).

“La falta de un marco normativo claro para la paz total solo profundiza esta incertidumbre, debilitando la institucionalidad encargada de cumplir lo pactado en 2016”, manifestaron, para luego agregar que “no se puede avanzar en una nueva arquitectura de paz sin que sea acordada con la alta parte contratante dentro de las instancias establecidas y sin consolidar primero lo ya acordado”.

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Una de las críticas que ha recaído sobre este gobierno tiene que ver justamente con la decisión de convertir, a partir de 2022, la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación en la Unidad para la Implementación, una entidad adscrita a la Oficina del Comisionado Consejero de Paz que solo se encarga de articular.

Finalmente, hicieron un llamado a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a los países garantes y a los acompañantes del proceso de paz para que insten al Estado colombiano a cumplir el acuerdo. “Sustituir los compromisos firmados por estructuras improvisadas que ponen en riesgo lo alcanzado constituye una violación al acuerdo”, concluyen.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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