La del jefe de los Comuneros del Sur, otra orden de extradición que se le atraviesa a la ‘paz total’

El proceso de negociación con el Frente Comuneros del Sur, el que más avances tiene en el marco de la política de ‘paz total’, se enfrenta a su primera gran crisis. Este lunes se conoció que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia avaló el pasado 2 de abril la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, cabecilla de la estructura que en mayo de 2024 se separó del Eln y que la semana pasada hizo entrega de parte de su arsenal de guerra.

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Alias HH, quien ha tenido un papel activo en varios ciclos de la denominada ‘Instancia para la Co-construcción de la Paz Territorial en Nariño’ —como le denomina el Gobierno a esta mesa—, es requerido por la Corte Distrital del Estado de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir. La decisión se toma en medio de una investigación que vincula a Yepes desde 2019 con la fabricación y distribución de cocaína para su importación ilegal al país norteamericano.

En la determinación, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños Palacios, se relatan los cargos dictados el 11 de octubre de 2023 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Según el tribunal norteamericano, Yepes habría estado al frente de una red transnacional de narcotráfico orientada a facilitar la entrada de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, haciendo uso de conexiones criminales y utilizando métodos que incluyen embarcaciones rápidas, vehículos y aeronaves.

Este aval a la extradición se suma al caso de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los ‘Comandos de la Frontera’, quien fue capturado en febrero, coincidiendo con el cierre del tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, otro actor presente en Nariño y vinculado también a la política de ‘paz total’.

La captura de Araña generó una crisis en ese proceso de diálogo, que apenas ahora, dos meses después, muestra señales de recuperación. Este episodio dejó en evidencia los vacíos jurídicos y metodológicos que el Gobierno no ha logrado resolver dentro del diseño de su política de paz. Ahora, la incertidumbre se traslada al proceso con Comuneros del Sur.

No hay que perder de vista que, para que la orden de extradición de ‘HH’ quede en firme, tendrá que ser avalada por el presidente Gustavo Petro. Además, actualmente Yepes se encuentra en libertad, ya que, gracias a la Resolución 502 de 2024, sus órdenes de captura a nivel nacional están suspendidas. Este contexto jurídico plantea un dilema tanto legal como político para el Gobierno Petro.

Así como sucede con la disidencia de las Farc, el único camino que le queda al Gobierno para no dilapidar el proceso, según analistas consultados por este diario, es justificar la presencia de ‘HH’ en el proceso. De hecho, el comisionado de paz, Otty Patiño, ya ha señalado que, si hay avances tangibles en los procesos de negociación, se pueden activar mecanismos legales para intervenir. Cabe mencionar que, a su juicio, estas órdenes resultan inoportunas en el contexto de los procesos de paz.

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Para Luis Fernando Trejos, experto en conflicto y docente de la Universidad del Norte, existen fundamentos suficientes para justificar la permanencia de ‘HH’ en la mesa de diálogo. “Debe tenerse en cuenta que la orden de extradición no se traduce en una extradición inmediata, sino que depende, en última instancia, del Presidente de la República, y en este caso particular no se ve viable en la medida en que el proceso de fin de conflicto con los Comuneros del Sur será el único proceso (de los 12 iniciados por el Gobierno) que terminará con desarme y desmovilización antes del 7 de agosto de 2026”, opinó.

En este contexto también surge el interrogante sobre el efecto concreto que tendría una eventual detención y extradición de ‘HH’ en el curso de las negociaciones. “No creemos que esto pueda tener mayor efecto en la negociación, se tendrán que dar las aclaraciones. Este concepto de la Corte es el cumplimiento de su deber, era de esperarse, pero no afecta el desarrollo de los diálogos y de los acuerdos alcanzados”, le dijo a EL TIEMPO Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos.

Menos diplomático fue el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien ha sido abanderado de los procesos de paz territorial en Nariño.

“¡Qué raro! Justo cuando más avances se han logrado con los procesos de paz en Nariño con Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional, ahora se expiden las órdenes de extradición contra dos de sus delegados. ¿Acaso no quieren dejar avanzar la paz total propuesta por el presidente Petro, ni siquiera desde los procesos territoriales que muestran resultados concretos y que evidencian la salvaguarda de la vida?”, señaló en su cuenta de X.

Con estas dos órdenes de extradición, además, se confirma que, más allá de los intentos del Gobierno por negociar con grupos armados, la justicia de Estados Unidos sigue teniendo en la mira a los cabecillas de estas organizaciones armadas.

El jefe del Frente Comuneros del Sur es oriundo del municipio de San Pablo, Bolívar, e ingresó a las filas del Ejército de Liberación Nacional en 1991, específicamente al frente Luis José Solano Sepúlveda. Desde 2011 ha estado delinquiendo en Nariño, y en 2013, tras una crisis interna en la estructura, se convirtió en el líder de los Comuneros del Sur.

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Según datos de inteligencia militar, Comuneros del Sur cuenta con aproximadamente 100 hombres en armas y 40 más en redes de apoyo (milicias). Su ruptura definitiva con el Eln se produjo el 7 de mayo del año pasado, cuando, a través de un comunicado y tras expresar su interés por participar en los diálogos regionales de Nariño, anunciaron su separación debido al “trato de agresión y al actual modelo de conducción desde el exilio político”.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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