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Restitución de tierras, el mayor impacto del Acuerdo de Paz, según informe

El Barómetro de las Américas evaluó las percepciones sobre el cumplimiento del Acuerdo.

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Adicional al capítulo de jóvenes y democracia, el informe del Barómetro de Las Américas: Pulso de la democracia en Colombia 2023 también dedicó espacio para revisar dos temas de interés para la democracia del país: el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc y la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Un 21 por ciento de los encuestados manifestó que cree que el Gobierno está cumpliendo con su parte del Acuerdo, mientras que ese porcentaje es del 14 por ciento cuando se pregunta directamente por la guerrilla. “La ciudadanía siente que ha habido poco cumplimiento por parte del Gobierno y las Farc”, dijo Miguel García Sánchez, coautor del informe y profesor de la Universidad de los Andes.

Pese a la percepción de cumplimiento, el informe destaca los resultados sobre el impacto de lo implementado. Y el tema que más ha avanzado, según los encuestados, es la restitución de tierras en un 33 por ciento, seguido de la seguridad (29 por ciento), la democracia (27 por ciento) y la economía (19 por ciento).

Aunque el informe no presenta porcentajes de mediciones anteriores, podría haber una relación directa entre una mayor percepción del mejoramiento del a las tierras y el impulso que el presidente Gustavo Petro le ha inyectado a este el punto del Acuerdo relacionado con la restitución de tierras.

Como en otros estudios, la ruralidad del país arrojó mejores resultados en la percepción del cumplimiento y los impactos del acuerdo de paz que los habitantes de zonas urbanas.

Otro tema que llamó la atención fue el crecimiento en el escepticismo sobre la reconciliación entre víctimas y victimarios. Una mayoría consideró que el mejor mecanismo para alcanzar la reconciliación es la reparación económica por parte de los victimarios (68 por ciento) y el Estado (67 por ciento). La verdad y el perdón están por debajo del rango del 60 por ciento.

“Lo que veo es que hay un desgaste en el modelo de verdad, justicia y reparación. Y la gente le da prioridad a lo que es más sonante, que son las indemnizaciones” agrega el profesor de Los Andes. “Los colombianos son mucho más escépticos hoy que hace siete años con respecto a la posibilidad de reconciliación entre víctimas y victimarios”, señala por otro lado el informe.

Esto tiene relación con los datos puntuales arrojados sobre la JEP. Cuando se creó este tribunal de justicia restaurativa, el porcentaje de confianza era del 42 por ciento, en 2023 fue del 37 por ciento. Igualmente, la encuesta arrojó que la ciudadanía es más propensa a apoyar un enfoque punitivo sobre uno restaurativo, indistintamente si se aplica a un militar o un excombatiente de la guerrilla.

A la par de esto, solo uno de cada tres colombianos considera que la JEP ha alcanzado sus objetivos. Eso representa un 29 por ciento. “La ciudadanía tenía unas expectativas altas en que la JEP aportara rápido a la justicia, pero las instituciones recién creadas necesitan tiempo para operar y ganar legitimidad”, puntualiza García Sánchez.

“En la medida en que el tribunal vaya arrojando resultados concretos en los casos bajo su estudio, las percepciones de los colombianos acerca de la institución y de su operación pueden evolucionar”, vaticina el informe.

Adicional al acuerdo de paz, el informe también profundizó sobre las percepciones de los colombianos a los procesos de paz. La población en general mantiene la postura de que la mejor salida al conflicto armado es la vía negociada, con un 65 por ciento, sobre el enfrentamiento militar, con un 34 por ciento.

Sin embargo, cuando se les preguntó sobre si apoyarían una salida negociada con bandas criminales, el porcentaje de apoyo disminuyó al 38 por ciento, cifra que se ha mantenido constante desde que empezó a ser evaluada en 2014.

“Estas diferencias nos muestran que la ciudadanía es capaz de distinguir con quién se está negociando. A pesar de que apoyen de forma abstracta una negociación, cuando se tratan de ciertos grupos el apoyo es menor”, comentó el profesor.

Estos datos, por ejemplo, dan luces para avanzar en la ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, que ha llamado a negociar a grupos insurgentes y no insurgentes.

El apoyo a la salida negociada también está condicionado a la percepción de la ciudadanía sobre el control militar y el apoyo a la gestión del presidente de turno. “Que el Gobierno tenga la sartén por el mango en cuanto a la acción militar genera más tranquilidad a las personas a la hora de una negociación. Este factor y la favorabilidad del presidente son dos puntos que Petro tiene en contra ahora”, dice García Sánchez.

En tanto el Gobierno avance en las negociaciones con los grupos armados, con compromisos tangibles adicionales al cese del fuego, hay posibilidades de que esos factores, especialmente el segundo, se tercien a favor del mandatario.

Por último, el informe encontró que, en 2023, a diferencia del 2016, hay menos ilusión de que haya una salida negociada con el Eln al corto plazo. Los datos son 6 por ciento versus 9 por ciento.

“En 2016 había un optimismo derivado al Acuerdo de Paz con la Farc. Hay que decir que es un optimismo leve, del 9 por ciento. A medida que ese contexto y la coyuntura ha venido variando, es natural que se dé esa disminución. Adicional a esto, está la experiencia de los otros intentos de negociación con el Eln desde el gobierno Santos y Duque. Ahora lo que vemos en la mesa es que van dos pasos adelante y uno hacia atrás. Y ello lleva a que no haya muchas expectativas en el corto plazo”, concluye el profesor García Sánchez.
NATALIA TAMAYO GAVIRIA
​REDACCIÓN DOMINGO 
​X: @nataliatg13

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