Análisis de expertos sobre la viabilidad de la reforma de la salud: se requiere primero sanear los problemas financieros actuales

Antes de reformar el sistema de salud es necesario que se solucione la crisis financiera que está atravesando actualmente, y que viene desde el año 2022. De no hacerlo, el nuevo sistema heredará ‘las enfermedades’ del anterior, y en un par de años, sea porque ya viene ‘enfermo’ o porque la solución de reforma no fue la adecuada, el país se enfrentará a una posible crisis mayor a la actual. Esa es una de las grandes conclusiones que reseñan un grupo de expertos en economía de la salud que hablaron con EL TIEMPO sobre la reciente aprobación, en Comisión Séptima, del proyecto de reforma del Gobierno.

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El grupo de investigadores, entre quienes se destacan docentes de las universidades Eafit y Antioquia, está conformado por voces como Jesús Botero García, economista y especialista en Política Económica y profesor emérito de la Universidad Eafit; Ramón Abel Castaño, médico y Ph. D en Políticas y Salud Pública; y Jairo Restrepo Zea, economista y magíster en Gobierno y Asuntos Públicos y profesor de la Universidad de Antioquia, entre otros.

Este mismo colectivo de voces ya había enviado un informe a la Corte Constitucional pidiendo que se ajustara la Unidad de Pago por Capitación (UPC), debido a que estaba desfinanciada, y ahora, señalan que “si un sistema no es sostenible desde su punto de partida, entonces no podrá serlo aunque se reforme”.

De acuerdo con el análisis realizado por los investigadores, desde 2022 el sistema viene aumentando sus déficits anuales sin compensarlo con aumentos los aumentos requeridos en la UPC, que es lo que se paga por cada . Dicho desajuste viene impulsado por el aumento en el consumo de servicios en salud tras la pandemia del covid y una inflación mayor a la proyectada, que es lo que se ha visto en los últimos años.

El no haber hecho dichos ajustes, señala la investigación, ha llevado a que actualmente el sector cargue un déficit de $ 11,9 billones para este año que aún no ha terminado de cerrar, y que se reflejan en $ 3,6 billones faltantes en 2022; $ 3,5 billones en 2023 y $ 4,7 billones proyectados para este 2024. Una realidad que se ve reflejada en los resultados financieros de las EPS, que son actualmente los actores que asumen el denominado riesgo financiero y cuyo patrimonio total, a 2024, estaba en un negativo de $ 6 billones de pesos.

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“En resumen: el sistema está desfinanciado. No se ha ajustado la UPC en la magnitud necesaria para poder atender la demanda de salud completa de los colombianos. Ello ha destruido prácticamente la posición financiera de las EPS volviéndolas de patrimonio negativo y ha disminuido la calidad del servicio como se refleja en el índice de reclamos por salud que se han dado en Colombia. La realidad es que el sistema requiere un ajuste importante de la UPC para garantizar que esa UPC cubra la demanda de servicios de los colombianos”, destaca Botero.

En su concepto, lo aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara lo que hace es postergar un problema que ya es visible, y es que no hay los recursos que se requieren para atender la actual demanda y costos que existen en el sistema de salud. En ese sentido, para él no se debería seguir avanzando en una reforma sin antes solucionar los problemas de base que tiene el sector.

“Lo deseable es: que uno reforme un sistema que está funcionando de una determinada manera y lo mejore. Lo no deseable es: partir de un sistema que está desfinanciado, no corregir su problema y montar sobre él nuevas reformas que nadie va a saber qué impacto final tengan”, agrega el experto.

Con dicha opinión coincide Cristina Isaza Mejía, directora ejecutiva del grupo de participación ciudadana Plural y quien también hace parte del grupo de expertos en salud, que señala que si bien actualmente en Colombia existen problemas de y cobertura del sistema, el actual proyecto de reforma podría terminar afectando al 95 % de los colombianos por “solucionar el al 5 % de la población”, cuando el ideal es que haya una solución para todos.

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Actualmente, este grupo de expertos espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional alrededor de la sentencia T-760 que trata sobre la vulneración del derecho a la salud en el país y en la que consideran que se podría tomar una decisión, que debe ser urgente, sobre el ajuste que se requiere de la UPC.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros