Con 'garrafa de guaro' salvan la vida de paciente: así es ser médico rural en Colombia

Muchos médicos advierten falta de garantía al prestar el Servicio Social Obligatorio.

Trampa de aire con botella de aguardiente Foto: Cielo Casas

27.06.2023 09:24 Actualizado: 27.06.2023 11:10

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Federico* atendió pacientes en estado psicótico con gotas, cuando en realidad necesitaban intravenosa de urgencia. Natalia* ha sufrido de depresión y ansiedad desde hace tres años a raíz de los casos que atendió. A Camilo*, que cumplía, en varias ocasiones, con 72 horas de trabajo continuo, nunca le pagaron por horas extralaborales. A Cielo Casas y Sofía Lohle les tocó salir, escapando, de la zona en la que estaban por amenazas que ponían en riesgo su vida. Todos médicos y todos con denuncias de los riesgos que significó, para ellos, prestar Servicio Social Obligatorio (SSO).

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Estudiar medicina, como ellos lo hicieron, puede costar en Colombia hasta 60 millones de pesos anualmente. Aproximadamente 12 semestres de estudio intenso y rotaciones por diferentes especialidades.

Lo anterior, sin contar el año del SSO, un requisito con el que, si se es escogido en el sorteo gubernamental, se debe cumplir de manera obligatoria al culminar los estudios profesionales.

El SSO, también conocido como ‘año rural’, es un deber de quienes aspiran a ser médicos, al igual que enfermeros, bacteriólogos u odontólogos, con el fin de obtener la tarjeta profesional.

Los recién graduados se someten a un sorteo en el que se les asigna una plaza o del que resultan exonerados, ya que las vacantes de los centros médicos son menores a la cantidad de personas que se gradúan. Aunque quienes están decididos a contribuir voluntariamente, pueden hacerlo y buscar un puesto dónde trabajar.

Sin embargo, “tienen más garantías los del servicio militar, que los profesionales del SSO”, asegura Edgar Torres, abogado especializado en atender situaciones legales relacionadas a esta temática y que recibe semanalmente a cerca de cuatro afectados.

A su despacho han llegado decenas de quejas: de explotación laboral, malos pagos e, incluso, amenazas de muerte, que denotan abandono Estatal y falta de garantías hacia quienes se ven obligados a prestar servicios médicos.

Al igual que el abogado, la Asociación Nacional de Residentes e Internos Médicos se encarga de apoyar a los ‘rurales’ para velar por su bienestar. Por ello, su presidente Leonel Vega dice que “hay algunas entidades municipales que responden ante reclamos, sin embargo son la mayoría las que llegan a ser cómplices de la vulneración de derechos”.

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La historia de Cielo Casas y Sofía Lohle, uno de los casos atendidos por Torres, empezó en El Bagre, lugar que les fue asignado y en donde fue asesinado el médico Cristian Camilo Julio en 2019, quien cumplía con su ‘rural’. Se cree que él fue interceptado cuando iba a reunirse con su familia por el día de la madre.

Por esos hechos surgió la preocupación de los familiares de Casas y Lohle, al enterarse de que se mudarían a El Bagre, un municipio que tuvo un incremento de homicidios del 26 por ciento para 2022; en el que tendrían que quedarse en un motel por un tiempo por no tener más opciones de hospedaje, ya que el sector estaba inundado; y en el que no había más alternativa que bañarse con ‘coca’, porque el agua llegaba día de por medio.

Al instalarse, vivieron la primera escena que las marcó. Ver una cabeza empalada rondando por las calles del municipio. Además de experiencias que aún les parecen increíbles, pues las llevaron a intentar salvar más de un paciente con pocos insumos y a presenciar escenas violentas en el hospital donde laboraban.

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Es en estos lugares donde la situación de orden público en ocasiones puede estar alterada

“A mí me llegó alguien con la mordedura de una serpiente. No teníamos un suero antiofídico que, por cierto, es muy difícil de conseguir. Nos dijeron que en Montería nos lo daban. Sofía fue hasta allá y salieron con que no había nevera para transportarlo. Le tocó meterlo en su termo”, asegura Casas y enfatiza en algo que siente que se ha vuelto común en el rural: “Se romantiza hacer lo que se pueda y no lo que se debe de buena forma. La medicina no es un proyecto de arte improvisado, estamos hablando de la vida de una persona”.

A Cielo le tocó improvisar con una ‘garrafa de guaro’ para realizar un drenaje torácico, procedimiento en el que es necesario un sistema para atrapar el aire que está en el pulmón del paciente. Por falta de recursos, lo único que pudo conseguir con ayuda de familiares de quien estaba en su camilla fue esta botella de vidrio que le salvó la vida a su paciente.

Para el Ministerio de Salud, el Servicio Social Obligatorio –que comprende acontecimientos como estos– está en la Ley 1164 de 2007 y “contribuye al desarrollo de la atención primaria para asistir problemas en las poblaciones con mayores necesidades insatisfechas en zonas urbanas, rurales o de difícil en cuanto a servicios de salud”. Asimismo, porque “es en estos lugares donde la situación de orden público en ocasiones puede estar alterada”.

Esta disposición abarcaría, por ejemplo, los peligros que afrontaron Casas y Lohle cuando cumplieron seis meses de estar en el lugar. Ambas fueron amenazadas y abucheadas al punto que les tocó salir de El Bagre, donde realizaban su SSO.

La problemática se desencadenó cuando una de las recién graduadas publicó un hilo de Twitter en el que expuso una situación que habían vivido de forma reciente, en el que pacientes rompieron a golpes una ventana del centro médico en que trabajaban, por el desespero de ser atendidos.

Cuando se acabó por más de una semana el jarabe de acetaminofén y las ampollas de dipirona entonces pa bajarle la fiebre a los niños les calculábamos con hioscina compuesta porque era lit lo único que teníamos
— Lols (@sofialohle) January 24, 2023

Esos tuits, que terminaron por hacerse virales, desencadenaron una reacción negativa de los habitantes de El Bagre, que consideraron que “se estaban burlando de su municipio”, según recogen algunas de las publicaciones hechas por habitantes de ese municipio.

Dichos inconvenientes surgieron cuando el tuit alcanzó la viralidad. “Las personas del municipio empezaron a escribir: ‘qué médicas tan clasistas’, ‘poco profesionales’, ‘se están burlando’. Yo salí en defensa de Sofía –quién aparecía como responsable del tuit– y dije que no la podían juzgar así porque no estaba contando nada más allá de lo que habíamos vivido. Luego pensé que esa era la consecuencia de mandar a personas obligadas a un sitio donde no querían estar y hacerlas cumplir una labor en unas condiciones paupérrimas”, expuso Cielo Casas.

“Teníamos mucho miedo, no sabíamos qué hacer hasta que una cuenta nombrada ‘grupo armado’ hizo una amenaza. Caímos en cuenta que debíamos salir de ahí. nunca supe si era verdad o mentira, pero no me iba a arriesgar. Eso sí, decidimos que temprano en la mañana íbamos a hablar”, dijo.

Qué dice Minsalud

“Ustedes están solas y lo estarán de ahora en adelante, porque la Secretaría de Salud no las va a apoyar, el Ministerio no las va a apoyar”, es lo que advierte Torres, quien atendió el caso de Casas y Lohle cuando estas llegaron a Medellín, luego de escapar de la zona en la que tuvieron problemas de orden público.

Ante situaciones como esta, el Ministerio de Salud no tiene dentro de sus competencias mecanismos para certificar protección, porque quienes se deben ocupar del correcto funcionamiento del SSO son Secretarías de Salud Departamentales y Distritales de donde se ubican las plazas, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Por lo anterior, el Minsalud ha dictado instrucciones a los entes territoriales sobre la seguridad que debe proporcionar a la Misión Médica, que es un conjunto de bienes, instituciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propias de la prestación de servicios de salud.

“Pero esta no es muy efectiva. Simplemente es un requisito para tener en cuenta las afectaciones que surgen según los percances que se puedan presentar. Porque en el caso de las jóvenes no se presentó ayuda cuando hubo alteraciones de orden público. Además de que no apareció nadie, ni los entes gubernamentales, ni los colegios médicos”, dice Torres con respecto a la falta de respuesta oportuna.

Me faltan 8 días para acabar los primeros 6 meses del rural entonces abro hilo de los momentos que más ✨humilde✨me han mantenido hasta ahora. Van en orden de ocurrencia porque queda en ustedes decir cual de todos me hace más ✊🏼guerrera✊🏼
— Lols (@sofialohle) January 24, 2023

El abogado también lo menciona porque siente que los procedimientos de los funcionarios no están claros. Esto, debido a que la institución pública solo le dio el carné de identificación a Casas y Lohle como personal que podría requerir ayuda de la Misión Médica cuando tuvieron que salir de El Bagre debido a las amenazas, es decir, ya llevaban cerca de cuatro meses ejerciendo y nunca lo habían tenido.

Ahora bien, cuando hay sucesos que involucran riesgos, la Secretaría correspondiente o el Ministerio de Salud se encargan de solicitar la exoneración por fuerza mayor o caso fortuito debidamente documentado, luego de la evaluación de los Comités territoriales creados en cada lugar. De igual forma, hay quienes prefieren solicitarlo a través de tutelas.

Pasar la primera noche en el único hotel decente que en realidad es UN MOTEL y luego mudarnos con maletas en moto a donde una doña desconocida que nos hizo el favor de recibirnos 15 días, dormíamos juntas en su cuarto rojo 🥲 Obvio 100% vaciar y bañarnos a baldados pic.twitter.com/UEVU9Xg2j3
— Lols (@sofialohle) January 24, 2023

Después de renunciar

No consideraban competente determinar que era un acontecimiento de fuerza mayor porque era previsible lo que pasó luego de la publicación

“Ahora les recibo la denuncia, voy a desayunar” fue la respuesta que recibieron las jóvenes médicas a las 8 a.m, que aún estaban en estado de pánico porque estuvieron en vilo hasta las 3 de la madrugada, cuando las amenazas persistían y venían acompañadas de fotos del hospital en el que trabajaban.

Luego de manifestarse ante la Fiscalía, fueron citadas en la Alcaldía para hablar con la secretaria de salud y la gerente del hospital en el que trabajaban, con el objetivo de esclarecer los sucesos. Al salir, una gran cantidad de habitantes del pueblo que estaba alrededor del edificio empezó a abuchearlas.

“Nuestra reacción simplemente fue correr. Nos subimos a un carro que conseguimos para que nos transportara. Nunca nadie nos ofreció ayuda, ni ofreció seguridad”, recuerda Casas y asegura: “Lo único que hicimos fue ir hasta la casa a sacar el gatico y el conejo que teníamos. Nos montamos en un carro que conseguimos y nos fuimos por la vía alterna”.

Al llegar a Medellín, donde ambas residían, su caso pasó a manos de la Personería de la capital de Antioquia y desde allí les ofrecieron primeros auxilios psicológicos. Según Cielo, una acción que marcó la diferencia porque les ayudó a entender que eran víctimas y que sus vivencias fueron algo que superó todo tipo de límites.

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Luego, se dirigieron al abogado Torres para continuar con el proceso correspondiente y lograr la exoneración del SSO otorgado por la Secretaría de Salud de Antioquia. Sin embargo, la entidad les respondió que “no consideraban competente determinar que era un acontecimiento de fuerza mayor porque era previsible lo que pasó luego de la publicación”, según cuenta Casas.

Entonces, interpusieron una tutela a la Secretaría y el juez falló a favor de Cielo, Sofía y otras personas que se vieron afectadas en la misma zona, que se unieron a la medida que protege derechos fundamentales como el de seguridad personal, incluso el de la vida y la integridad personal.

El juez reconoció que en el centro médico donde laboraban no tenía garantías para ejercer medicina de una buena forma. Pero, se decidió que había que hacer la asignación de plaza nuevamente para terminar el año que se debe prestar de SSO según estipula la ley.

La Secretaría de Salud de Antioquia se pronunció ante el caso diciendo que la exoneración es muy estricta, ya que solo se presenta en dos oportunidades: cuando se padece una enfermedad catastrófica o cuando hay una situación de fuerza mayor frente al cumplimiento del servicio.

En cuanto a Casas y Lohle, “se analizaron sus argumentos y anexos, pero se determinó que no se cumplían estrictamente los supuestos de los eventos mencionados. Así, se les dio la libertad de volverse a presentar al sorteo para asignarles nuevamente una plaza”.

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Hay más casos

Usted más que nadie debería saber que en la vida la gente se muere, para qué va a viajar si su abuela igual se va a morir

A la hora de expresar situaciones cuestionables vividas en su ‘rural’, los médicos prefieren esperar a terminar su SSO o callar para que no se vea afectada la obtención de su tarjeta profesional, según la experiencia de Torres. Ya que, el miedo es un factor que afecta las denuncias, sumado con que hay quienes prefieren esconder las quejas.

Sin embargo, esto no implica que las problemáticas no existan. Federico*, por ejemplo, cree que el gobierno, al saber que la asignación es obligatoria, no le da la suficiente importancia al bienestar de los rurales ni cómo mejorar la situación de los centros de salud para el bien de la población y la tranquilidad del trabajador.

Esto, reflejado en situaciones que han conocido de otros profesionales. Natalia*, es la muestra de que el acoso laboral era extremo, ya que estaba obligada a cargar con un teléfono por el que la aban todas las personas que necesitaran atención médica sin importar el horario o el día de la semana. También porque recibía comentarios de sus jefes como: ‘¿Ya se va a ir?’, hay que esforzarse un poquito más’ o reclamos al pedir los días de descanso a los que tenía derecho.

En resultado de las largas jornadas y malos tratos por parte de la población por ser diagnosticada con covid, y convertirse en el primer caso de la zona, Natalia* empezó a tener síntomas depresivos y ansiosos.

Sin embargo, por temor de causar repercusiones mayores en su vida personal, como preocupar a sus padres, decidió automedicarse. Con el paso del tiempo, la situación empeoró, le tocó recurrir a especialistas y hasta hoy, tres años después, sigue con episodios de trastornos mentales.

En cuanto a la vida personal, Susana*, al saber que su abuela tenía un hematoma subdural y tomar la decisión de viajar a visitarla, por calamidad doméstica, recibió de su jefa: “Usted más que nadie debería saber que en la vida la gente se muere, para qué va a viajar si su abuela igual se va a morir”.

Por otro lado, a las fuentes les fue imposible no referirse a conocidos que han pasado por situaciones iguales o peores. El abogado Torres llegó a atender una persona que trabajó casi 300 horas sin un buen descanso y Susana* conoce a alguien que puso una colchoneta en uno de los salones del centro de salud y vivió ahí para poder atender a la población.

El Servicio Social Obligatorio es –para el ministerio– un elemento esencial que garantiza el derecho a la salud, especialmente para la implementación del modelo preventivo que se plantea con la reforma.

“Se aspira a que a futuro todas las profesiones del área de la salud presten su servicio como lo señala la ley”, agregó la entidad. Además, señalaron que están dispuestos a mejorar los aspectos que presentan inconvenientes, por los que está previsto realizar evaluaciones periódicas del proceso.

Pero por ahora, la historia de Casas y Lohle es solo una de las decenas que EL TIEMPO pudo documentar. Una muestra de las difíciles condiciones que deben enfrentar algunos médicos al realizar su ‘rural’.

*Nombre cambiado para proteger la identidad del entrevistado

Jimena Delgado

Escuela de Periodismo EL TIEMPO

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