Cada seis días se practica una eutanasia en Colombia

En Colombia se han realizado 178 procedimientos de eutanasia desde 2015 –año en que se establecieron las primeras normas para este procedimiento– hasta el 15 de octubre de este año, según lo revela la investigación ‘De muerte lenta’, realizada por los abogados Camila Jaramillo y Lucas Correa, del laboratorio de derechos económicos, sociales y culturales (DescLab), al cual tuvo EL TIEMPO.

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Según el análisis, esta estadística se contextualiza en el “derecho a morir dignamente”, un derecho emergente de creación judicial que goza de la protección jurídica en el país, a pesar de no estar taxativamente establecido en la Constitución Política de 1991 y de no existir una ley completa sobre este tema.

Sin embargo, agrega el informe, “no existe duda alguna sobre la existencia, exigibilidad y justiciabilidad de este derecho”.

De hecho, ante la falta de acción legislativa, ha sido el Poder Judicial, en cabeza de la Corte Constitucional, el encargado de consolidar y profundizar sobre este asunto, tanto que once sentencias de este tribunal y tres resoluciones del Ministerio de Salud han fijado las reglas, los procedimientos y las obligaciones de los actores del sistema sanitario nacional para garantizar “el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia”.

Aquí no sobra aclarar que el derecho a morir dignamente no es sinónimo de eutanasia, sino que existen varios mecanismos para su materialización, entre los cuales las personas pueden elegir según su voluntad y las posibilidades.

En concreto, para este efecto hay tres mecanismos disponibles que son completamente legales.

El primero de ellos son los cuidados paliativos, que integran un conjunto diverso de prestaciones médicas y asistenciales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas enfermas y sus familias a través de tratamientos integrales para atenuar el dolor, el sufrimiento y otros síntomas, sin dejar de lado los componentes psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales.

También está disponible la adecuación del esfuerzo terapéutico (AET), que permite interrumpir, desistir o limitar los procedimientos y tratamientos para que estos se enmarquen dentro de la proporcionalidad terapéutica y el proyecto de vida digna de cada persona, inclusive cuando de esta decisión se derive indirectamente el fallecimiento de los individuos.

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En esta categoría se encuentran, dice el informe, las decisiones referentes a las medidas de soporte vital como ventilación mecánica, la no reanimación en caso de un paro cardiorrespiratorio, entre otras.

Y el otro mecanismo es el de la muerte médicamente asistida (eutanasia), que es la ayuda provista por un profesional de la medicina para poner fin a la vida.

Sin embargo, en Colombia, a la fecha solo es legal la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia, dado que el suicidio médicamente asistido continúa siendo un delito. En este contexto es en el que se han realizado la totalidad de los procedimientos descritos.

El informe de DescLab incluye una encuesta hecha por Invamer en agosto de este año según la cual el 72,5 por ciento de las personas en Colombia están de acuerdo con la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando se experimente dolor físico y psíquico producto de enfermedades incurables.

Esta cifra es más alta en las ciudades capitales (76,5 por ciento) que en las no capitales (68,5 por ciento).

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En contraste, solo el 24,8 por ciento de la población está en desacuerdo con este procedimiento, con un porcentaje más bajo en las capitales (21,7 por ciento) con respecto a las no capitales (27,7 por ciento).

Por su parte, otra encuesta de Polimétrica da cuenta de que solo el 19 por ciento de la población en el país quiere que la eutanasia sea prohibida de forma completa, mientras que el 38 por ciento está a favor de su legalización total y el 37 por ciento permanece en una posición neutra.

Al revisar la distribución entre hombres y mujeres que han accedido a este procedimiento, se encuentra que están en proporciones relativamente balanceadas, ya que el 53,9 por ciento de ellos (96) corresponden al sexo masculino y el 46,1 por ciento, al femenino.

Con respecto a las edades, si bien desde el 2017 por orden de la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-544, se autorizó la práctica en menores, la totalidad de ellas hasta la fecha se ha realizado en mayores de 18 años. Con respecto a las edades específicas de las eutanasias realizadas, estas no se han dado a conocer de manera pública.

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El informe también detalla la distribución por tipo de enfermedad que padecían los solicitantes y referencia que 151 casos (88,2 por ciento) se realizaron en pacientes con enfermedades oncológicas (cáncer), y el 11,8 restante, en quienes padecían enfermedades no oncológicas.

Aquí vale la pena anotar que la concentración de estos procedimientos en personas con cáncer se ha mantenido en los últimos años; sin embargo, como consecuencia de la eliminación del requisito de tener una enfermedad en estado terminal (sentencia C-233 de 2021), se prevé que el número de eutanasias relacionadas con diagnósticos diferentes tenderá a aumentar.

El análisis de DescLab encontró que Medellín (Antioquia) es la ciudad donde más eutanasias se han realizado, tanto que los 89 procedimientos acumulados allí corresponden al 50 por ciento de la totalidad de los efectuados en el país. Le sigue Bogotá con 58 casos, que representan el 32,6 por ciento del total.

Llama la atención que si bien estas dos ciudades, que acumulan el 80 por ciento de todos los casos, hasta hace un tiempo presentaban proporciones similares en lo que va corrido del 2021, Medellín experimentó un crecimiento del 85,4 por ciento, al pasar de 48 eutanasias (con corte al 5 de marzo) a 89 (con corte al 15 de octubre de 2021). En el mismo lapso, Bogotá aumentó solo el 18,4 por ciento, pasando de 49 a 58 procedimientos acumulados.

El restante 16,3 por ciento de procedimientos eutanásicos han sido realizados en Cali, con 17 procedimientos (9,6 por ciento); en Pereira, con 12 (6,7 por ciento), y Cartagena y Manizales, con un procedimiento.

Ante esto, los autores del análisis dicen que es probable que sea más fácil acceder a la eutanasia en lugares más desarrollados con una red de prestadores “más madura y sofisticada y, por supuesto, lugares en donde el a la justicia y los medios de comunicación es mayor”.

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Con relación al tiempo promedio que tarda el sistema de salud para efectuar una eutanasia, se encuentra que al 15 de octubre el Ministerio de Salud lo reportó en 12 días. Sin embargo, en el informe se deja claro que mientras no se conozca el número de solicitudes elevadas por los ciudadanos, es prácticamente imposible conocer estos plazos reales.

Los autores dejan claro que después de más de dos décadas de sentada la jurisprudencia constitucional y tras más de seis años de definir las rutas para practicar el procedimiento eutanásico, existen barreras que dificultan el proceso e impiden la proyección de este derecho establecido. En este sentido, se detallan once obstáculos “que van desde las fallas generalizadas en el sistema de salud hasta la falta de previsiones personales y familiares sobre la muerte digna en directivas anticipadas”.

Entre ellas se destacan, por ejemplo, la negativa de algunos profesionales e instituciones de salud a recibir las solicitudes específicas con los argumentos –en algunos casos– de no estar de acuerdo, de carecer de competencia o que deben remitirse a otros sitios.

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También se encuentran los retrasos injustificados en las respuestas a las solicitudes por parte de médicos, hospitales y aseguradoras que terminan incumpliendo el tiempo reglamentado para tal fin, que de acuerdo con la resolución 971 del 2021 está definido en máximo diez días calendario.

Otra barrera es la falta de respuestas, o respuestas incompletas a las solicitudes, muchas veces sin razones que justifiquen este proceder; también están el uso inconstitucional de la objeción de conciencia para obstaculizar el derecho, la imposición de cuidados paliativos y otros tratamientos y procedimientos como prerrequisitos para atender la solicitud, sin dejar de lado la carencia de rutas que orienten a todos los actores del sistema sanitario en este campo para agilizar los trámites, el sometimiento a diferentes formas de maltrato, lo mismo que la deficiente formación de los profesionales para garantizar el derecho, entre otros.

La Corte Constitucional rechazó por improcedente una petición del Ministerio de Salud para aclarar el fallo que amplió la eutanasia a pacientes terminales sin inminencia de muerte y le llamó la atención por poner en duda el cumplimiento de este por falta de notificación, dado que era vigente desde el día siguiente de su emisión.

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“La petición no satisface la carga argumentativa (...). El Ministerio de Salud no logra evidenciar una duda de esta naturaleza y presenta argumentos dirigidos a controvertir la decisión, a reabrir debates interpretativos o a efectuar consultas generales, aspectos ajenos al ámbito de aclaración de sentencias”, dijo la Corte, que además ratifica en el auto las sentencias emitidas en torno a la eutanasia y las delegaciones que en términos prácticos le ha hecho a Minsalud para garantizarles este procedimiento a los solicitantes en armonía con las normas vigentes.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Editor de Salud de EL TIEMPO 

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