Gobierno deberá reajustar el cálculo de la UPC: ¿qué tan factible es la orden de la Corte y cuál es su impacto?

Durante la mañana del 28 de enero, la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general del Gobierno frente a la suficiencia del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que financia los servicios de salud de los colombianos afiliados al sistema de aseguramiento.

La medida se toma a pocos días de que se conociera el nuevo valor del rubro para 2025 adaptado a la inflación y que, según analistas del sector, es insuficiente para suplir la crisis financiera que atraviesa el sistema. 

El valor, que se ajustó a 5,3 % para este año, ha sido rotundamente criticado por distintos actores. Es más, un análisis de la Andi asegura que este monto abre un hueco financiero en el sistema de casi 10 billones de pesos. 

En su decisión, el Alto Tribunal ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social corregir el cálculo de la UPC para 2024 y modificar la metodología para definir su valor en 2025 y vigencias futuras. Esta medida responde al incumplimiento de la orden previa de equiparar la UPC del régimen subsidiado en un 95 % con la del contributivo, una meta que desde 2022 presenta un rezago del 13,02 %.

Para garantizar la suficiencia del financiamiento del sistema de salud, la Corte estableció que el Gobierno debe crear una mesa de trabajo con actores del sector salud para revisar la UPC de 2024.

En este espacio se deberá analizar el rezago acumulado desde 2021 y definir la metodología para su actualización, asegurando que su ajuste refleje las necesidades reales del sistema. Además, se ordenó reajustar el cálculo de la UPC para 2025 y años siguientes, con el fin de evitar nuevos déficits en la financiación del sistema de salud.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda deberá garantizar los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla con los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008, que establece la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

A pesar de que el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha señalado en múltiples oportunidades que está dispuesto a reunirse con todos los actores del sector sanitario para volver a calcular el valor del rubro o para encontrar más fondos que puedan sostener financieramente al sistema, lo cierto es que no todos los expertos son tan optimistas. 

Dados los estados financieros actuales de las EPS (que han presentado múltiples irregularidades), son muchos los especialistas que consideran que, sin una auditoría forense a estas entidades, es imposible calcular un valor real para este concepto. Incluso el director de la Adres, Félix León Martínez, le dijo a EL TIEMPO que le parecía un proceso "muy complejo". 

Martínez, le explicó a este diario que dicha re-evaluación del rubro es un proceso muy complejo dado que existe un impedimento legal para volver a considerar el valor.

"Existe un comité y un procedimiento legal para definir el cálculo. Este año, para la UPC se hizo una revisión de la información que presentaron las EPS y el Ministerio no la encontró razonable y tampoco estaba debidamente sustentada. Conciliar un valor es un proceso muy complicado y no sabría cómo lo van a hacer", señaló el director de la Adres. 

Por su parte, Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes asegura que desde un punto de vista técnico sí es posible realizar el ajuste, ya que la metodología de cálculo de la UPC se basa en modelos actuariales que pueden ser actualizados con nueva información y supuestos de costos. Sin embargo, manifiesta que desde una perspectiva fiscal y operativa, el reto es considerable.

"El principal obstáculo es la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Si bien el ajuste podría reflejar mejor los costos reales de la atención en salud, su implementación depende de la disponibilidad de recursos en el presupuesto nacional", explicó. 

Y manifestó que el hecho de que el director de la Adres mencione dificultades se debe a que las EPS ya enfrentan una crisis financiera con altos niveles de deuda y pasivos crecientes. "Un ajuste que incremente el gasto sin una fuente de financiamiento clara podría desestabilizar aún más el sistema", dijo Hernandez a EL TIEMPO.

Para el experto, para 2024 un reajuste inmediato es complejo, dado que ya se definió el presupuesto del año. Para 2025, hay mayor margen de maniobra, siempre que se definan fuentes de financiación adicionales o se realicen redistribuciones dentro del gasto en salud.

Sin duda el pronunciamiento de la Corte podría tener un impacto en la estabilidad financiera de las EPS y en la sostenibilidad del sistema de salud. La insuficiencia de la UPC ha sido una de las principales causas de la crisis que enfrentan varias aseguradoras, lo que ha afectado la prestación de servicios a los pacientes y s. 

De acuerdo con Hernandez habría una mayor sostenibilidad para las EPS. "Un aumento en la UPC permitiría a las EPS contar con recursos más acordes con el costo real de la atención, lo que podría mejorar la liquidez y reducir el riesgo de quiebra", indicó. 

También manifestó que un financiamiento adecuado podría traducirse en mejores coberturas y atención oportuna para los afiliados. Adicional, con el cumplimiento de la sentencia se evita un conflicto legal y posibles sanciones al gobierno por incumplimiento. 

"El Gobierno nacional no ha querido reconocer que la UPC es insuficiente porque la decisión política es de acabar con las EPS, este llamado de la Corte aporta una decisión más realista", dijo. 

Gremios de las EPS, los movimientos de pacientes y otras voces del sector, esperan que con esta decisión el Gobierno adopte medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro del sector y garantizar la continuidad en la atención en salud de millones de colombianos.