Mansión y carros de alta gama hicieron caer a Pablo Ardila

En la calle 86 del Paseo de Gracia, la policía de Barcelona (España) veía con frecuencia a Pablo Ardila Sierra conduciendo autos de alta gama.

Ya sabían que, cerca de la playa queda el consultorio de su esposa, la reputada cirujana Luisa Plata, y cuadras más adelante, la suntuosa mansión del colombiano, que algunos decían le había negociado a un exjugador del Barça por varios millones de euros.

Con una amplia chequera y amparado en el apellido catalán de su abuela paterna (Casamitjana), el polémico y poderoso político, de 52 años, había logrado encajar en un pequeño círculo empresarial y social.

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Pero los ingresos que el exgobernador de Cundinamarca le estaba reportando al fisco desde hacía 10 años, cuando llegó a Cataluña, no cuadraban con su ostentoso tren de vida; pero sí con las denuncias que, desde hacía dos años y con paciencia venía haciendo una de sus exempleadas colombianas.

La mujer, cuya identidad las autoridades protegen, entregó pistas sobre movimientos de dinero que Ardila ingresaba a España y supuestas agresiones a su personal que, junto con sus antecedentes, lo pusieron en la mira de las autoridades.

La policía catalana empezó por preguntar por los procesos por los que Ardila estuvo preso, y siguió con el rastreo a varios movimientos de dinero que pasaban incluso por una empresa en Panamá.

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En enero de 2019, cuando su padre Jaime Luis Ardila Casamitjana murió en Barcelona, se registraron varias de las transacciones que estaban bajo la lupa. De hecho, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, confirmó que a través de la Interpol se aportó material clave, que condujo a su captura el 5 de mayo por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra hacienda pública, delitos contra el medioambiente y delitos contra la seguridad vial.

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“Al parecer, exempleados entregaron información a la Policía de Barcelona sobre presuntas irregularidades en el ingreso migratorio de personal al servicio de Ardila y en sus finanzas”, confirmaron fuentes enteradas del caso.

Ya estando en España, Ardila intentaba monetizar varias propiedades, entre ellas los lotes denominados La Esmeralda y Boca del Pantano, y los predios La Torquita y El Manantial, más de 166 fanegadas de terreno, avaluado en 125.000 millones de pesos.

Además, su familia había vendido un apartamento en el Time Warner Center de Nueva York, avaluado en 6 millones de dólares (que en Colombia nunca se rastreó), y su mansión en Bogotá, que quedó en manos de un petrolero.

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En esta última era donde tenía las cabezas de elefantes y rinoceronte disecados, medio cuerpo de una jirafa y un cuerpo completo de un leopardo, entre otros animales salvajes que decía haber cazado.

De hecho, no se descarta que los delitos contra el medioambiente que le endilgan en España estén relacionados con la tenencia de animales y pieles que en Colombia solo llamaron la atención, al igual que sus relojes Patek Philippe, Rolex y Cartier y el polígono para afinar su puntería.

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La Fiscalía en Colombia investigó a Ardila por un presunto incremento de su fortuna injustificado, superior a los 1.500 millones de pesos. Por ese caso estuvo en la cárcel La Picota, desde el 27 de diciembre de 2007 hasta el 10 de septiembre de 2010. Sin embargo, se le revocó la medida de aseguramiento.

Pero tenía otros procesos en marcha: la Fiscalía sostenía que la participación del exgobernador en la explotación de unas minas en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, tuvo inconsistencias, al igual que en un convenio con la Universidad de Cartagena para diseñar unos sistemas de riego de agua en tres municipios.

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En ese entonces, Ardila echó mano de dos reputados penalistas e incluso logró que el Tribunal istrativo de Cundinamarca indemnizara a su padre y a su esposa, Luisa Plata, por “perjuicios materiales” que tuvieron tras su detención: obtuvieron 43 millones de pesos. Ardila también buscó que el Estado lo indemnizara con 3.961 millones de pesos por haber estado privado de la libertad. Pero no tuvo suerte.

Ahora se encuentra recluido en el centro penitenciario de Brians 1, en Cataluña, desde donde intenta librarse de los cargos, que le podrían significar varios años de cárcel. Allegados en Colombia al exgobernador intentaban conocer detalles de las acusaciones, que en esta ocasión implican incluso un posible caso de abuso sexual.

EL TIEMPO intentó comunicarse con la familia de Ardila, en Barcelona, para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta edición no había sido posible.

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