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El rastro del millonario robo a plata de la paz y lo denunciado por Archila

Indagan a Álvaro Ávila, secretario del OCAD Paz. Se habla de cobro de coimas por aprobar proyectos.

Emilio Archila, exalto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación y Álvaro Ávila Silva, exdirector del Sistema General de Regalías del DNP. Foto: Archivo particular

05.07.2022 11:09 Actualizado: 05.07.2022 11:13

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Medio billón de pesos. A eso podrían haber llegado las coimas que se les habrían pedido a municipios para que se les aprobara la ejecución de proyectos del Programa para Enfoque Territorial (PDET), respaldados con dinero de las regalías.

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La denuncia llevó a Emilio Archila, el exalto consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación a emitir un pronunciamiento en el que ite que recibió comunicaciones, según las cuales, "a algunos alcaldes se les cobraba una especie de 'peaje', pues se les exigía dinero a cambio de que esos proyectos ya presentados a la Secretaría Técnica DNP obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria".

Trabajé preventivamente para evitar corrupción y que, si se presentaba la denunciáramos. De todo lo que conocí pedí investigaciones. Solicité medidas, unas urgentes y otras correctivas, que se adoptaron por la nueva directora del DNP. pic.twitter.com/9tMDI27MaI
— Emilio José Archila (@EmilioJArchila) July 4, 2022

¿Qué denunció Archila?

Esta es la compulsa de copias de la Contraloría por la denuncia anónima de Ocad Paz. Foto:EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y estableció que Archila trasladó tres denuncias a los organismos de control, "para que se adelantaran las actuaciones a las que hubiere lugar".

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En una de ellas se asegura que desde la Secretaría Técnica de la Dirección Nacional de Planeación, dos funcionarias "llamaban directamente y a través de emisarios" a presionar para imponer al contratista de proyectos del Órgano Colegiado de istración y Decisión (Ocad PAZ) aprobados.

La denuncia anónima agrega. "Si no aceptamos, dicen que no asignarán los recursos (...) ¿Hasta cuándo la extorsión de estas señoras (...) Son más de 16 proyectos a punto de ser liberados".

Los organismos de control le dieron trámite al traslado de la denuncia, fechada el 9 de mayo de 2022, días después de la salida de Archila del Gobierno.

Sin embargo, en su comunicación, el exalto funcionario señala: "Como fue mi solicitud con la nueva directora del DNP, la persona que fue objeto de una de las denuncias fue retirado de sus responsabilidades".

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EL TIEMPO buscó a Archila para establecer si alguna de las dos funcionarias que aparecen en la denuncia que él remitió, fue la removida, pero no ha respondido. Sin embargo, en bases de datos oficiales consta que una de ellas ya salió del DNP pero la otra permanece en el cargo.

Las otras denuncias

Este caso ya está siendo investigado e incluso la Contraloría había generado unas alertas sobre varios proyectos de Ocad 56, que no fueron tomadas en cuenta por quienes aprobaron los proyectos.

Archila también trasladó una denuncia sobre el manejo que se le dio al Ocad Paz 56. Este es uno de los temas que abordó Blu Radio, cuando reveló las indagaciones en torno al cobro de las coimas, que según la emisora, salpicaría a altos funcionarios del DNP.

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Este caso ya está siendo investigado e incluso la Contraloría había generado unas alertas sobre varios proyectos de Ocad 56, que no fueron tomadas en cuenta por quienes aprobaron los proyectos. Ese ente de control también presentó una denuncia a la Fiscalía por otra de las quejas que Archila envió a los organismos de control. Y ese es el tema más grueso.

Denunciante falso pero...

Esta es la denuncia anónima presentada ante los organismos de control. Foto:EL TIEMPO

La denuncia llegó a nombre de Carlos Saldarriaga. Y si bien el ciudadano ha manifestado que los suplantaron, la información que contiene el documento coincide con la que llevó a Archila a pedir ajustes en el DNP.

La denuncia, que data del 7 de octubre de 2021, habla que desde la secretaría técnica del Ocad Paz, a cargo de Álvaro Ávila Silva, se elegían los proyectos sin priorización alguna.

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Además, que alcaldes del sur del país habrían denunciado que les exigían coimas del hasta un 15 por ciento del costo del proyecto para que este fuera aprobado. Allí se mencionan a dos congresistas (uno de la costa y otro de Risaralda) que estarían articulando los cobros o peajes.

EL TIEMPO ha intentado ubicar a Ávila Silva, para conocer su versión sobre las denuncias. Pero no ha sido posible y desde el año pasado ya no está en Planeación Nacional. La Procuraduría tiene abierta una indagación sobre el tema, según reveló Blu Radio.

El aspirante a contralor, Aníabl José Quiroz, aclara situación jurídica. Foto:Redes sociales de Aníbal José Quiroz

El contralor delegado para las regalías, Aníbal Quiroz -a quien se menciona en la denuncia-, le dijo a EL TIEMPO que el organismo ejerce un control previo en el sentido de revisar los proyectos y conceptuar si tienen repartos porque falten estudios, o porque haya desfases en los precios. Pero fue enfático en que eso no significa que los proyectos con reparos no se aprueben.

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Por el contrario, dijo que muchos sobre los que la Contraloría ha advertido posibles fallas fueron aprobados y posteriormente, en el seguimiento que se les hizo a los mismos, el órgano de control identificó riesgos para los recursos públicos allí invertidos.

Hoy hay alrededor de 60 proyectos que tuvieron una inversión de 165.000 millones de pesos “que están en investigación por posibles detrimentos, cosas que habíamos advertido antes y que terminaron enredados en sobrecostos”.

La denuncia de la Contraloría

El propio contralor general, Carlos Felipe Córdoba; así como sus delegados, Aníbal Quiroz, y Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, radicaron la acción por injuria y calumnia.

En el documento en el que se denuncian coimas para la aprobación de proyectos con dinero de regalías se asegura que en dos dependencias de la Contraloría, la delegada de regalías y la del posconflicto, también estarían poniendo trabas a proyectos que cumplen requisitos para privilegiar otros.

EL TIEMPO estableció que estas afirmaciones llevaron a la entidad a interponer una denuncia, en la que niegan los señalamientos y explican la labor que cumplen.

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Según los funcionarios, mediante denuncias anónimas "se quiere empañar la labor que por competencia está adelantando la CGR y enlodar con mentiras y falacias el actuar de sus funcionarios, afirmando, entre otros hechos, que de este ente de control han citado a alcaldes para ayudarlos".

Tanto Quiroz como Gualdrón son candidatos a contralor general.

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