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UNGRD: las reuniones que tienen a esposo de congresista Karen Manrique en la mira de la Fiscalía

El ente acusador llamó a interrogatorio al asesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo.

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Unidad Investigativa

14.01.2025 15:23 Actualizado: 02.02.2025 19:20

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La versión según la cual la Corte Suprema de Justicia no ha recibido testimonios clave que reposan en el expediente que cursa en la Fiscalía por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tuvo efectos inmediatos.

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Aunque ninguna de las entidades confirmó el tema, la Fiscalía anunció el pasado 14 de enero que trasladó una ampliación de interrogatorio hecha al exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla quien entregó nuevos elementos materiales probatorios. Además, señaló que investigará la posible implicación del esposo de la congresista Karen Manrique Olarte, una de las investigadas por el saqueo.

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El poderoso contratista

En efecto, ese fue otro de los anuncios que hizo la Fiscalía que, además, aseguró que escuchará en interrogatorio a Jaime Ramírez Cobo, asesor estrella del DAPRE; y a la también asesora, pero de la cartera de Hacienda, Andrea Ramírez.

El esposo de la congresista es Gustavo González Ruiz quien, según el ente acusador, estaría implicado en las conductas por las que se indaga a su pareja, quien llegó al Congreso a través de una de las curules de paz por el departamento de Arauca.

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EL TIEMPO investigó y estableció que aunque González Ruiz y la representante a la Cámara no tienen matrimonio inscrito comparten bienes y ahora expediente.

A nombre de la congresista figuran dos lotes en la vereda Puerto Rondón, en Arauca, que aparece negociando en 2017. Uno de estos se lo compró a Gustavo González Ruiz.

Sin embargo, no son los bienes los que tienen a su esposo bajo la lupa sino varias reuniones con funcionarios de la UNGRD en municipios de Arauca.

'No es una sorpresa'

EL TIEMPO estableció que Pinilla entregó detalles de reuniones en las que se habló de la asignación de jugosos contratos de maquinaria amarilla para hacerle frente a la ola invernal de finales de 2023.

Se habla de contratos en Arauca, Arauquita y Tame, por temas de inundaciones del río Bojabá.

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"No es una sorpresa ni para Karen Manrique ni para su esposo ni para la defensa que lo hayan mencionado. El señor Olmedo López y Sneyder Pinilla ya los habían amenazado. Como no han logrado principio de oportunidad, están haciendo puntos con mentiras", le dijo a EL TIEMPO el penalista Andrés Garzón, apoderado de la pareja.

Los contratos de González Ruiz

Maquinaria amarilla para Santa Marta — Maquinaria amarilla. Foto:Archivo particular

Y agregó que la comunidad y del gobierno Petro tienen una explicación clara sobre esas reuniones. Además, que esos contratos de maquinaria amarilla no tienen relación con las empresas que ha tenido el esposo de la congresista.

Este diario investigó y estableció que figura como socio de la firma Grucori SAS, junto con otro empresario de la región: Óscar Alberto Miranda. Con esa firma le aparecen contratos con alcaldías de Arauca y Casanare.

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Además, figuró como representante legal del Consorcio Construhabitat Rural Arauca, que adelantó proyectos de construcción de viviendas de interés social en Arauca.

Lo que enreda a Manrique

Karen Astrith Manrique. Foto:@KarenManriqueO

En cuanto a Manrique, una declaración de Olmedo López señala que de puño y letra le escribió los municipios en los cuales se iban a direccionar los presuntos contratos con dineros del saqueo de la entidad, los cuales tendrían valor por 92 mil millones de pesos.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Los municipios eran Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar. De acuerdo con el expediente en la Corte, que reposa en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, la congresista junto con los parlamentarios Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, son investigados por el presunto delito de cohecho impropio, pues habrían aceptado emitir conceptos de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de supuestas dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.

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