Gobierno emite decreto para acabar con contratos temporales y a término fijo en las universidades públicas

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, y con el aval del Ministerio de Trabajo, expidió el decreto 0391 del 1 de abril de 2025, con el que se busca que todas las instituciones de educación superior (universidades e institución técnicas y tecnológicas) de carácter público estén obligadas a implementar, de manera progresiva, un Plan de Formalización Laboral tanto para sus docentes como para el resto de la planta istrativa.

En otras palabras, se busca que en unos años, todas las universidades públicas dejen de tener contratos temporales o a término fijo, sino que todos sus profesores y demás trabajadores tengan contratos de planta, con todos los beneficios que esto implica.

Con esto, se pretende acabar en estas instituciones con los cargos a término fijo o temporales, para que los istrativos, así como los profesores, puedan iniciar carrera de planta en el sector público. Con esto, los trabajadores recibirían las condiciones de cualquier empleado del estado, mientras que los docentes que sean vinculados de planta recibirán las condiciones del decreto 1279 de 2002, incluyendo el sistema de ascenso, las bonificaciones por puntos, primas y demás beneficios.

Así lo explicó el ministro de Educación Daniel Rojas: "Tenemos completamente claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes, que tienen incluso estudios de posgrado y están siendo maltratados en su dignidad laboral. Así le cumplimos a las y los trabajadores de la universidad".

De acuerdo con la entidad, el decreto busca responder a los reclamos de las universidades estatales, así como dar cumplimiento a lo acordado en el año 2018 luego del paro estudiantil y profesoral que duró varios meses.

Así las cosas, la nueva norma establece que cada institución deberá realizar una planificación estratégica de su planta de personal, en el marco de su autonomía, pero “orientada a la equidad y la justicia laboral”.

"Respetamos plenamente la autonomía universitaria, pero como Gobierno invitamos a todas las instituciones a dar el paso hacia la dignificación laboral de sus docentes y istrativos. La calidad de la educación superior solo puede ser de excelencia si quienes la hacen posible cuentan con condiciones dignas, justas y estables" puntualizó el Ministro Rojas.

El decreto establece un plazo de 12 meses a partir de la expedición del mismo para que (en el marco de su autonomía) estructuren Planes de Formalización Laboral y empiecen de manera inmediata con la vinculación laboral del personal.

De esta manera, cada institución deberá garantizar que estos planes avancen mínimo en un 40 por ciento para el 21 de diciembre de 2026, y el 80 por ciento al 31 de diciembre de 2027.

También se establece que estos planes deben contar con la participación obligatoria de los sindicatos. Otra condición es que la provisión de los empleos de carrera se haga mediante concurso de mérito.

Es cierto que a menudo las universidades utilizan modelos de contratación temporal, de hora cátedra o a término fijo con el fin de reducir sus gastos, dado el alto coste que implican docentes de planta por el régimen que los rige.

Esto ha llevado a muchos docentes, la mayoría de ellos con posgrados y carga laboral alta, a estar en desventaja con sus colegas contratados por planta, en términos de estabilidad laboral, bonificaciones y crecimiento. De ahí que este haya sido un tema recurrente de marchas y protestas.

Sin embargo, varias voces advierten que el impacto fiscal de esta medida sería muy alto, en especial para un sector de la educación superior que, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), arrastra un billonario déficit financiero.

De esta forma, casos como el de la Universidad de Antioquia (que hoy atraviesa por una de sus peores crisis financieras en décadas) plantean serias dificultades para que las instituciones puedan incrementar de manera significativa su gasto de nómina.

Organizaciones de todo tipo ya advierten el riesgo. Tal es el caso del Observatorio de la Universidad Colombiana: “Por cada profesor de planta en las IES públicas contratado a término indefinido, hay 3 que son ocasionales y con contrato a término fijo. Además, hay casi 9 mil catedráticos. Formalizarlos (léase, mejorar sus condiciones laborales) demandará gigantescos recursos que, en las condiciones fiscales actuales de Gobierno e IES públicas, no será posible cumplir”.

El Gobierno, por su parte, no detalla en el articulado del decreto nuevas fuentes de financiación, sino que descarga la carga financiera de estas nuevas contrataciones en recursos ya existentes y recursos propios que logren las universidades.

Todo esto pondría en aprieto a unas universidades que ya se sienten asfixiadas por su situación fiscal. No obstante, la mayor parte del sector parece ver necesario este proceso de formalización, pero para coumplirlo empezaría a reclamar más recursos del Gobierno Nacional y los gobiernos locales dado que sus gastos de funcionamiento se verían disparados. Una situación compleja en un escenario de recortes presupuestales y dificultades de gasto del Estado.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Subeditor Educación - Vida