Detalles del fallo por el relleno sanitario Doña Juana; sólo irá hasta 2024

Los bogotanos no tendrán que pagar la billonaria cifra que CGR, el operador del relleno sanitario Doña Juana, pretendía con el argumento de una supuesta insuficiencia tarifaria desde el principio del contrato de concesión.

Un tribunal de arbitramento promovido por el mismo Centro de Gerenciamiento de Residuos, que tiene la concesión desde 2010, desestimó muchas de los argumentos y redujo las aspiraciones de 1,2 billones de pesos a apenas 65.000 millones.

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Pero, además, dejó claro que la concesión termina en el momento que se cope la capacidad del área autorizada en la licencia ambiental de 2014. Es decir, en 2024, como lo decía la misma Alcaldía Mayor y la Uaesp (Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos), el organismo que istra los servicios de aseo, recolección de basuras y alumbrado público en Bogotá.

Así, según una fuente cercana al proceso del litigio, el operador del relleno no podrá continuar, con la estrategia prolongar la vida útil del relleno, solicitando consecutivamente nuevas licencias ambientales. Con ese fin, de hecho, estaba tramitando una ante la CAR.

En este punto, la Uaesp había pedido en su contrademanda que se diera por terminado el contrato y argumentaba un incumplimiento. No obstante, los árbitros no lo consideraron así; por el contrario, indicaron que hubo incumplimientos de ambas partes y que el relleno ha estado operando.

Frente a la histórica decisión, la alcaldesa Claudia López señaló que “CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya. Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían, ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024. El principio del fin del relleno Doña Juana empezó hoy”.

También dijo que “los bolsillos de todos los bogotanos, la salud de los bogotanos del sur y el #POTBogotáReverdece han ganado”. Esto en referencia a la posibilidad de que la ciudad hubiera sido condenada a pagar la billonaria cifra que pretendía CGR.

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La indemnización por 65.000 millones de pesos que la ciudad tendrá que pagarle al operador es por las pretensiones de este de costos e inversiones en las que, supuestamente, había incurrido entre 2014 y 2018, cuando la CRA autorizó un aumento de las tarifas. Con el laudo arbitral, de 1342 páginas, el operador CGR buscaba retroactividad desde 2010.

Esto, según una fuente que pidió no dar el nombre, es por el “desequilibrio que generaron las tarifas contractuales” por disposición final y de lixiviados, que son diferentes a las de los s.

El tribunal de arbitramento también se pronunció sobre la planta de tratamiento de lixiviados, un punto que ha enfrentado a la Uaesp y a CGR.

La entidad distrital ha indicado que hay incumplimiento con la construcción y que por eso los vertimientos al río Tunjuelo no han cumplido con todos los parámetros de la licencia.

Pero el operador ha afirmado que sí y que la planta se encuentra en la segunda de tres fases y cumple con 50 de 55 parámetros.

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No obstante, en este aspecto, la interpretación de la alcaldía es que el laudo no le generó al operador la obligación de construir la planta, como sí lo había hecho un primer tribunal en 2018, promovido en 2015 también por CGR en contra de la Uaesp alegando que no tenía la obligación de realizar esas inversiones, que se estimaron en 150.000 millones de pesos.

No obstante, una fuente dentro del proceso le dijo a este diario que se había declarado la nulidad de la cláusula respectiva en el contrato debido a que no estaba soportada en estudios técnicos. Pero que eso no indicaba que el operador no tuviera la obligación de seguir cumpliendo con las resoluciones ambientales de vertimientos y que la planta se tendrá que construir con una nueva licencia más adelante.

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Si bien la alcaldesa y su equipo jurídico se disponen ahora a analizar “exhaustivamente” el laudo arbitral, para establecer cada una de las posibles implicaciones para la ciudad y la contraparte, lo que sí es claro es que se solicitará al tribunal una aclaración del fallo.

En efecto, el secretario Jurídico, William Mendieta, dijo anoche que, con ese fin, el tribunal citó para el 21 de abril a una audiencia.

La idea es, según Mendieta, preguntar si se respetó el lado arbitral y la seguridad jurídica para las partes, o si el tribunal resolvió sobre una controversia contractual o tarifaria.

Para elevar esta solicitud, la istración Distrital tiene un plazo de cinco días hábiles, y los árbitros deberán responder antes del 25 de abril, fecha en la que se cumple el término máximo para pronunciarse frente al litigio.

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Además de la solicitud de aclaración del laduo arbitral que se espera presenten tanto la Uaesp como CGR ante el tribunal de arbitramento, las partes tienen la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de anulación del fallo ante el Consejo de Estado. Sin embargo, en este caso se deben cumplir unas condiciones muy específicas.

En la licitación de la operación del relleno sanitario, realizada en 2010, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) ganó la licitación porque ofreció un descuento del 10 por ciento sobre la remuneración, lo que le dio una ventaja sobre los otros dos proponentes. Sin embargo, poco después de iniciado el contrato empezó a reclamar por los costos de la operación y las tarifas.

El tribunal de arbitramento fue conformado en 2019 y solo hasta julio de 2022 las instancias definieron los nombres de los árbitros principales, así fue como quedaron Luis Arturo de Brigard y Alberto Yepes, egresados de la Universidad del Rosario, y Rodrigo Antonio Durán, del Externado.

REDACCIÓN BOGOTÁ