Así fue el 'turbio negocio' del lote en exclusivo sector de Medellín que denunció Fico

Uno de los nueve casos que denunció este lunes el alcalde Federico Gutiérrez —relacionados con presuntos hechos de corrupción durante la istración de Daniel Quintero en Medellín— tiene que ver con el "turbio negocio" en el megalote de Aguas Vivas, entre Las Palmas y El Poblado, por posibles irregularidades en la devolución del predio que había sido adquirido por la istración distrital hace cinco años. 

"Un lote al parecer mágico, que pasó de valer 2.711 millones de pesos a 48.234 millones de pesos. Se valorizó en un 1.700 por ciento", empezó por señalar Gutiérrez. La historia tiene su origen en 2019 cuando la alcaldía de Medellín recibió el terreno a través de un contrato de cesión del suelo por obligaciones urbanísticas. 

Quienes cedieron el predio de 146.000 metros cuadrados, a través de una escritura pública firmada el 27 de diciembre de 2019 en la Notaría 19 de Medellín, fueron las sociedades Técnicas Constructivas S.A.S. e IDC Inversiones S.A.S. y el señor Juan Manuel Villegas Márquez.

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Según el documento, los cedentes se obligaron a transferir al municipio, a título gratuito e irrevocable, el derecho de dominio y la posesión material de inmueble. El valor del avalúo catastral quedó registrado en 2.711'582.000 pesos en papeles. 

Gutiérrez explicó que en ese momento el lote —que desde el 2014 había quedado por fuera del comercio luego de ser incluido como espacio público en el Plan de Ordenamiento Territorial— entró al banco de tierras de la alcaldía de Medellín.

"En el año 2020, ya con la nueva istración, empiezan las presuntas irregularidades. El secretario de Gestión y Control Territorial en septiembre de ese año ordena realizar un avalúo del lote. Esto no tendría por qué ocurrir en un predio que ya es propiedad de la alcaldía", explicó el mandatario.

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El resultado del nuevo avalúo arrojó que el lote costaba, un año año después del traspaso, 48.234 millones de pesos, es decir, un 1.679 por ciento más que el avalúo catastral que se registró en la escritura.

Gutiérrez señaló que luego de tres meses los particulares que entregaron el lote solicitaron el reconocimiento y pago del valor del predio a través de una audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.

En los documentos del trámite se explica que los cedentes alegaron que, al momento de firmar la escritura, no estaban desarrollando actividades económicas que los hiciera responsables de cumplir con obligaciones urbanísticas. Además, indicaron que según la normativa la figura no debió ser la cesión sino la enajenación voluntaria en la cual el municipio debió pagar un valor convenido.

El mandatario Gutiérrez explicó que, una vez llegó la solicitud de conciliación a la alcaldía, el concepto que entregó uno de los abogados de carrera fue negativo. "Sin embargo, en noviembre de 2021, el comité de conciliación (...) ignora el concepto del abogado de carrera y decide aprobarle el pago al particular por 40.509 millones de pesos", apuntó.

A pesar del acuerdo conciliatorio, en diciembre de ese año el Tribunal istrativo de Antioquia negó el trato celebrado entre las parte debido que resultaba lesivo para el patrimonio público, no contaba con las pruebas necesarias para respaldar el reconocimiento patrimonial y no versaba sobre derechos económicos disponibles por las partes.

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El auto fue apelado por las partes y pasó a segunda instancia en el Consejo de Estado. "Paradójicamente, la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público apela la decisión del Tribunal, en contra de los intereses del Distrito. ¿Subsecretaria de Protección o de Desprotección de lo Público?", cuestionó Gutiérrez.

En septiembre de 2022 la sección tercera del Consejo de Estado, con ponencia del consejero José Roberto Sáchica, confirmó el auto de primera instancia del Tribunal istrativo de Antioquia y rechazó el acuerdo entre las partes.

"La conciliación que se propone, además de que no tiene nada que ver con la cesión que fue instrumentada en la escritura pública 5762 del 27 de diciembre de 2019 de la Notaría 19 del Círculo Notarial de Medellín, tiene como propósito sustituir, alterar y, hasta obviar, un procedimiento ya fijado en la ley, aspecto sobre el cual está comprometido el ejercicio de prerrogativas de poder de la istración pública, asunto que no es susceptible de ser conciliado", se lee en el auto.

Un mes después, en octubre de 2022, el subsecretario de Ejecución Contractual de la alcaldía de Medellín, Fabio García, ordenó mediante una resolución terminar unilateralmente el contrato de cesión gratuita de suelo recepto de obligaciones urbanísticas que había sido firmado en 2019 y devolvió el predio a sus anteriores propietarios.

"El resultado de esta historia es que un particular fue presuntamente favorecido con una valorización que hizo la misma alcaldía: de 2.711 millones de pesos a 48.234 millones de pesos. Y un último dato: el privado al que se le devuelve el lote en estas condiciones, es el contratista al que también le adjudicaron las obras de la Biblioteca España", puntualizó Gutiérrez sobre este caso.

En efecto, EL TIEMPO estableció que la firma IDC Inversiones S.A.S. recibió a principios de 2022 un millonario contrato por 28.075 millones de pesos para la reparación de la biblioteca en la comuna nororiental de Medellín.

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El contrato ha sufrido seis modificaciones que adicionaron más de 16.701 millones de pesos y ampliaron el plazo de ejecución a 28 meses —incialmente eran 12 meses—. El último cambio se dio el pasado 20 de diciembre y la inyección de nuevos recursos, por 7.551 millones de pesos, se argumentó por el pago de mayores cantidades de ítems contractuales, obra extra y reajustes en los pagos.

Sobre este caso, el exalcalde Daniel Quintero le dijo a EL TIEMPO que "Fico la recibió 'gratis' en un negocio ilegal que obligaba a la alcaldía a ofrecer el lote como obligación urbanística y darle el resultado de la venta al propietario inicial. Un juez declaró ilegal el negocio y se le devolvió al dueño. Se enviaron copias a la procuraduría para investigar el caso. El lote no se compró".

Vale la pena mencionar que el exgobernador y exalcalde Luis Pérez Gutiérrez estuvo vinculado en el pasado al predio de 'Aguas Vivas', tal como lo explicó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.

Según la escritura 628 de febrero de 2015, el exmandatario y cuatro de sus familiares negociaron por 361'380.000 pesos una parte de Aguas Vivas. Cinco meses después, Luis Pérez y otro de sus allegados negociaron parte de los derechos que sobre el predio tenían las empresas I.D.C. Inversiones S.A.S. y Técnicas Constructivas S.A.S., por 580'000.000 pesos. Tras una permuta, Pérez y sus allegados les devuelven a esas dos empresas el 39 por ciento de los derechos sobre el predio, por 939'590.000 pesos.

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En noviembre de 2012 fue que empezó a aparecer en la tradición del predio el empresario Juan Manuel Villegas Márquez, a quien medios locales han calificado como amigo y aliado de Luis Pérez. En ese año adquirió, por 951'000.000 pesos, una parte del lote que había sido adjudicado a un tercero mediante remate. Una parte del terreno le fue traspasada a la empresa Marfrey SAS. Y en septiembre de 2018, Villegas adquiere los derechos de otra pequeña porción.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

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