El 'control' del Partido de la U en Fonade que fundamenta la acusación contra Armando Benedetti

En un auto de 140 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia detalló los hechos presuntamente delictivos en los que fundamentan la acusación contra el actual jefe de despacho de la Casa de Nariño, Armando Benedetti Villaneda, por el delito de tráfico de influencias de servidor público. 

Dicho delito, que se configura cuando un servidor público ejerce influencias para obtener cualquier beneficio de parte de otro en un asunto que se encuentre conociendo, y que contempla penas de entre 5 y 12 años de prisión, se configuró "probablemente", dice la Corte, cuando el entonces senador Benedetti influyó en Jorge Iván Henao Ordónez, entonces asesor del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 'Fonade' y enlace entre la entidad y el Congreso, para que se entregara un contrato por $1.065 millones de pesos a la firma Sociedad Cameral de Certificación Digital 'Certicámaras'. 

Los hechos que investigó la Corte surgieron de una denuncia que radicó en 2017 el abogado Jaime Lombana en la que el jurista aseguró que Benedetti, junto a sus colegas del Partido de la U Musa Besaile y Bernardo 'Ñoño' Elías destinaron "millonarios recursos del Fonade para enriquecerse ilícitamente". Cabe resaltar que Musa y Ñoño se acogieron a sentencia anticipada, aceptando su influencia ilegal en la mencionada entidad y declararon que a Benedetti, como a otros senadores, se les asignó el manejo de Fonade con posterioridad a la reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014.

El contrato por el que la Corte acusa a Benedetti era para el servicio de bodegaje, custodia, préstamo y actualización del inventario de la extinta entidad, que en 2019 se transformó en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).

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La Corte le abrió una investigación formal a Benedetti en julio de 2022, pero meses después perdieron competencia por su designación como embajador en Caracas, reasumiéndola cuando salió del servicio diplomático y por guardar relación con su ejercicio parlamentario. 

La Sala de Instrucción escuchó diversos testimonios, entre ellos el del principal testigo contra el hoy jefe de despacho de la Presidencia, el exasesor Jorge Iván Henao, quien fue condenado por el delito de concierto para delinquir por el caso Fonade y quien suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía.  

Henao entregó los números en los que supuestamente se comunicaba con Benedetti y con su exasesora Elsy Mireya Pinzón para que él "pudiera mantener el control sobre el trámite de la contratación" que ganó Certicámaras: un proceso privado en el que también estaban pendientes las firmas Infotic y Control Online. 

"Se tiene que la acción ejecutada por Armando Alberto Benedetti Villaneda -quien, se insiste, para ese entonces era miembro del Partido de la U con ascendencia política en el Fonade, lo que generaba subordinación y preponderancia- fue la de intermediar ante Jorge Iván Henao Ordóñez -quien por sus funciones podía tener injerencia en los procesos contractuales, como asesor y hombre de confianza de Ariel Aduen Ángel, director del Fonade-, con el fin de que este buscara un espacio contractual y favoreciera la empresa Certicámara S.A., cuyos intereses agenciaba Juan Carlos Santofimio Vengoechea, quien, a su vez, era conocido de Benedetti Villaneda, pues, entre otras cosas para la época de los hechos lo visitaba en las instalaciones del Congreso de la República y sostuvieron múltiples comunicaciones", dice la acusación firmada por los magistrados Cristina Lombana y César Reyes. 

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Los magistrados resaltaron la declaración del asesor Henao Ordóñez quien afirmó lo siguiente de Benedetti: "Me dice que por favor le ayude con una empresa a ver si le puede generar un espacio en una contratación de la entidad, que Certicámara es una empresa buena, que es una empresa fuerte, que puede hacer las cosas bien y que por favor trate de buscarle un espacio en la entidad. Por tanto el designio era generar un espacio en una contratación".

Para llegar a estas conclusiones la Corte revisó visitas conjuntas que realizaron Benedetti y sus copartidarios Besaile y Elías a la Casa de Nariño y validó que la designación del gerente de Fonade Ariel Aduen se hizo por recomendación de Benedetti, compromisario del partido. 

La acusación de la Corte insiste en que el entonces senador Benedetti no buscó un interés general sino particular con la contratación de la referida empresa. "Armando Alberto Benedetti Villaneda entendía que al acudir a Jorge Iván Henao Ordóñez para favorecer a la empresa Certicámara, anteponiendo su cargo y su relación con Fonade, estaría desbordando el ejercicio de su investidura pues no buscaba un bien común sino un beneficio particular, a lo que se sumó que era indiscutible la preeminencia sobre Henao Ordóñez en razón de la forma en la que este había sido vinculado al Fonade, apadrinado por el Partido de la U, circunstancias que Benedetti Villaneda podía utilizar", dice la acusación.

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"A sabiendas de que su comportamiento estaba al margen de la ley, por cuanto la conducta emprendida estaba orientada a beneficiar a un particular (Certicámara S.A), de esto se sigue que su actuar fue doloso desde el comienzo sin que su comportamiento pueda justificarse en la búsqueda de satisfacer una necesidad interna del Fonade, pues la misma prueba se encarga de desvirtuar tal posibilidad, toda vez que para dar lugar a la contratación con Certicámara previamente fue necesario declarar fallido otro proceso de selección que estaba en curso, de donde se sigue que tales circunstancias denotan con mayor claridad que Armando Benedetti actuó con dolo al actualizar el contenido de tráfico de influencias de servidor público", agrega la acusación.

En una declaración que dio Musa Besaile, retomada en este proceso, se advierte que "-después de la reelección del entonces presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón-, dicho mandatario le asignó a un grupo de congresistas de su partido, incluido él (Besaile),  el manejo del Fonade. Señaló que en este grupo también estaba Miguel Amín Escaf, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Bernardo Miguel Elías Vidal, José Alfredo Gnecco Zuleta, Martín Morales Diz, José David Name Cardozo, Eduardo Enrique Pulgar Daza y Sandra Elena Villadiego Villadiego. Listado al que sumó los nombres de los representantes a la Cámara por el departamento de Córdoba Raymundo Elías Méndez Bechara, Sara Elena Piedrahita Lyons y Eduardo José Tous de la Osa".

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"Fue su pertenencia al Congreso de la República y al Partido de la U lo que le abrió la puerta a cumplir de manera efectiva su designio, tal y como ha quedado demostrado, no fue la circunstancia abstracta de ser servidor público la que permitió que actuara de la forma como lo hizo, sino su cargo como máximo  representante de la democracia en la rama legislativa del poder público", agrega la acusación.

En la coponencia firmada por los magistrados Lombana y Reyes se habla de la preclusión, o cierre anticipado, del delito de interés indebido en la celebración de contratos por el que inicialmente habían investigado a Benedetti. 

"Frente al delito de interés indebido en la celebración de contratos no se alcanzó el estándar probatorio suficiente para el procedimiento de una acusación en contra del aforado, no se hace necesario el análisis riguroso frente a dicho tópico", indica el auto de acusación.

"Uno de los aspectos que se echa de menos en la presente actuación es la ausencia de verificación probatoria en relación con los funcionarios de Fonade que suscribieron los trámites contractuales de ambas convocatorias, pues ninguno de ellos fue llamado a declarar para poner en evidencia si de verdad existieron intereses indebidos, y por parte de quién, en dichos procesos, o si en algún momento fueron ellos objeto de injerencias inapropiadas para favorecer a alguien en particular o atender los supuestos indebidos requerimientos que a través de terceros formulaba Benedetti Villaneda", indican los magistrados. 

"Tampoco se pudo establecer en qué momentos o etapas de ambos trámites contractuales se produjo la participación o efectiva intervención por parte de Benedetti Villaneda en procura de la concreción del supuesto interés indebido", se agrega. 

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]