Con decreto el Gobierno busca nombrar a vigilantes como gestores de seguridad

El ministro de Defensa Iván Velásquez anunció que el Gobierno trabaja en un decreto para hacer más eficiente el trabajo entre la Fuerza Pública y las empresas de vigilancia del país como una fórmula para mejorar la seguridad ciudadana.

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Durante su intervención en el marco de la Primera Cumbre Global de Seguridad, el funcionario destacó “la importancia de la interoperabilidad de los sistemas de información, respetando los principios constitucionales y legales, así como la confidencialidad entre la Superintendencia de Vigilancia y la Policía Nacional”.

En concreto se busca hacer cambios al Decreto 3222 de 2002, que reguló el estatus de Vigilancia y Seguridad Privada. “Las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana tendrán como objeto principal la obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en

especial los relacionados con el terrorismo”, señala ese decreto.

El coronel John Harvey Peña, de la Jefatura de servicios de la Policía Nacional, señaló que ahora se busca que los guardas de seguridad adquieran el estatus de gestores de seguridad y convivencia y apunta a tomar medidas para mejorar la cooperación con la Fuerza Pública.

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“Para que se mejoren los intercambios de información y podamos actuar, que esa gestión sea permanente y se pueda acopiar información constante para tener el contexto de los fenómenos criminales” dijo el oficial.

Y añadió: “vamos a tener cámaras de la seguridad privada, guardas de seguridad informando, que nos digan que ocurrió”.

El oficial sostuvo que una persona que llama a las líneas de la Policía no es un gestor de seguridad, pues informa sobre un hecho puntual, pero el gestor es quien da información permanente que permita incluso evitar delitos.

“Es quien da información complementaria, que nos dé elementos para anticipar los hechos delictivos, que nos dice 'hay un grupo de personas, los tenemos identificados con las cámaras' ”, afirmó el coronel Peña.

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Igualmente sostuvo que la vigilancia privada (unas 394.000 personas) puede ser una primera línea de seguridad que estará apoyando a las autoridades y que se podría fortalecer en las zonas puntuales y horas en las que se registran los delitos.

Los vigilantes tendrían un papel, dijo el oficial, en la resolución pacífica de los conflictos entre vecinos que pueden terminar en riñas y hasta en muertes.

A su turno Lorena Quintero, superintendente delegada para el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicó que los gestores de seguridad y convivencia tienen una nueva connotación.

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“No podemos desconocer que todos los colombianos somos ciudadanos y hacemos parte del engranaje para que exista seguridad y trabajar para identificar hechos delincuenciales (…) a eso se va a sumar el apoyo de la seguridad privada que dobla a la fuerza pública y además cuenta con apoyos técnicos, humanos y tecnológicos muy amplios”, sostuvo la funcionaria.

“Se tendrá una asignación presupuestal del ente territorial para apoyar en la ejecución del proyecto. Así las cosas en cualquier escenario en Colombia vamos a contar con el apoyo, con los recursos del territorio para que este proyecto se pueda llevar acabo de la mejor manera”, dijo Quintero tras señalar que se van a realizar las capacitaciones del caso para los vigilantes para asumir ese rol.

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El empresario y dirigente gremial de la seguridad Carlos Ayala, dijo que la seguridad privada “ya cuenta con frentes de seguridad reconocidos por las autoridades y que funcionan”.

Destacó que el decreto destina recursos para que los frentes territoriales sean más fuertes.

“Es importante que nos reconozcan el trabajo y que los recursos lleguen a las empresas para responder al clamor de la ciudadanía sobre la seguridad”, indicó Ayala.

Sobre la posibilidad de que la seguridad privada preste el servicio en espectáculos públicos como está planteado en el Código de Policía, el coronel Peña dijo que se buscan acercamientos con los nuevos alcaldes y gobernadores para socializar esa alternativa que permitiría reducir la presencia de la Policía en ese tipo de eventos.

Lorena Quintero sostuvo que la Supervigilancia también ha venido trabajando en las condiciones para que se den ese tipo de cambios en la seguridad de evento masivos e incluso en lugares de reclusión del país.

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