Los millonarios hallazgos que detectó Contraloría en palacios de justicia de Colombia

Un informe de 134 páginas de la Contraloría, conocido por EL TIEMPO, da cuenta de una serie de irregularidades que detectó el órgano de control al hacer una revisión a distintos palacios de justicia en Colombia.

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El documento señala que la Contraloría Delegada para el Sector Justicia revisó 182 contratos, por valor de 680.295 millones de pesos, y se realizaron visita a sedes judiciales en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

De la revisión y visitas se establecieron 68 hallazgos istrativos, de los cuales 15 tienen una presunta connotación disciplinaria y 10 tienen presunta incidencia fiscal por valor de 24.043’057.753 pesos.

En la pesquisa se encontró que había 14 contratos suspendidos por valor  $19.377.317.548 y 152 contratos terminados pendientes por liquidar, por valor de $79.247.733.992.

En algunos de los contratos suspendidos se argumentaban razones como que estaban pendientes por licencias o permisos de autoridades y se calificaban como “ítems no previstos”, pero el órgano de control señaló que hay situaciones que podían ser pronosticadas con antelación.

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De acuerdo con Mónica Esperanza Cano, contralora delegada para el sector Justicia, entre lo más grave detectado en el informe están los retrasos que no han permitido poner en funcionamiento sedes judiciales “y generó que las obras se conviertan en elefantes blancos, las cuales quedan abandonadas y se deterioran por falta de mantenimiento".

Adicionalmente, sostuvo que "los recursos no cumplen con el fin para el cual fueron asignados, situaciones que generan prórrogas, modificaciones y adiciones, tanto en tiempo, como en recursos”.

De otra parte, la actuación especial de fiscalización determinó hallazgos frente a la construcción del palacio de justicia de Belén de Andaquíes, en Caquetá. Si bien se encontró que el inmueble tiene espacios funcionales, hay “deficiencias en la operación de la estación de bombeo y red contra incendios”, pues los equipos de presión instalados en el cuarto de bombas están fuera de operación, no cumplen el fin para el cual se adquirieron, y generan un “riesgo de seguridad en la sede por la no operación de la red de emergencia contra incendios”.

Por ello, el órgano de control manejado por Carlos Mario Zuluaga determinó que habría un presunto detrimento patrimonial por valor de 162'359.103 pesos, que corresponde a los recursos pagados para el sistema de red contraincendios y los equipos de presión.

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También se analizó la situación del palacio de justicia de Zipaquirá, Cundinamarca, que entre varios contratos lleva 13 años sin terminarse. El último contrato se firmó en 2017 y debía concluir el 31 de diciembre de ese año, pero tuvo siete suspensiones y aunque finalmente terminó el 21 de noviembre de 2020, una visita de la Contraloría en agosto del 2023 evidenció que todavía no se había puesto en operación la sede.

El organismo dijo que después de 13 años de realizar contratos y una inversión superior a los 9.415'765.030 pesos -cantidad que se determinó como hallazgo fiscal- no ha sido posible contar con la sede, que se ha convertido “en un elefante blanco, es decir, una obra financiada con recursos públicos, la cual está abandonada y sin vislumbrar alguna solución”, dice el informe.

Adicional a esto, el no contar con la sede en funcionamiento ha generado gastos adicionales en arriendos para los despachos judiciales, por lo cual el órgano de control determinó un presunto detrimento patrimonial por valor de $4.033’428.515.

“La Contraloría plasmó hallazgos relacionados con los pagos para que el Consejo Superior de la Judicatura tome las acciones correctivas, que permitan erradicar las causas que generaron tales hallazgos, los cuales fueron trasladados a las Entidades competentes”, señaló la contralora delegada para el sector Justicia.

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También en Aguachica, Cesar, se encontraron hallazgos por fallas en la ejecución de un contrato por unos entregables incompletos que el Consultor nunca subsanó, lo cual se constituyó en un presunto detrimento de $77’649.285, adicional a esto, como la construcción de la sede judicial no fue culminada en el inicial, hubo que hacer contratos de arrendamiento de diferentes bienes inmuebles para la operación de los despachos judiciales, lo cual generó gastos adicionales y un presunto detrimento por valor de $79’908.923

El informe de la Contraloría incluyó también el caso del palacio de justicia de Buga, en Valle del Cauca, donde el plazo de construcción se amplió por prórrogas y suspensiones que llevaron a que las obras terminaran el 11 de agosto de 2022, con un valor final de $8.012’388.486, y aunque hoy la obra se encuentra terminada y dotada con mobiliario, no ha sido entregada a la seccional, lo que ha llevado a que actualmente se están cancelando arriendos.

“Se evidenció que la entidad a partir del 11 de agosto de 2022 realizó gastos correspondientes a arriendos, generados por la no entrega de la obra sede de los Tribunales de Guadalajara de Buga, en los términos establecidos contractualmente, a pesar de la Inversión realizada por el Consejo. Situación que genera un presunto detrimento patrimonial por valor de $698’503.384”, se lee en el informe.

En conjunto, la Contraloría cuestionó que todo esto se presenta por deficiencias en el seguimiento y supervisión de las actividades contractuales, “lo que genera que, pasados 406 días desde su finalización, aún no pueda ponerse al servicio y sin fecha estimada de entrega y un menoscabo a los recursos públicos por valor de $8.754’393.057”, dice el informe de la actuación especial de fiscalización.

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Para la sede judicial de Ocaña, Norte de Santander, se analizó que a partir de diciembre de 2020 se tuvieron que pagar arriendos por la no entrega de la obra de reforzamiento estructural del Palacio de Justicia de Ocaña, lo que generó un presunto detrimento patrimonial por valor de $648.176.317 hasta el día 30 de octubre de 2023. Además, deficiencias en un contrato para el diseño arquitectónico generó una afectación al patrimonio por valor de $17’255.009.

Entre muchos otros, también se habla de hallazgos de corte istrativo en los que no habría pérdida de recursos pero sí situaciones que llamaron la atención del órgano de control. Por ejemplo, en Albania, Santander, se entregó el 18 de diciembre de 2020 una sede judicial completamente funcional y si bien la construcción de la sede se ejecutó sin novedad, “el volumen de s y funcionarios que hacen uso de la sede es mínimo y gran cantidad de elementos, mobiliario, dispositivos electrónicos y demás bienes adquiridos para la operación de la sede, se encuentran sin uso y presentan deterioro por falta de mantenimiento”.

“La Contraloría, con su informe de la Actuación Especial de Fiscalización, le entrega al Consejo Superior de la Judicatura una oportunidad de mejora”, dijo la contralora, para que la Judicatura tome acciones que “erradiquen las causas de las situaciones que están generando los retrasos, las suspensiones, modificaciones, entre otros, de las diferentes obras”, concluyó Cano.

EL TIEMPO consultó al Consejo Superior de la Judicatura sobre los distintos hallazgos de la Contraloría y la corporación indicó, en principio, que esta auditoría fue solicitada por ellos mismos para tomar medidas y que, de hecho, ya comenzaron, pues el director de la Unidad de Infraestructura Física fue relevado de su función en la dirección de obras para poder avanzar.

Sobre el Palacio de Justicia de Zipaquirá, que para la Contraloría es un elefante blanco por no estar prestando servicios tras 13 años, la Judicatura señaló que “actualmente el proyecto del Palacio de Justicia de Zipaquirá ya se encuentra construido en un 100% en el terreno donado por parte de Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, encontrándose pendiente la conexión de los servicios públicos y la construcción por parte de la Alcaldía de Zipaquirá de la vía de , para lo cual se estima un tiempo aproximado de ocho meses”.

También respondió a los riesgos por la no operación del sistema contra incendios en la sede de Belén de Andaquíes diciendo que esta obra fue entregada al 100 % y puesta en labor en 2021, pero que las fluctuaciones eléctricas en el municipio dañaron los sistemas eléctricos de los equipos del cuarto de máquinas, donde se encuentran los correspondientes a la red contraincendios.

“Sin embargo, la Dirección Seccional de istración Judicial de Neiva está realizando el mantenimiento a equipos y se estudia la posibilidad de adecuar el sistema operativo automatizado por uno manual que se ajuste a las fluctuaciones constantes del servicio de energía de la región”, indicaron sobre la solución que se busca.

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Finalmente, en términos generales el Consejo Superior de la Judicatura dijo que actualmente se está haciendo un acompañamiento continuo de las construcciones, y se hicieron reuniones con contratistas de obra, interventores y supervisores para resolver inconvenientes en la ejecución de las obras.

Además, la corporación señaló que se concertaron acciones y cronogramas que permitieron avanzar considerablemente el año pasado en la construcción de varias sedes, algunas de las cuales entrarán a operar el primer semestre de 2024, incluso este enero, como una sede en Sogamoso que se espera inaugurar a final de mes.

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