Exclusivo: 'Papá Pitufo' acusa a la Polfa, habla de posible asesinato y de una persecución del presidente Petro

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el poderoso 'zar del contrabando' requerido en extradición por el gobierno colombiano para que responda en un proceso penal en el que se le acusa de liderar una red que corrompió con millonarios sobornos a policías y funcionarios, se declaró como un perseguido político ante las autoridades de Portugal, país en el que se encuentra preso desde el pasado 3 de diciembre.

EL TIEMPO accedió a documentos que delatan la estrategia jurídica con la que 'Papá Pitufo' pretende tumbar el aval para su extradición a Colombia, que fue concedido el pasado 5 de marzo por el Tribunal de Apelaciones de Porto -aval que no está en firme porque Marín presentó recursos-. 'Pitufo' aseguró en Portugal que la petición de extradición elevada por Colombia implicaría la "pena de muerte" para él y una "persecución política" en su contra en la que, según lo que alega, ha participado el presidente de la República Gustavo Petro. 

"Debido a su actividad económica en Colombia, las autoridades colombianas, especialmente la Policía Nacional – Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, al no participar en los esquemas creados por ellas, comenzaron a perseguirlo y pretender destruir su negocio, iniciándose en su contra desde 1993 varios procesos penales, los cuales siempre fueron archivados", indica un documento de las autoridades de Porto en el que se refieren a la persecución política. 

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Pitufo no desmiente ni confirma el episodio de la entrega de los 500 millones de pesos a la campaña presidencial de 2022, a través del asesor catalán Xavier Vendrell, dineros que el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca ingresaron porque él mismo los mandó a devolver. Pero habla de una persecución del presidente Petro por esos hechos y de un supuesto plan para asesinarlo en Colombia.

"Los medios de comunicación colombianos iniciaron rumores de que había apoyado financieramente la campaña política del actual Presidente de Colombia, quien comenzó a perseguirlo para demostrar que eso no correspondía a la verdad, y varias noticias apuntan en esa dirección, con su vida y seguridad en juego, sin duda de que si es extraditado será ejecutado, especialmente porque ha estado denunciando la corrupción que existe en su país y es allí una persona 'non grata', por lo que la extradición y la negativa de su protección por parte del Estado portugués equivaldrá a la pena de muerte", agregó Marín en un documento conocido por EL TIEMPO. 

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Pitufo también alegó ante el Tribunal de Porto que los hechos que sustentan su extradición no son exactos y son "sólo un conjunto de oscuras conclusiones". También aseguró que no existe orden de captura en su contra pues "mediante decisión del 04/02/2025, las autoridades colombianas revocaron la orden de aprehensión nacional que habían girado el 11/03/2024, por lo que con la anulación de la orden de detención original, también se debe anular la orden de detención internacional y se debe interrumpir el trámite de este proceso de extradición, debiendo ser liberado y eliminar cualquier alerta en INTERPOL".

Y, como era de esperarse, invocó su nacionalidad española para advertir que "las normas de la Unión prohíben su extradición, que de producirse constituirá una violación del artículo 3 del CEDH -Convenio Europeo de Derechos Humanos-".

El Tribunal de Apelaciones de Porto en Portugal no compró los alegatos de persecución política de Diego Marín Buitrago y avaló su extradición a Colombia el pasado 5 de marzo, pero la decisión  aún no está en firme por los recursos que presentó el llamado 'zar del contrabando'.

"Lo que no se puede deducir de tal interés informativo ni de lo mencionado por el Presidente colombiano es que exista persecución alguna contra el extraditado por sus convicciones políticas o ideológicas (que ni siquiera invocó y son desconocidas), de modo que, según afirma, su vida y la de su familia corren riesgo si regresa a su país de origen, y mucho menos que sea "ejecutado", dado que el supuesto ofrecimiento de recompensa a los "líderes" del contrabando ocurrió hace varios años", dice la corporación judicial. 

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Finalmente, el Tribunal le cerró las puertas a Papá Pitufo advirtiéndole que "la nacionalidad española, que también posee el extraditado, no le protege de la extradición".

"Como informaron las Autoridades Judiciales españolas, se entendió que no había motivo para negar la entrega a Colombia, su país de origen, a efectos de un proceso penal", remata la corporación judicial.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]