‘Fue una condena muy injusta’: la primera entrevista con Saulo Arboleda, tras decisión de la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tomó la decisión de ordenarle al Estado colombiano que revisar la condena que, en única instancia, que se profirió contra el exministro de Comunicación del gobierno de Ernesto Samper, Saulo Arboleda Gómez, por el famoso escándalo del 'Miti miti'.

(Lea: Urgente: Corte IDH ordena a Colombia reabrir caso contra Saulo Arboleda por escándalo de 'el Miti Miti')

Tras conocerse la decisión EL TIEMPO conversó con el exministro quien señaló que el proceso, que demoró más de 20 años por resolverse y hasta ahora fue fallado.

Este caso se presentó en el año 2006 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y después en el año 2018 fue remitida a la Corte IDH para que fuera evaluada y revisada. Esta decisión es muy importante porque se logró que la Comisión IDH recogiera los argumentos que presentó la defensa en el proceso. Esto es un resarcimiento que realiza la justicia internacional, que tuvo que imponerse ante la negligencia de la justicia nacional. Este, sin dudas, es un logró muy importante y si se quiere, sin precedentes. 

El Fiscal General de ese entonces  me acusó sin ningún argumento, porque la adjudicación de la emisora en Valle contaba con todos los requisitos para ser adjudicada, y el fiscal para acusarme optó por decir que yo había adjudicado esa emisora a una funcionaria pública, cuando eso no tuvo ninguna distinción. La Corte Suprema no quiso entender eso y me condenó. 

Tras esa condena, se recurrió a la justicia internacional y fue la que logró que se hiciera justicia, así haya sido tarde. Todo esto fue un perjuicio muy grande pata mi. Mi carrera profesional se vio afectada por todo esto y se tuvo que frenar por algo que resultó siendo muy injusto. 

Esto genera un antecedente del cuál se van a apegar todas las personas condenadas en única instancia por la justicia colombiana. Esto es el principio, y abre la oportunidad para que los funcionarios públicos condenados en primera instancia en Colombia puedan acudir a esta decisión. Esto podría aplicar para más de 200 funcionarios, entre exministros, exgobernadores y exalcaldes.

Arboleda sostenía que la condena en su contra se había caído tras la prescipción de la misma Corte Suprema de Justicia, en favor del otro ministro implicado en el escándalo, Ómar Rodrigo Villamizar, quien terminó sobreseído.

En julio de 1997, el gobierno adjudicó directamente 81 emisoras de FM en todo el país, después de declarar desierta la licitación que se había abierto con ese fin. Para tomar la decisión se acogió un concepto de la Procuraduría según el cual las circunstancias que rodearon el trámite no aseguraban la igualdad de oportunidades.

Posterior a ello, la Fiscalía General de la Nación inicia una indagación preliminar y la  Procuraduría inicia a su vez, diligencias para determinar si existe mérito para un proceso de carácter disciplinario.

Luego el  procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, le solicitó al Ministerio de Comunicaciones que suspendiera de inmediato la firma de los contratos y el otorgamiento de las licencias correspondientes.

Luego, en enero de 1998, la Procuraduría General de la Nación formula pliego de cargos dentro de la investigación disciplinaria contra los exministros Saulo Arboleda y Rodrigo Villamizar. En criterio del Procurador, Arboleda actuó de forma parcializada y el entonces ministro de Minas y Energía, Ómar Rodrigo Villamizar abusó de su cargo al interceder en favor del comentarista deportivo.

El caso terminó en una acusación el 21 de octubre de 1998 por el delito de interés ilícito en celebración de contratos. 

Pero Rodrigo Villamizar terminó absuelto porque el caso precluyó, pero en cuanto a Arboleda, recurrió a varias instancias en busca de justicia. Primero, presentó una tutela en contra del fallo, en la cual alegó que hubo falta de garantías al debido proceso. Su argumento fue que la grabación filtrada era ilícita, de acuerdo a la Constitución Política.

En diciembre de 2000, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca le rechazó la acción de tutela, decisión que fue impugnada pero tampoco prosperó a su favor. Tras la insistencia de la Defensoría del Pueblo, el caso fue evaluado por la Corte Constitucional, que negó las pretensiones del exministro, quedando así el fallo en firme.

Redacción Justicia