En promedio, este año se han presentado tres bloqueos o manifestaciones cada día

Aludiendo el incumplimiento del Gobierno, algunas familias de Rosas, Cauca, bloquearon por un día la vía Panamericana, en el punto conocido como El Céfiro, a la altura del kilómetro 84. Muchos eran damnificados por la avalancha registrada el 9 de enero.

Para resolverlo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viajó a la zona el jueves y tras reunirse con la comunidad concretó varios acuerdos para mitigar las necesidades de los campesinos, quienes levantaron el bloqueo.

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Para la Defensoría del Pueblo, este tipo de situaciones reciben el nombre de conflictos sociales manifiestos y se refieren a las distintas demostraciones de protesta (marchas, movilizaciones, plantones, concentraciones, huelgas, cese de actividades, paros, bloqueos, entre otros), las cuales en su mayoría son canalizadas a través del diálogo y la negociación entre las partes involucradas.

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En esa línea, el organismo humanitario presentó su informe sobre conflictividad social, en el que compara los meses entre enero y abril de 2022 y 2023, y concluyó que este tipo de eventos se incrementaron en un 40,7 por ciento.

De acuerdo con la Defensoría, mientras que el año pasado hubo 311 hechos derivados del malestar social en ese periodo, en el 2023 fueron 437. De ellos, se reportaron 74 en Bogotá, lo que equivale a un 17 por ciento de los casos, seguido de Antioquia, Santander y Bolívar (con 8 por ciento cada uno), La Guajira (6 por ciento) y Córdoba, Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima, en cada caso con el 4 por ciento.

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Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que “las dinámicas de la conflictividad social deben ser atendidas abriendo espacios de diálogo a la mayor brevedad, sin posponer los llamados a los que apelan los ciudadanos a la hora de manifestarse (...). Cuando sienten que sus derechos son vulnerados, las autoridades gubernamentales deben propender por reivindicárselos”.

Indica la Defensoría en su informe que los ciudadanos expresaron su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones de las entidades del Estado o de particulares a través de bloqueos (41 por ciento), plantones o concentraciones (32 por ciento), marchas o movilizaciones (11 por ciento), ocupación o toma de instalaciones (4 por ciento), paros cívicos o cese de actividades (4 por ciento).

Y añade que en el 9 por ciento de los eventos hubo disturbios o medidas con riesgo para la integridad de quienes se manifestaban.

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EL TIEMPO consultó con expertos sobre los factores que pueden haber incidido en el aumento del inconformismo social, a lo que Catalina Miranda, experta en asuntos de seguridad y defensa, afirmó que se debe a asuntos socioeconómicos históricos que no se han resuelto en regiones marginadas del desarrollo del país y, en gran medida, a las altas expectativas de cambio que creó el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Cuando se formuló el Plan Nacional de Desarrollo, con diálogos en casi 52 municipios, se generó una expectativa supremamente grande que el Estado no tiene la capacidad de resolver en tan poco tiempo y eso va a incrementar los escenarios de conflictividad social, escalando a vías de hecho”, aseguró Miranda. Además recomendó “bajar la expectativa por la falta de presupuesto, la falta de capacidad humana, por la escalada que está teniendo la inseguridad en Colombia”.

Para Jairo Libreros, analista político y profesor de la Universidad Externado de Colombia, el actual Gobierno “no ha logrado tramitar las demandas sociales y no tiene una estrategia de política pública clara para los temas de salud, educación y muchas otras cosas más”, por lo que señala que en medio de esa situación, la gente considera que para exigir una respuesta a los reclamos se debe movilizar.

“El gobierno Petro es contraevidente porque tiene un discurso muy bien elaborado, en el papel amplios sectores se identifican con él, pero es un discurso que no está soportado en la realidad”, dice el analista.

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Ahora bien, Miranda explica que el término ‘conflictividad social’ no necesariamente es vinculante a cualquier manifestación. “En una conflictividad hay escalamiento en vías de hecho, es decir, bloqueo de vías, enfrentamientos de un nivel alto entre Fuerza Pública y comunidad, que fue lo que vimos durante las protestas del 2021”, dice. Según ella, no toda manifestación es un conflicto, por lo que considera que hay escenarios de protesta que son legítimos, constitucionales y no violentos, los cuales no pueden catalogarse como una conflictividad social.

Para Libreros, la salida a esta situación “es un timonazo a la política pública sin desconocer su Plan Nacional de Desarrollo”, para lo cual el presidente Petro tiene que sintonizarse más con las bases sociales del país, ya que muchas de las soluciones que se han planteado no corresponderían a la realidad.

“Si pretende resolver todo inspirado en variables ideológicas y no en fácticas, esto se nos va a agravar”, enfatiza el analista.

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Una posición distinta tiene Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quien dice que el hecho de que hayan aumentado las protestas no es malo, pues es una forma de llamar la atención frente a una necesidad social, “y que solo se convierte en negativa cuando entorpece proyectos o desarrollo de infraestructura o termina en un enfrentamiento con la Fuerza Pública”.

De hecho, considera que el gobierno Petro es cercano al movimiento social y, por eso, es natural que haya un incentivo a que estos se manifiesten de manera más frecuente. Para Restrepo, el incremento de las manifestaciones habla bien del papel de la Policía, “ya que los enfrentamientos se han reducido, y eso es porque están haciendo bien su trabajo”.

Los analistas coinciden en señalar que la protesta social, como la que se registró en el 2021, tuvo un nivel de violencia que no debe repetirse y que la lección aprendida es la mediación y el diálogo.

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En ese orden de ideas, la Defensoría aseguró: “A través de nuestras Defensorías Regionales y de la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social continuamos contribuyendo como mediadores o acompañantes”.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

En Twitter: @JusticiaET