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Procuraduría pide a la Corte Constitucional avalar la legalidad de la reforma pensional

El Ministerio Público señaló que, durante la aprobación de esta ley en el Congreso, no hubo irregularidades.

Gregorio Eljach, procurador General. Foto: Cortesía

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Juan Diego Torres Lasso

23.04.2025 12:33 Actualizado: 23.04.2025 15:04

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En el concepto enviado por el Procurador General, Gregorio Eljach, a la Corte Constitucional, se solicitó declarar exequible la reforma pensional. La entidad aseguró que durante el trámite legislativo no se presentaron vicios de constitucionalidad que invaliden su aprobación.

Si bien la saliente jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, fue enfática al señalar que durante la discusión del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes se presentaron vicios constitucionales, Eljach ahora pide que sea aprobado.

“En la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes", dijo Cabello en el concepto enviado al alto tribunal en noviembre del año pasado.

Margarita Cabello, procuradora general — Margarita Cabello, exprocuradora general. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo

El concepto de Eljach

Ahora, en el concepto remitido al alto tribunal, la Procuraduría pidió que se blinde el artículo 84.5 de la norma contra cualquier interpretación regresiva, y advirtió que, aunque la reforma solo entrará en vigencia el 1 de julio de 2025, ya ha generado efectos significativos en la práctica.

Según informes Colpensiones, que tuvo en cuenta el Ministerio Público, más de 40 mil personas han trasladado sus ahorros desde fondos privados hacia esta entidad, gracias a la “ventana de traslado” que contempla la ley. Para estos ciudadanos, advierte el Ministerio Público, la reforma ya ha creado derechos adquiridos que no pueden revertirse sin generar complejidades jurídicas y litigiosidad de gran escala.

Además, señaló que están en curso movimientos financieros millonarios hacia Colpensiones y el fondo de estabilización del Banco de la República, mientras los fondos privados se preparan para recibir a millones de nuevos afiliados.

Empleadas de Migración Colombia y de la Procuraduría hicieron la denuncia Foto:EL TIEMPO

"Es conveniente entonces que la Corte Constitucional proceda en este caso también con la mira puesta el protección de la seguridad jurídica, así sea en la forma de confianza legítima", dice el documento.

La reforma, sostiene la entidad, representa una esperanza para millones de trabajadores informales o en condiciones precarias, que por primera vez podrían acceder a un auxilio económico en su vejez.

"La Corte Constitucional bien haría en tener en cuenta que el país requiere imperiosamente de una reforma pensional. Todos los expertos, desde distintas orillas ideológicas y políticas, coinciden en afirmar la insostenibilidad financiera del régimen actual", dice.

El trámite de la reforma en el Congreso

En el documento que se envió al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, Eljach se refirió a los supuestos vicios constitucionales que se presentaron en la aprobación de la reforma pensional cuando él era Secretario del Senado -cargo que ocupó hasta el 10 de diciembre-.

En este sentido, sostuvo que el análisis de constitucionalidad no puede centrarse de manera aislada en un solo momento del trámite legislativo, sino que debe considerar el desarrollo completo del proceso parlamentario.

“El señalamiento de una simple irregularidad en una única sesión parlamentaria no basta para configurar un vicio de inconstitucionalidad”, advierte el concepto, que recuerda que, conforme al principio de instrumentalidad de las formas, solo aquellas irregularidades que afecten de manera sustancial la formación de la voluntad democrática o vulneren principios constitucionales esenciales pueden invalidar una ley.

Sanción del a reforma pensional Foto:Presidencia

La Procuraduría hizo una reconstrucción del trámite legislativo del proyecto, desde su radicación el 21 de marzo de 2023 hasta su sanción por el presidente Gustavo Petro, el 18 de junio de 2024. Destacó que el proyecto fue objeto de audiencias públicas, mesas técnicas, debates extensos en ambas cámaras y múltiples intervenciones de congresistas, incluyendo representantes de la oposición.

En cuanto a la polémica sesión del 14 de junio, donde se aprobó una proposición que acogía el texto aprobado previamente por el Senado, la Procuraduría concluyó que se cumplieron los requisitos de publicidad y deliberación exigidos por la Constitución.

“El texto había sido publicado desde el 29 de abril y fue entregado físicamente en las curules de los representantes. Hubo intervención de 26 congresistas antes de la votación”, indica el informe.

Debate de la reforma pensional en Senado. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

La aprobación final del texto fue respaldada por 86 votos a favor y 32 en contra, luego de declarar la “suficiente ilustración” del debate. Según la Procuraduría, esto demuestra que no se vulneró el principio de consecutividad ni se eludió la deliberación parlamentaria.

En caso de que la Corte no declare la exequibilidad, el Ministerio Público propuso aplicar mecanismos como la subsanación de vicios o efectos diferidos de la sentencia, para evitar la anulación total de la reforma y permitir al Congreso corregir los posibles errores sin afectar los derechos ya consolidados.

La decisión final del alto tribunal será clave para definir la suerte de una de las reformas bandera que el presidente Petro hizo en campaña y que entraría a regir a partir de julio de este año.

Juan Diego Torres

[email protected]

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