‘Ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales’: defensora del Pueblo

Quizás una de las voces más fuertes en contra de la propuesta del Gobierno de nombrar como gestores de paz a antiguos jefes paramilitares fue la de la defensora del Pueblo, Iris Marín. La funcionaria cuestionó el mensaje político que envía esta designación y teme que su figura se termine idealizando o queden impunes sus deudas con la justicia.

(Lea: ‘Java’, el narco hondureño que es pieza clave para llegar a la ‘Nueva Junta del Narcotráfico’: estuvo en Colombia visitando su criadero de caballos y regresó a Dubái)

Por esta razón, la funcionaria instó al Gobierno a vigilar de cerca su nueva labor, no otorgarles ningún beneficio punitivo y exigirles compromisos con la verdad ante las víctimas.

Causa preocupación porque varios de ellos son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Algunos se acogieron a Justicia y Paz y fueron excluidos por continuar delinquiendo. Además, tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad: algunos de los grupos armados de hoy son herederos del paramilitarismo que en su momento no se desmovilizaron, o que reincidieron.

Nos quedan algunas dudas. ¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado? Las designaciones deben incluir un compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas. Los gestores de paz deben reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están “ayudando”, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial: con la cabeza gacha ante la justicia y ante las víctimas. Ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz.

La paz no puede construirse sobre el desconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente de los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y mujeres. Defender el derecho a la paz significa respaldar las decisiones de justicia transicional que han establecido responsabilidades o avanzan en ello. Como por ejemplo la decisión de la JEP que imputó esta semana reclutamiento forzado a ex comandantes de las Farc-EP por el reclutamiento forzado y uso de más de 18.000 niños, niñas y adolescentes.

Sugiero que se deben tener en cuenta tres asuntos para evitar que estas gestorías de paz sean usadas para posibles reincidencias. Primero, la resolución señala que el reconocimiento como gestores de paz no modifica su situación jurídica ni su régimen de libertad y tampoco conlleva beneficios judiciales. Esto es importante, pues la prevalencia de la justicia y las garantías de no repetición se reflejan en el cumplimiento de las penas por las que se encuentran privados de la libertad. Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado. Segundo, sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita. Tercero, las designaciones deben incluir un compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas.

En lo que va corrido del año, la Defensoría del Pueblo ha registrado el reclutamiento de 282 niños, niñas y adolescentes. Más del 50% son indígenas y el 35% niñas y adolescentes mujeres. El conocimiento de desvinculaciones y rescates recientes, que no teníamos registrados en la entidad, demuestra cada día que el subregistro es muy alto. Cauca es el departamento donde más los reclutan, con 202 casos. Luego están Valle del Cauca, Putumayo, Arauca, Nariño, Vaupés, Tolima, Norte de Santander y Antioquia. El panorama es devastador, teniendo en cuenta el subregistro, ya que muchas familias de los menores de edad víctimas no denuncian por temor. No podemos, a ciencia cierta, establecer la dimensión del delito. Este crimen de guerra no puede ser normalizado cuando las cifras saltan a la palestra. No podemos ver el sometimiento de niñas, niños y adolescentes como una noticia más que fue divulgada en los medios. Los grupos armados ilegales, persuadiéndolos con ofertas “atractivas”, como celulares, motos o salarios para “ayudar” a su familia, y también bajo engaños, deben renunciar a tan cruel práctica. También el Estado en su conjunto, debe llegar con ofertas sociales que contribuyan a apartarlos de una guerra que no pidieron; es su obligación ayudarles a construir un buen futuro.

Un día antes de que iniciara el paro armado anunciado por el Eln en el departamento del Chocó, llamamos a esa organización armada a revocar la decisión de hacerlo, pues sabíamos que eran unas 45.000 personas de las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón las que se iban a confinar. Las restricciones a la movilidad violentaron su derecho a la libre locomoción, agravaron la crisis humanitaria, principalmente aquellas comunidades en los territorios afectados por la embestida de las lluvias; sufrieron una doble afectación. La Defensoría del Pueblo ha estado en algunas zonas rurales de Istmina y Medio San Juan, en misiones conjuntas con organismos internacionales. Allí constatamos que los colegios estaban cerrados y había un riesgo creciente de enfermedades respiratorias. El paro armado había impedido el desarrollo de jornadas de salud previamente programadas por las unidades básicas y levantar los censos de afectación y daños generados por el invierno para su oportuna atención. Había temores para el desarrollo de misiones humanitarias en las subregiones del medio y bajo San Juan, donde se reportaron brotes de malaria, infecciones respiratorias y otras enfermedades en el marco de la emergencia. El anuncio posterior del Clan del Golfo -las llamadas Autodefensas Gaitanistas AGC- generaba un riesgo adicional. En su comunicado estigmatizaban los corredores humanitarios, necesarios en medio de las circunstancias, como medios de abastecimiento al Eln. Se ofrecieron a entregar ayuda humanitaria, esto desconocía que la población tenía derecho a recibir una ayuda humanitaria por organismos civiles y humanitario, independientes de los grupos combatientes, justamente para evitar que fueran estigmatizadas debido a los señalamientos cruzados de Eln y Agc de la población.

Durante el 2023 registramos en Colombia diez eventos asociados a movilidad humana forzada derivada del cambio climático, lo que generó el desplazamiento de 13.670 personas, es decir, de 2.471 familias. En este 2024 hemos acompañado y monitoreado 16 eventos asociados al cambio climático, cuyas consecuencias fueronel desplazamiento de 40.130 personas en los departamentos de Nariño, Valle el Cauca, Chocó, Antioquia, Sucre y Bolívar. El 69% de los eventos está relacionado con inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. La situación del departamento de Chocó es particularmente crítica debido a la frecuencia e intensidad de los eventos, lo que ha agravado las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades. Las consecuencias climáticas han ocasionado que personas pierdan la vida, pérdidas de viviendas, temporales o en algunos casos permanentes, y perdidas agropecuarias que afectan los medios de vida, obligando a las comunidades a desplazarse.

Redacción Justicia