Se inicia un semestre decisivo en el Congreso, ¿qué pasará con las reformas sociales?

El viernes, cuando se reanude la legislatura, comienza un momento decisivo en el Congreso de la República para el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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El Ejecutivo, que desde hace un año busca que se aprueben sus reformas sociales –laboral, pensional y de salud– se jugará una buena parte de su capital político para que estas iniciativas se conviertan en ley de la república.

Pero no será una tarea sencilla. Desde que el mismo presidente Gustavo Petro acabó con la coalición de gobierno ante la imposibilidad de conciliar el texto para la reforma de la salud, el Ejecutivo ha tenido problemas para que sus proyectos avancen en el Capitolio.

Prueba de esto es que la polémica reforma de la salud, la primera de las reformas que llegó al Capitolio, se demoró casi 11 meses en la Cámara de Representantes e incluso estuvo cuatro meses estancada en plenaria. Pero finalmente, tras duros debates, en febrero la Cámara le dio luz verde para que continúe su camino en el Senado.

Esa escena no es muy distinta a la que ha vivido la reforma pensional en el Senado. Luego de un sencillo trámite en la Comisión VII de esa corporación, en el primer semestre del año anterior, en el segundo semestre, cuando llegó a la plenaria, se estancó.

La parálisis de la reforma coincidió con la llegada del senador Iván Name, de Alianza Verde, a la presidencia del Senado. Name, apoyado por la oposición -y algunos congresistas disidentes del Pacto Histórico- derrotó a Angélica Lozano, quien después de varias vueltas terminó siendo la candidata del oficialismo. No obstante, Name se quedó con las mayorías. Esa fue la primera derrota del Gobierno en la legislatura.

El proyecto, no obstante, ya fue anunciado para las primeras sesiones del reinicio del segundo periodo de sesiones, que está marcado por un hito y es la reducción del receso, que por una reforma constitucional aprobada el año pasado, las llamadas vacaciones de los congresistas no terminarán en marzo sino el 16 de febrero.

Pero más allá de la dura oposición que les espera a ambos proyectos en el Senado, donde las mayorías no son sólidas y es complejo predecir resultados –se han definido proyectos, así como la presidencia por menos de cinco votos–, el Gobierno tiene otro obstáculo: el calendario.

Además de sortear con los opositores, que recurrirían a estrategias como deshacer el quorum, el tiempo juega en contra de los intereses de la Casa de Nariño. ¿Por qué? Si estas dos iniciativas no están aprobadas antes del 20 de junio –si no citan a sesiones extraordinarias– se hundirán por falta de trámite.

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La norma es clara al señalar que un proyecto de ley solo puede ser discutido en dos legislaturas y como estos fueron radicados en febrero del año anterior (legislatura 2022-2023), este semestre es la fecha límite para que sean aprobados.

De lo contrario, tendrán que volver a empezar desde cero en el siguiente semestre, en la tercera legislatura, con un capital político reducido por el desgaste natural del Gobierno y con un Congreso pensando en las presidenciales del 2026.

Para el analista político Yann Basset, docente de la Universidad El Rosario, este es un semestre decisivo para su programa de Gobierno.

“Si no se aprueban las reformas este semestre, va a ser muy difícil para el Gobierno tramitar otros grandes proyectos después. Básicamente, va a tener que dedicarse a gestionar y ejecutar su Plan de Desarrollo sin poder tener más ambiciones que esto. Va a ser una prueba de fuego y dependerá si puede aprobar una, dos o todas las reformas. Vamos a ver de qué maniobras dispone”, señaló el analista.

Por eso, la prioridad es sacar adelante ambas iniciativas. Así lo confirmó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Hay tres reformas sociales y vamos a pedirle al Congreso que nos las debatan. Pero hay muchos temas más. Hay unos debates interesantes sobre las reformas ambientales y para consolidar la transición energética del país. También hay iniciativas interesantes en temas de comercio y de paz. Hay una agenda ambiciosa, pero quiero aclarar que debemos concentrarnos, ya que tenemos cinco meses de intenso trabajo. Cada día cuenta”, aseveró en entrevista con este diario.

Name, por su parte, ha insistido en que no se dejarán presionar y que discutirán las reformas con calma, teniendo en cuenta que son proyectos que prometen cambios estructurales del país.

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“El Congreso, a diferencia de lo que algunos pontífices de la democracia han dicho sistemáticamente, tiene una expresión muy conveniente, que son las dos cámaras, las cuales son una expresión todavía más refinada de la democracia frente a lo que algunos quieren, que es una sola cámara. Somos dos cámaras y, por ejemplo, en el caso de la reforma de la salud, ya la Cámara de Representantes le hizo el trámite y la aprobó. Ahora viene a consideración del Senado y la estudiaremos con el detenimiento que hizo la Cámara. La Cámara no tramitó la reforma apresuradamente y nosotros tampoco lo vamos a hacer de manera apresurada, sino de manera detallada y minuciosa para establecer su conveniencia para la nación”, le dijo a EL TIEMPO durante el receso legislativo.

Al contrario de lo que sucede en Cámara, donde el presidente de esa corporación, el liberal Andrés Calle, ha demostrado ser aliado del Gobierno y de hecho fue uno de los artífices en darle dinamismo al debate de la salud.

Calle, incluso, ha sido señalado por algunos sectores como el ‘caballo de Troya’ del Gobierno.

La reforma laboral, por su parte, tiene un poco más de oxígeno. Después de que se hundió en junio del 2023 por falta de trámite, en diciembre fue aprobada su ponencia positiva en la Comisión VII de la Cámara y ya fueron aprobados los primeros 16 artículos. Este proyecto todavía tiene hasta junio del 2025 para seguir su curso en el legislativo.

Ante este panorama, la duda que surge es cuál será la estrategia de la Casa de Nariño. Si bien la fórmula de ir congresista por congresista resultó efectiva tras el fin de la poderosa coalición conformada por los liberales, conservadores, ‘la U’, la Alianza Verde, Comunes y el Pacto Histórico, lo cierto es que requiere tiempo, tal y como sucedió con la ley de salud.

Por eso, algunos analistas, así como congresistas, coinciden en que el presidente Petro podría volver a acercarse a los partidos políticos para garantizar respaldos.

Precisamente, en los últimos días se viene hablando de cambios en el Gobierno Nacional y ya se han presentado los primeros nombramientos.

Por ejemplo, a la Superintendencia de Salud llegó el exconcejal de la Alianza Verde Luis Carlos Leal. Varios sectores analizan la llegada de Leal al Gobierno como una manera de buscar apoyos de ese partido, que está dividido con su postura frente a las reformas.

Así lo interpretó la analista Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Javeriana.

“Los cambios que se esperan en las cabezas de algunos ministerios han empezado por niveles secundarios, tal vez con el objeto de ir reacomodando los equipos, como es el caso de la llegada a la Supersalud de un exconcejal de la Alianza Verde. Eso le puede permitir al Gobierno abrir espacios de participación a fuerzas políticas que pueden ser aliadas en la discusión de los proyectos importantes para el Gobierno”.

El ministro Velasco, por su parte, reconoció que la tarea no es fácil porque partimos de la realidad de que hay tres partidos de gobierno que por sí solos no terminan de ser mayoría (Pacto, ‘verdes’ y liberales), dos partidos independientes importantes (conservadores y ‘la U’) y otras bancadas que son claves, como la Citrep.

“Hay un avance importante, pero tenemos que consolidar esa base para tener las mayorías. Debemos hacer un ejercicio de convencimiento de la bondad de las reformas, que nadie discute que el país las necesita. Nuestra tarea será dialogar y convencer. Este receso legislativo no ha sido de descanso. Nos hemos reunido con los líderes del Congreso de todo el país. Porque también tenemos que escucharlos, el Legislativo no es una notaría de nuestros proyectos”, comentó en la conversación con este diario.

Sin embargo, cada vez son más los movimientos en los partidos Alianza Verde y Liberal para pedirles a sus directivas que salgan de la coalición de Gobierno.

Un bloque de los ‘verdes’ insiste en que lo mejor es ir a la independencia para que así quienes quieran apoyar las reformas lo hagan libremente, pero también quienes estén en contra puedan expresar sus ideas.

“La posición en donde todos podemos tener garantías dentro del partido es la independencia, de manera que quienes quieran seguir apoyando al Gobierno, pues lo siguen apoyando. Pero quienes queramos ser independientes, con estatus de independientes, también lo podamos hacer. Creo que irnos en 2025 sí va a ser bochornoso porque vamos a quedar metidos en la misma bolsa de todos los tradicionales que saltan del barco a última hora y si lo hacemos ahora creo que los que quieren seguir apoyando al Presidente no tendrían por qué renunciar a eso y los que queremos seguir siendo independientes tampoco renunciaríamos a eso”, dijo la representante Catherine Juvinao, una de las principales opositoras de la ley de salud.

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Y en el Partido Liberal son varias voces las que insisten en que la colectividad no puede seguir en la coalición de gobierno.

El llamado se intensificó tras la dura carta del expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, en la cual dijo que el presidente Petro, a propósito del bloqueo en el Palacio de Justicia del jueves, actuaba con actos violatorios a la Constitución.

“Después de este comunicado, el Partido Liberal no debería ser partido de gobierno. Lo contrario sería un acto de incoherencia política casi absurdo que destruiría cualquier pretensión de legitimidad del partido y sus representantes”, comentó el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien salió del Gobierno por su postura en contra de la reforma de la salud.

El Ejecutivo también podría acudir a otra estrategia que ya ha utilizado en el pasado: la presión de la calle.

El mismo presidente Petro ha convocado a la ciudadanía en varias oportunidades para que salgan a las calles a defender sus reformas sociales y a pedirle al Congreso que las apruebe.

Pero este llamado no ha sido bien visto ni en el Capitolio ni en la opinión pública, pues hay sectores que consideran que son una presión al Congreso y a las cortes para que se aprueben los proyectos.

No obstante, no ha funcionado. Pero la estrategia no se descarta. Así lo dijo Clara López, senadora del Pacto Histórico, quien no descarta nuevas manifestaciones pero insistió en que estas no serán convocadas ni por la Casa de Nariño ni la bancada oficialista.

“Seguiremos confiando en el apoyo y la movilización social para que la gente entienda que estas reformas son urgentes, que no es un capricho del Gobierno, ni mucho menos, y que amplios sectores sociales estarán muy pendientes de esa discusión y ese debate en el Congreso”, comentó.

Y agregó que cree que “si se realizan serán convocadas por organizaciones sociales y las centrales obreras. El debate democrático no incluye solamente al Congreso, incluye a toda la ciudadanía”.

Por ahora, nadie se atreve a hacer pronósticos, pero lo cierto es que el Gobierno tendrá una prueba de fuego en la que además se juega el futuro de sus promesas de campaña.

Tengo el convencimiento de que las reformas van a ser muy discutidas, profundamente discutidas, pero que van a salir adelante.

Si usted mira lo que ha pasado en los últimos años en el país, se normalizó que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las grandes ciudades donde hay a los servicios públicos, a los servicios de salud donde hay trabajo, donde hay empleo, donde hay muchas más posibilidades y actividad económica, la vida transcurre como si fuese así la vida de todo el país, y resulta que no. Por ejemplo, en materia de salud usted va a cualquier lugar por fuera de los mencionados y pregunta cuál es el mejor hospital de Pasto y le contestan “Avianca”. Lo cierto es que el sistema de salud no funcionó para todo el mundo porque no está diseñado para ello.

Es lo mismo. El país se acostumbró a que la gente llegaba a su edad de retiro y le tocaba seguir trabajando indefinidamente en el rebusque, porque después de los 40, 50 años, conseguir un trabajo formal es casi un imposible. Apenas el 30 por ciento de la gente accede a una pensión. Esta reforma universaliza el apoyo solidario a todas las personas mayores de 65 años, no con una pensión completa, pero sí con un aporte suficiente para que puedan vivir la vejez dignamente.

Hay una especie de consenso en el derecho individual, de devolver las horas extras y muchas de las garantías laborales que fueron retiradas por la ley 789 del año 2000 y antes por la ley 50 es apenas lógico. Creo que hasta los grandes empresarios han caído en la cuenta de que tienen que repartir el bienestar no solamente a través de los impuestos, sino también a través de los salarios. Pero eso encuentra un gran inconveniente, porque lo quieren hacer es sin atender a la negociación colectiva.

Es una reforma que ya viene muy discutida y que está siendo objeto de quince audiencias públicas. Los cuatro meses del Senado me parecen apropiados, los tenemos que aprovechar al máximo, pero es una reforma que viene tan discutida que no vamos a empezar de cero; entonces, tengo confianza en que va a salir adelante, porque es una necesidad urgente en el país.

Es evidente que estas reformas lo que generan es pobreza e inequidad. Son absolutamente destructivas y antisociales. La responsabilidad del Congreso es negar, de tajo, estas reformas. Somos conscientes de la necesidad de hacer cambios y mejoras al sistema actual. Particularmente, cada crítica la comparto con una propuesta y nuestro papel desde la oposición no es hacer daño. Por el contrario, es hacer control político al Gobierno y poder construir un mejor país.

Es evidente que están construidas con tal nivel de carga ideológica que es imposible modificarlas de una manera en la que terminen siendo útiles para el país.

Así es. Arreglar estas reformas es prácticamente imposible. Primero, porque están construidas sobre premisas falsas. Segundo, porque no resuelven los problemas que diagnostican. Y, tercero, están fundamentadas en una carga ideológica y no en evidencia racional.

Es evidente que el Gobierno no va a rendirse y que hará lo que sea necesario para sacar adelante las reformas. Gustavo Petro ha perdido apoyo popular, pero mantiene capacidad de daño y gobernabilidad en el Congreso. Son evidentes las transacciones políticas entre algunos congresistas y el Presidente, que tienen como propósito comprometer el futuro de los colombianos a costa del interés personal de Gustavo Petro y de algunos que están dispuestos a apoyar estas reformas. Los congresistas deben entender que la inmensa mayoría de los colombianos votamos en contra del Gobierno y de las reformas el 29 de octubre en las elecciones locales.

Confío en que el presidente del Congreso va a brindar todas las garantías y no se dejará presionar del Gobierno para pupitrear estas reformas. Espero que tanto en la plenaria como en la Comisión VII se permita el debate profundo, transparente y público. Pero me preocupa que el Gobierno va a presionar a los congresistas para que sean aprobadas.

Las tres reformas generan pobreza, inequidad, destruyen oportunidades y son, absolutamente, antisociales.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA