‘Lo que se está configurando es un genocidio contra los firmantes’: Pastor Alape

Según datos de Indepaz, el año pasado cerró con 31 firmantes del acuerdo de paz de 2016 asesinados, es decir, 19 casos menos frente al 2023 y la cifra más baja desde la desmovilización de las Farc. Sin embargo, la situación aún preocupa, pues en los primeros días del 2025 ya se registraron dos crímenes. A esta situación se le suma las dificultades que experimentan los excombatientes por cuenta de los problemas de caja en el Gobierno.

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En entrevista con EL TIEMPO, Pastor Alape, coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz de Comunes, habla de la falta de acciones concretas del gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en la implementación y evitar la muerte de firmantes.

Este año ya hubo dos asesinatos de firmantes y no hubo respuesta del Estado colombiano. La misma entidad dedicada a la protección de los firmantes, que es la Unidad Nacional de Protección, ha desconocido el acuerdo de paz y ha nombrado funcionarios violando lo que establece el acuerdo, en donde se crea una subdirección especializada para la protección de los firmantes. Vemos mucha torpeza del director de esta unidad, de igual forma no hay una reacción efectiva del Ministerio del Interior frente a acciones de protección y del Gobierno frente a acciones para el desmonte de estructuras. Por eso decimos que hay un discurso que se puede aplaudir, pero hay pocas acciones del Gobierno. Eso da mucho miedo porque lo que se está hoy configurando es prácticamente un genocidio contra los firmantes.

Nosotros hablamos de la necesidad de implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección que implica que se coordinen todas las instituciones dedicadas a garantizar la vida de los firmantes, pero eso no ha sido posible porque no encontramos por parte de los funcionarios de Gobierno una comprensión real de lo que esto implica.

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Es una de las exigencias que hemos venido haciendo. Le hemos pedido celeridad a la Fiscalía para que ubique no solo el autor material, sino los determinadores.

Lo que hemos encontrado es que diversos actores armados han desarrollado una acción, si no coordinada, sí que se tiene como objetivo generar miedo hacia cualquier posibilidad de acuerdo. Buscan que el acuerdo, si antes no fracasa porque el Gobierno y el Estado son incapaces o no tienen la voluntad, lo haga por estos crímenes. Es lo que le pedimos a la Fiscalía, que nos diga qué hay detrás, si detrás de esto hay actores ilegales de gran poder económico que quieren mantener la situación de violencia porque han aprendido a fortalecer sus intereses en medio de la guerra y la paz no le favorece. Creemos que hay un patrón concreto de acción y de interés político en el fondo.

La preocupación la hemos hecho manifiesta. Escuchamos una narrativa muy comprometida con la paz por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente, en cuanto a las acciones dirigidas a la implementación del acuerdo y a lograr la paz total, pero ya en los términos concretos de su ejecución no. Esto ha generado una crisis dado que hoy ya hay una desfinanciación de las acciones para la implementación del acuerdo de paz.

Los firmantes están en crisis debido a que en el mes de diciembre no se entregó la asignación mensual o lo que la gente llama renta básica. Eso puso a la gente en una situación muy compleja, dado que muchos se sostienen de esa asignación mensual debido a que en los temas de empleabilidad no se han avanzado y tampoco en los planes de parte de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). 

De igual manera, en la sostenibilidad de los proyectos productivos tampoco se ha avanzado, hoy no hay ningún proyecto productivo que hoy sea sostenible: se sostiene el proyecto como tal, pero no sostiene a los asociados del proyecto. Eso ha generado una crisis bastante compleja y mucha inconformidad en el colectivo firmante.

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Hoy podemos decir que la unidad responsable de la reincorporación, la ARN, entra en crisis porque el presupuesto asignado hasta el día de hoy son 95.000 millones de pesos que no le permitirían funcionar. Esta es la primera situación crítica porque la reincorporación quedaría sin ninguna capacidad de responder a los firmantes. Esto no había ocurrido en ninguno de los gobiernos anteriores y ocurre en este. Claro, y hay que decir, que aquí también tiene una responsabilidad el Congreso. El Congreso tiene parte de esta responsabilidad porque no aprobó los recursos que pidió el Gobierno. Nosotros reclamamos acciones concretas para poder resolver esta situación y por lo menos establecer unos espacios de comunicación más asertivos.

Nosotros le hemos manifestado en varias ocasiones: ese plan de choque se inició sin una coordinación efectiva por parte del mecanismo encargado que es la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final). Es decir, son acciones unilaterales que, en la medida que se fue abriendo la discusión, se hicieron algunos pequeños ajustes a partir de las solicitudes que se hicieron.

Desde el año pasado no se han hecho los encuentros, digamos, formales. Sí hubo una reunión de componentes específicos con la doctora Laura Sarabia, pero estamos esperando que se abra este año con el reinicio efectivo de esta instancia para abordar estos temas sobre los que hemos manifestado una gran preocupación.

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Una de las prioridades para este 2025 debe ser la resolución de sanciones. La posición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no anunciar las sanciones hace que crezca una política de estigmatización contra los firmantes porque las víctimas creen que hay impunidad. La JEP diríamos es una acción que ha venido asumiendo de extenderse como a la justicia extraordinaria a la justicia punitiva, pues ha hecho esto mucho más complejo y esto no puede terminar como Justicia y Paz, es decir, nadie imaginamos que después de ocho años todavía nos estuviéramos enredados con las mismas posiciones que encontramos en la jurisdicción especial como un tribunal de cierre que fue lo que se aprobó. 

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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