Los pecados del Gobierno en el proceso de negociación con las disidencias de alias 'Calarcá'

El escándalo que rodea a la Unidad Nacional de Protección (UNP) luego de que las autoridades de Antioquia interceptaron una caravana que transportaba a un grupo de disidentes con órdenes de captura vigentes y que, además, tenían en su poder armas de fuego y altas sumas de dinero en efectivo, es solo uno de una larga lista de episodios que han dejado mal parado al proceso de negociación con lo que hoy el Gobierno denomina 'Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las Farc'.

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Solo hay que remontarse al inicio mismo de este proceso de negociación para darse cuenta de que esta fue una mesa que dio inicio dando tumbos. En aquel momento, octubre del 2023, este grupo se denominaba ‘Estado Mayor Central de las Farc’ y su principal cabecilla de cara a la opinión pública era Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.

La instalación de la mesa, que estuvo a cargo del por entonces comisionado Danilo Rueda, se realizó el 16 de octubre, es decir, una semana después de que el Gobierno convocó a más de 5.000 personas en Tibú, Norte de Santander, para dar inicio al proceso. El retraso se debió a desacuerdos en los términos del cese del fuego.

Desde esa fecha hasta hoy se han realizado cinco ciclos de negociación, se han firmado más de 10 acuerdos parciales y se han decretado dos ceses del fuego. Sin embargo, en el medio se desató una escalada violenta por parte del Bloque Suroccidental que derivó en la fragmentación de esta organización armada.

Esta fractura, que se percibía en medio de los ciclos de negociación, se hizo evidente en marzo de este año tras la suspensión del cese del fuego en Nariño, Valle del Cauca y Cauca, decisión que tomó el Gobierno como consecuencia de una serie de ataques contra una comunidad indígena en este último departamento y del asesinato de la líder indígena Carmelita Yule Paví, además de una serie de hostigamientos a la Fuerza Pública.

“Siempre ha estado en tela de juicio la cohesión interna porque lo que conocemos como ‘Estado Mayor Central’ no era una unidad clara a pesar de que la ‘paz total’ le permitió a este grupo armado dar pasos en materia de coordinación y les facilitó consolidar una especie de cuerpo colegiado. Pero es este mismo proceso de paz el que termina mostrando las falencias de ese proceso de unificación”, le dijo a EL TIEMPO Andrés Preciado, director de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cuando se confirmó dicha fragmentación.

Para varios analistas, uno de los pecados capitales en este proceso ha sido justamente no entender las dinámicas de esa organización, una que, según informes de la Fundación Ideas para la Paz, surgió entre 2017 y 2018 “de mandos importantes de las extintas Farc que se apartaron del proceso de paz o salieron poco después de la firma del Acuerdo”.

“En general, con el ‘Estado Mayor Central’ se entró a negociar con un bajo conocimiento del grupo”, señaló Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Andrés Macías, analista en temas de paz, considera que estos antecedentes ponen en riesgo la legitimidad de la mesa y de futuros acuerdos. “El problema es que ahora está negociando con un solo grupo, mientras que, por otro lado, se creó como una disidencia de la disidencia. Eso afecta gravemente la confianza en la política de paz. Se debería poner una pausa, reevaluar todo el contexto para saber con quién se está negociando y ver hasta qué punto se puede obtener un resultado positivo cuando, en el inicio del proceso, ya se presenta una división”, señaló.

Actualmente, según cifras de inteligencia militar, el Gobierno negocia con apenas el 40 por ciento de los disidentes. De hecho, el nuevo cese del fuego -que va hasta el 15 de octubre- incluye a apenas 15 frentes (cinco del Bloque Magdalena Medio y diez del Jorge Suárez Briceño), cuya influencia se concentra en los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila, Caquetá y Putumayo.

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Los analistas reseñan un factor adicional que dificulta este proceso: los fallos en el establecimiento de reglas claras y límites de la mesa. Desde que se llegó a un acuerdo para establecer una tregua a nivel nacional, la falta de un mecanismo de verificación robusto -no cuenta con la presencia de la Misión de Verificación de la ONU por falta de mandato del Consejo de Seguridad- y el bajo cumplimiento de esa organización de las reglas establecidas -fundamentalmente en el suroccidente del país- han sido el foco de las críticas.

El más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el cual analiza los hechos cometidos por las disidencias durante los nueve meses posteriores al inicio de la tregua, concluye que entre el 17 de octubre de 2023 y el 12 de julio de 2024 se registraron 120 acciones ofensivas atribuidas a las estructuras que conforman el 'Estado Mayor Central' y que de estas 115 son consideradas violaciones y cinco como incumplimientos directos al acuerdo de cese del fuego.

Entre los hechos que se les atribuyen aparece el desplazamiento forzado de 82 personas –hombres y mujeres firmantes, según cifras del Partido Comunes– del ETCR Miravalle, en San Vicente del Caguán, debido a las amenazas del frente ‘Iván Díaz’. También son responsables de instalar un monopolio ilegal con panfletos, extorsiones y amenazas a comerciantes y finqueros en el sur del Meta. Además, serían los responsables de instalar un campo minado en el municipio de Antioquia en el que perdieron la vida 6 militares el pasado 4 de julio -hecho que se le atribuye a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Firu', uno de los disidentes capturados este martes-.

“Se hizo del cese al fuego la razón de ser de la negociación y otras acciones violentas contra civiles nunca se incluyeron en las conversaciones”, manifestó Bonilla. Macías fue más allá y sostuvo que lo ocurrido este martes en Antioquia es la muestra de que “no se están teniendo controles estrictos sobre los protocolos que se han acordado”.

“Siendo un proceso con tanta visibilidad y con tantos riesgos, el que no se tenga un ejercicio estricto sobre los protocolos deja mucha que desear y siembra dudas sobre los demás protocolos y las demás instancias de la mesa”, agregó Macías.

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Un día después de que el Gobierno decretó la extensión de la tregua, alias ‘Andrey Avendaño’, jefe del Bloque Magdalena Medio, dijo que el desarme y su sometimiento a la justicia eran, para ellos, “puntos inamovibles”. “Lo más complejo es que el EMC no tiene clara una existencia de sí mismos en un escenario de paz. No sé si sea conveniente esa idea de no entregar armas”, señaló la subdirectora de Pares sobre estas declaraciones.

Esta declaración de Avendaño, que es similar a la pronunciada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, días atrás -señaló que no se veían entregando las armas en entrevista con Semana-, no generó ninguna respuesta por parte del Gobierno, algo que para los analistas es un error que puede tener repercusión en el futuro.

“Estos grupos plantean unas posturas o muy intransigentes o muy poco dadas a la negociación y no ve uno como esa respuesta o como esa fortaleza en los pronunciamientos del Alto Comisionado. Claro, esas son cosas que se van a negociar en la mesa y seguramente se solucionan de mejor manera, pero sí creo que generan problemas y un ruido que hoy no debería tener la mesa”, señaló Andrés Felipe Ortega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y analista en temas de paz.

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Si bien para este analista es una postura común cuando los grupos armados se encuentran en negociación, no deja de ser inconveniente. “Creo que el problema está relacionado con que eso no manda señales de confianza en la opinión pública. Esto está relacionado un poco con lo que hemos hablado en otras conversaciones y es como el costo político tan alto que resulta tener una conversación con un grupo que no parece estar, discursivamente ni en sus acciones, tan dispuesto a la paz”, concluyó.

Por ahora, el jefe de la delegación del Gobierno en esa mesa, Camilo González Posso, no dijo si habrá consecuencias luego del episodio con las camionetas; sin embargo, manifestó que respalda la actuación de las autoridades. “Ojalá estos inconvenientes y otros que se están presentando no frenen las iniciativas que son de beneficio para las comunidades”, dijo.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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