Colombianos en situación de pobreza usan menos el sistema de salud: aumentó automedicación y consultas a curanderos

El año pasado, el 11,5 por ciento de la población colombiana (6 millones de ciudadanos) se encontraba en situación de pobreza multidimensional, según los datos más recientes del Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM) del Dane, publicados esta semana. Y aunque el informe es positivo en casi todos los aspectos —pues la tasa de incidencia se redujo en 0,6 puntos porcentuales con respecto a 2023—, el gran lunar es la situación del a la salud.

De los 15 indicadores que integran el IPM, el único que registró un aumento fue el de ‘Barreras de a servicios de salud’, con una variación de 1,1 por ciento, pasando del 1,8 % en 2023 al 2,9 % de hogares que experimentaron esta privación en el 2024. Según resalta el informe del Dane “esta variación es estadísticamente significativa”. Las barreras son mayores en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Boyacá, Bogotá, Tolima, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Guainía.

En 2024, además, aumentó significativamente el número de personas en condición de pobreza que se enfermaron. Según el reporte, 2,2 millones de ciudadanos afirmaron haber padecido alguna afección el año pasado, frente a los 1,6 millones que dijeron lo mismo en 2023. Sin embargo, lo más grave es que, de esas personas que manifestaron estar enfermas, muchas menos decidieron tratar sus síntomas a través del sistema de salud. En cambio, aumentó la cantidad de pacientes que recurrieron a servicios médicos particulares, se automedicaron o consultaron a un curandero o yerbatero.

Según las cifras, de las más de dos millones de colombianos que manifestaron estar enfermas el año pasado, un 63,4 % decidió acudir a una Institución Prestadora de Salud a través del sistema de seguridad social; una caída frente al 2023, cuando el 68 % de los ciudadanos asistieron a una IPS para tratar sus síntomas. En contraste, hubo un aumento de 16,5 % en la cantidad de personas que decidieron realizar una consulta con médicos o expertos en salud de manera particular.

También hubo aumentos en el uso de mecanismos no tradicionales, porque el número de consultas con curanderos, yerbateros y comadronas crecieron en un 148,9 %. Las terapias alternativas como acupuntura, esencias florales, musicoterapias y homeopatía también vieron un aumento importante, con un crecimiento de 90 % en el número de colombianos que asistieron a este tipo de tratamientos.

Pero, sin duda, lo más grave fueron los aumentos en la automedicación, el consumo de remedios caseros y en la decisión de no tratar la enfermedad. El porcentaje de ciudadanos en condición de pobreza multidimensional que usó remedios caseros en 2024 creció en 84,9 % con respecto a 2023; mientras que aquellos que se auto recetan tratamientos crecieron en 97,5 %. Finalmente, los que decidieron no hacer nada aumentaron en 80,7 %.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, calificó las cifras del IPM como “graves”, porque en su concepto la crisis del sistema estaría “empobreciendo a los colombianos”, y afectando su capacidad de acceder a su derecho a la salud, sobre todo si se tiene en cuenta que este indicador era uno de los que más ayudaba a disminuir la pobreza.

“Hasta 2023, la salud era la política que más contribuía a la reducción de la pobreza multidimensional y de la inequidad. Otro indicador que se revierte, así como el aumento del gasto de bolsillo, la baja tasa de vacunación o la reaparición de enfermedades que creíamos superadas. Es urgente diseñar una ruta para recuperar la senda, hacer los ajustes requeridos y ofrecer soluciones a los pacientes y al sostenimiento del sistema y sus agentes”, señaló la directiva.

Con dicho análisis coincidió la directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, Cristina Isaza, quien añadió que lo que muestran los datos del Dane es un retroceso del país en el servicio de salud pública, debido a que el aumento de casi 150 por ciento en las consultas con curanderos y yerbateros es un reflejo de “exclusión sanitaria” y del “desespero de la ciudadanía” que estaría perdiendo el real y oportuno a la atención médica formal.

“El derecho a la salud no es solo tener una EPS, ni es únicamente un principio constitucional. Es tener efectivo a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento seguro. Cuando los pacientes se automedican o recurren a remedios caseros porque no hay alternativas, el Estado ha fallado. Esto no solo vulnera el derecho a una atención de calidad, sino que incrementa los riesgos de complicaciones, efectos adversos, enfermedades prolongadas o mal tratadas. A largo plazo, esta informalización puede derivar en un mayor número de muertes evitables y en la normalización de la precariedad en salud como única alternativa para millones”, alertó la experta.

Por su parte, el médico y Ph.D. en Políticas y Salud Pública, Ramón Abel Castaño, advierte que, de seguir así, cada vez más hogares se verán enfrentados a la situación en la que la salud se convierta en un factor que les impida salir de la pobreza. El aumento del gasto de bolsillo y el menor a tratamientos a través del sistema de salud podrían llevar a que las personas vivan situaciones similares a las que se experimentaron en otros países durante la emergencia del COVID-19, cuando millones de personas tuvieron que endeudarse para recibir atención médica, algo que no ocurrió en Colombia.

“La salud es uno de los grandes generadores de pobreza, tanto por la falta de a la salud como por el gasto que los hogares deben hacer. De hecho, durante la pandemia, y esto es algo que hemos insistido mucho los defensores del actual sistema, ningún hogar en Colombia tuvo que vender sus activos productivos o sus bienes fijos, como su casa, ni endeudarse para pagar la cuenta del hospital. Eso ocurrió en todos los países de la región, pero no en Colombia. Por eso, la salud en Colombia fue uno de los elementos que más contribuyó a la reducción de las inequidades y al índice multidimensional de pobreza”, agregó Castaño.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros