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Los poderosos exfuncionarios en reportes del supuesto saqueo a plata de paz

Investigador recibió amenazas. Hay evidencia de cartel de contratistas por $400.000 millones.

Emilio Archila, exconsejero presidencial (izq.), Luis Alberto Rodríguez, ex director DNP (centro) y Álvaro Ávila, ex jefe de regalías (der.) Foto: EL TIEMPO y Cortesía

09.07.2022 11:51 Actualizado: 10.07.2022 00:00

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Una agencia de inteligencia le está siguiendo el rastro, desde mayo pasado, a la construcción de una lujosa propiedad, en un exclusivo condominio en el departamento del Cesar, con lago y cascadas privadas.

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Tiene un poco más de 5.000 metros cuadrados, le dicen la ‘Casa Blanca’ y vecinos calculan que sus dueños le han invertido cerca de 5.000 millones de pesos en los últimos meses.

Las dudas radican en que la mitad del lote donde se levanta la casa campestre fue comprada, en 2019, por 200 millones de pesos; y la otra mitad (de igual tamaño y según papeles) aparece vendida en tan solo 50 millones de pesos, en 2021.

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Aunque no dan nombres, EL TIEMPO estableció que autoridades decidieron desempolvar la verificación de la ‘Casa Blanca’ porque uno de sus dueños apareció en las denuncias sobre el supuesto saqueo a los recursos de regalías que eran destinados a proyectos de paz.

Emilio Archila a su llegada a la Fiscalía. Foto:Archivo particular

Incluso, indagan supuestos movimientos de dinero a Andorra y la compra de un carro de alta gama que quedó destrozado en un reciente accidente vial.

Hace 48 horas, por el caso de los dineros de la paz, Emilio Archila –exconsejero para la Estabilización y Consolidación del gobierno Duque– rindió declaración (en calidad de testigo) ante un despacho de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía.

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El listado de preguntas se concentró en las denuncias que él mismo trasladó a los entes de control sobre el presunto cobro de ‘peajes’ o coimas a alcaldes, para que se aprobaran proyectos y millonarios desembolsos.

Trabajé preventivamente para evitar corrupción y que, si se presentaba la denunciáramos. De todo lo que conocí pedí investigaciones. Solicité medidas, unas urgentes y otras correctivas, que se adoptaron por la nueva directora del DNP. pic.twitter.com/9tMDI27MaI
— Emilio José Archila (@EmilioJArchila) July 4, 2022

Las 8 advertencias

Una de las advertencias se dio por los proyectos que se discutieron y aprobaron en el Ocad Paz 56. Foto:Archivo particular

Pero la Fiscalía también quiere saber por qué, a pesar de las denuncias, no se frenó la aprobación de proyectos y giros en el Órgano Colegiado de istración y Decisión (Ocad-Paz), del que Archila era cabeza.

Y, además, por qué esa instancia no atendió las ocho advertencias de la Contraloría General sobre irregularidades en la formulación de los millonarios proyectos, especialmente en la Costa.

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Una de las alertas, fechada el 10 de junio de 2021, se les dirigió a Archila y a Luis Alberto Rodríguez, entonces director de Planeación Nacional y actual candidato a contralor general.

Se les dijo que se debía hacer una revisión exhaustiva de treinta proyectos por inconsistencias documentales. Sin embargo, 19 de ellos fueron aprobados posteriormente, sin que supuestamente tuvieran soporte técnico, jurídico y financiero.

Trabajé preventivamente para evitar corrupción y que si se presentaba la denunciáramos. De todo lo que conocí pedí investigaciones.”, ha dicho Archila.

La misma alerta se repitió al menos siete veces en paquetes de proyectos que superaban los 400.000 millones de pesos.

“Trabajé preventivamente para evitar corrupción y que si se presentaba la denunciáramos. De todo lo que conocí pedí investigaciones. Solicité medidas, unas urgentes y otras correctivas, que se adoptaron por la nueva directora de Planeación”, ha dicho Archila tras la citación de la Fiscalía.

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Y Rodríguez, oriundo de Valledupar, ha defendido su conducta asegurando que Planeación no tenía voto en el llamado Ocad-Paz. Además, que las denuncias que llegaban se remitieron a los órganos de control.

De Caquetá a Planeación

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Álvaro Ávila por sus actuaciones como secretario técnico del Ocad Paz. Foto:Archivo particular

Pero el estudio técnico de los proyectos recaía en un subalterno de Rodríguez. Se trata de un abogado que ocupó hasta hace unos meses la dirección del Sistema General de Regalías (uno de los cargos clave de Planeación); y, a la vez, la secretaría técnica del Ocad-Paz.

Su nombre es Álvaro Ávila Silva, quien llegó a ese cargo tras ser secretario del partido Mira y asesor del Ministerio de Hacienda cuando Rodríguez era viceministro de esa cartera. Antes, Ávila fue secretario de despacho de la gobernación de Caquetá. Y, en 2014, fue sancionado por no cumplir requisitos para ocupar el cargo de jefe de control interno de esa entidad.

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Su nombre aparece en una denuncia anónima, en la que se asegura que la secretaría técnica a su cargo expidió certificaciones para más de 500 proyectos que no cumplían requisitos y cuando estos ya se estaban ejecutando.

Por ese caso, Ávila está siendo investigado por la Procuraduría; y también está bajo la lupa de la Contraloría delegada intersectorial de Regalías.

En esta última se indaga un contrato de es solares, por 10.423 millones de pesos, en un caso en el que también se menciona a Archila y a Rodríguez. Además, a un contratista del Ministerio de Minas y a un funcionario de Planeación, sede Cesar. EL TIEMPO omite sus nombres para no entorpecer la investigación.

Proyecto de es solares en Fonseca (La Guajira), uno de los municipios donde se habría presentado cartelización en contratación con recursos de regalías para la paz. Foto:Agencia de Renovación del Territorio

“Es un entramado de suplantaciones para atacar, dañar y enlodar mi nombre”, dijo Álvaro Ávila a Blu Radio.

Sin embargo, este diario reveló que ya hay un juicio fiscal contra alcaldes de siete municipios de La Guajira y Cesar, por un detrimento de más de 67.000 millones de pesos en contratos de instalación de es solares.

Los proyectos eran donados por una misma persona y ejecutados por uniones temporales en las que se repiten las mismas empresas.

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Y la Contraloría está revisando contratos de es solares en todo el país, con los mismos patrones de ejecución, por 750.000 millones de pesos.

Ávila le dijo a Blu Radio que las denuncias en su contra son sin rostro: “Un entramado de suplantaciones para atacar, dañar y enlodar mi nombre”. Además, que no tenía poder decisorio sobre los proyectos.

En enero de 2022 la Contraloría envió informe final de auditoría de proyectos de es solares en Cesar y La Guajira a la Fiscalía General de la Nación para que abriera las investigaciones correspondientes. Foto:Archivo particular

La boda y la amenaza

Denuncia por injuria y calumnia que presentaron ante la Fiscalía Felipe Córdoba, Aníbal Quiroz, Juan Carlos Gualdrón y José Arías, altos funcionarios de la Contraloría. Foto:Archivo particular

Y si bien la Contraloría envió las advertencias desde 2020 y trasladó varios hallazgos a la justicia penal, dos de sus altos funcionarios –aspirantes a contralor general como Rodríguez– también terminaron mencionados en una denuncia.

Se trata de Aníbal Quiroz, contralor delegado para Regalías (también de Valledupar); y el bogotano Juan Carlos Gualdrón, delegado para el posconflicto.

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En denuncia que ambos interpusieron en agosto pasado, niegan tajantemente los señalamientos que aparecen en correos que le llegaron a Archila. Allí se los vincula con las supuestas presiones e intimidaciones para que se retiraran proyectos porque “no habían negociado dádivas con ellos y con Ávila”.

Tras advertir que la Contraloría no tiene poder decisorio y que ellos son los que han lanzado las alertas sobre irregularidades, no atendidas, pidieron que se investigara el caso con una asignación especial.

Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para posconflicto y Aníbal Quiroz, contralor delegado para regaías. Foto:Contraloría y redes sociales Aníbal Quiroz

No puede hacer carrera la calumnia e injuria pic.twitter.com/45XVPeZqS9
— Anibal Jose Quiroz M (@AnibalQuirozMon) July 7, 2022

EL TIEMPO estableció que Aníbal Quiroz recibió amenazas en los últimos días. Foto:Archivo particular

De hecho, EL TIEMPO estableció que Quiroz acaba de interponer una denuncia contra un tuitero que habló de cobros por aprobar proyectos del Ocad-Paz.

Además, hizo referencia a que Quiroz supuestamente gastó mucho dinero en su boda en Valledupar, en 2021.

“Es claro que tales afirmaciones son falsas (…) no existe prueba alguna, en ningún momento he sido llamado por ningún órgano de control a rendir cuentas acerca del proyecto Ocad-Paz”, aseguró Quiroz. Y explicó el origen del dinero con el que cubrió su fiesta de boda.

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Y EL TIEMPO estableció que Quiroz denunció que recibió amenazas el pasado viernes: “Los sapos mueren aplastados, como tu ijue (sic). Renuncia sapo, no jodas más. Vas a pagar con sangre”, dice un chat que le llegó.

Por ahora, tras oír a Archila, la Fiscalía se alista a citar a funcionarios, exfuncionarios y contratistas de al menos siete departamentos.

Boda del contralor delegado Aníbal Quiroz en Valledupar. Foto:Archivo particular

Los contratos de es solares

La Contraloría encontró que, en al menos 8 municipios de La Guajira y Cesar, habría cartelización en contratos de es solares. Foto:Agencia de Renovación del Territorio.

EL TIEMPO estableció que la Contraloría General de la República alertó a la Fiscalía y a la Procuraduría –desde el 20 de enero pasado– de una presunta cartelización de proyectos de es solares en al menos nueve municipios de La Guajira y Cesar.

El ente de control halló presuntos incidentes penales y disciplinarios en ocho proyectos de generación de energía no convencional, que fueron auditados en una actuación de fiscalización a la inversión de recursos de regalías Ocad Paz.

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La Contraloría halló que los estudios y la estructuración de los proyectos fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin ninguna relación contractual con las entidades. “Se configura una malla contractual, con el mismo formulador y una misma firma contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales”, dijo la entidad.

Estas son los municipios donde habría una cartelización de contratos para es solares con recursos de la paz. Foto:Archivo particular

Este diario pudo establecer que las empresas Baz Marine S. A. (una sucursal en Colombia de una firma extranjera) y Esco Compañía de Servicios Energéticos S. A. S. aparecen en uniones temporales en al menos 6 proyectos, de los cuales en 3 son las únicas empresas que figuran. Además, Diseléctrico S. A. S. forma parte de 4 uniones temporales, 2 de ellas con Baz Marine y Esco.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

El articulador de 6 proyectos en La Paz, Pueblo Bello, Agustín Codazzi y Becerril, en Cesar; y Fonseca y Dibulla, en La Guajira, es Henry Alfonso Pérez Castro. En Urumita, también en La Guajira, el estructurador fue Pedro de Jesús del Gallego. La Contraloría también auditó los proyectos en San Juan del Cesar y Chiriguaná.

El valor total de los proyectos con presunta cartelización asciende a 55.066 millones de pesos.

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