El drama oculto de la violencia de género en la atención médica

“Me pusieron en una camilla y mientras me preparaban para el aborto al lado había una mujer en trabajo de parto. Semanas atrás, el día en que me informaron que a mi bebé no le latía el corazón, escuchaba a todo volumen el ultrasonido de otra embarazada con quien compartía el consultorio. No sé si todas sintamos lo mismo, pero para mí esa falta de tacto es deshumanizante”.

Una mezcla de sentimientos, entre dolor e indignación, se apoderan de Claudia Milena Gonzáles al recordar los desafortunados episodios que vivió en sus dos embarazos. En el primero de ellos, a la sexta semana le informaron que el corazón de su bebé se detuvo y había sufrido un aborto retenido, que es cuando el feto muere, pero el cuerpo de la madre no lo expulsa por su cuenta.

Ese día, cuando recibió la noticia escuchando los latidos del hijo de otra mujer, Claudia Milena empezó un viacrucis de situaciones con las que se sintió violentada y le dejaron graves secuelas sicológicas, de las que hasta el día de hoy intenta recuperarse.

“Un aborto retenido tiene un impacto emocional mayor, ya que como madres sabemos que llevamos a nuestro hijo muerto en el vientre, pero aún conservamos la esperanza de que su corazón vuelva a funcionar. Yo leía en internet casos de otras mujeres en los que después de unos días la criatura respondía y esa incertidumbre me estaba matando'', relata González.

Por la carga de la pérdida de su embarazo y las implicaciones del aborto al que debía someterse, la madre primeriza pidió repetidas veces acompañamiento sicológico, pero, según cuenta, el servicio le fue prestado demasiado tarde. Además, recibía un trato “displicente, poco empático y hasta humillante” por parte de los profesionales de la salud, que aumentaba su agobio.

“Ya me habían introducido las pastillas abortivas y esperaba expulsar el feto, bajo la constante amenaza de los especialistas de que si no lo hacía debían hacerme un legrado -que es una especie de raspado del útero-. En un momento entró la ginecobstetra de turno, me preguntó por lo ocurrido y mientras le contaba me interpeló para decirme: “¿Por qué no esperaron un poco más? Quizás le hubiera latido el corazón”. Me derrumbé por completo”.

Años después, la noticia de su segundo embarazo tuvo un sabor agridulce para Claudia Milena, pues aún estaba fresco el trauma de la pérdida anterior. Infortunadamente, tras superar el primer trimestre le descubrieron una infección en el líquido amniótico que, si bien era tratable, amenazaba el feliz término de la gestación. Sin embargo, la pesadilla se repitió cuando al intentar hallar soluciones al problema se estrelló con negativas, insensibilidad y poca información de las alternativas para salvar a su hija.

“Recuerdo que en un examen decisivo para determinar qué hacer, el médico que me atendió me dijo al llegar: “Siéntese, no me hable durante el procedimiento porque me distrae y al final le responderé tres preguntas”. La ecografía fue dolorosa. Me oprimía muy fuerte y cuando se lo hice saber me dijo que era necesario para poder ver bien la imagen. Pero yo sentía que me estaba maltratando. Al final las respuestas fueron monosílabas y me fui con más dudas que certezas”, narra González.

Tres obstetras de la EPS le ordenaron a Claudia Milena esperar un aborto espontáneo o le propusieron opciones inviables, entre ellos un examen cuyos resultados eran entregados un mes después, corriendo el riesgo de que durante ese tiempo perdiera a la bebé. Finalmente, la paciente decidió pagar por privado, donde obtuvo un servicio de calidad y pudo terminar satisfactoriamente el embarazo. Hoy es madre de una niña de ocho meses, completamente sana.

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Como este testimonio se encuentran centenares de relatos de mujeres que vivieron experiencias traumáticas en los pabellones de maternas y consultorios ginecológicos, muchos de los cuales no tuvieron un final feliz. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) categorizaron estas malas prácticas como violencia obstétrica, un término con el que el gremio médico no se siente del todo cómodo, pero que indiscutiblemente es una realidad que se debe combatir.

Para los colectivos feministas, este tipo de maltrato no es más que la reproducción del machismo estructural en la atención médica a la mujer, los cuales, al intervenir en su salud sexual y reproductiva -un aspecto vulnerable-, requieren de un enfoque diferencial de género.

María Paula Toro, de 7 Polas, uno de estos movimientos, asegura que el común denominador de la violencia obstétrica es la anulación de la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones que involucran sus cuerpos. “Recibimos maltrato verbal, con comentarios inapropiados; psicológico, con manipulaciones y desinformación; y hasta físico, en la práctica de procedimientos invasivos que no hemos autorizado o no son necesarios”, agrega la activista.

Esta definición coincide con la que estipula el ICBF, que además advierte que “son hechos que pasan desapercibidos al ser naturalizados por las pacientes, quienes, en la mayoría de los casos, desconocen sus derechos, no saben cómo identificar las agresiones y no están empoderadas para tomar medidas al respecto”.

Precisamente, Claudia Milena confirma que ese fue el conflicto que enfrentó como víctima de esta violencia. “Los médicos están en una posición difícil de controvertir. Terminamos aceptando el maltrato porque lo consideramos parte del protocolo de salud y, al no tener su conocimiento ni suficiente información sobre los procesos, acatamos ciegamente sus decisiones”, puntualiza.

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Dicha normalización, junto con la intimidad que envuelve las situaciones que hacen parte de la salud sexual y reproductiva de la mujer impiden que el fenómeno salga a la luz y se creen nuevos parámetros en la atención que garanticen el completo bienestar de las vidas comprometidas, que es el fin último de la medicina.

“El gremio médico opera para que, en este caso, las gestantes y el recién nacido gocen de buena salud. Esta es su función social, la cual no puede desconocerse. No obstante, hay una línea límite donde el profesional sobrepasa su rol y utiliza su autoridad sobre la paciente para coartar su autonomía, violar su privacidad o violentarla como mujer”, indica la vocera feminista de 7 Polas.

Con el objetivo de romper con la naturalización que perpetúa la violencia obstétrica, el ICBF enumeró una serie de situaciones que pueden considerarse como tal para que las mujeres tengan herramientas para hacer respetar sus derechos.

Entre ellas destaca “el desarrollo de controles rápidos y poco humanizados, la omisión del consentimiento informado, reproches, críticas o comentarios inadecuados por parte de los profesionales de la salud, no garantizar las condiciones óptimas de privacidad -en especial para procedimientos como tactos y exploraciones vaginales-, así como el suministro injustificado de medicamentos y la acelerada inducción del parto”.

Una vez la paciente se reconoce como víctima de violencia en su atención médica, según lo estipulado por el Ministerio de Salud, puede interponer una petición, queja o reclamo ante su EPS, en las secretarías locales, departamentales o en la Superintendencia Nacional.

Ahora bien, este es el mismo protocolo indicado para fallas en los trámites istrativos, como demoras en las autorizaciones o incumplimientos, y no contempla un tratamiento diferenciado de género que exige este tipo de violencia. Este hecho también impide que se tenga un registro de los casos, pese a que los testimonios existen y son claramente identificados.

Para darles un mayor peso a las denuncias de las mujeres, actualmente está en curso en el Congreso una norma que establece sanciones para prevenir las malas prácticas en los servicios médicos ginecobstétricos.

La senadora Nadia Blel es la autora de esta iniciativa que reconoce los vacíos legales que aumentan la vulnerabilidad de las pacientes y crea mecanismos para la defensa de sus derechos, ya no solo como un trámite istrativo, sino soportados en la ley.

“Es importante que en Colombia contemos con una estrategia que exija a los médicos incluir el enfoque de género en la atención, sobre todo en las especialidades de ginecología y obstetricia, para que toda decisión sobre el cuerpo de las mujeres sea cien por ciento consensuada, evitando violencias de todo tipo”, señala la congresista conservadora.

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Blel añade que no se trata de generalizar injustamente la labor de los profesionales de la salud, sino de encontrar las falencias del sistema que siguen reproduciendo estos escenarios nocivos y llegar a acuerdos con el gremio para transformar esta realidad en pro de la equidad.

La comunidad médica, aunque ite que existen dificultades en la atención, considera que la violencia obstétrica es un término peyorativo hacia su trabajo, ya que los califica como victimarios y desconoce múltiples factores que pueden influir en la inconformidad de las pacientes.

“Como especialistas hemos intentado cambiar esta expresión, porque, al referirse al médico como agente agresor, limita la materialización de soluciones al producir reacciones de defensa en el personal de salud”, indica el doctor Jimmy Castañeda, director del Departamento de Educación de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog).

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El profesional ratifica que no desconocen los casos de maltrato en la atención ginecobstétrica, los cuales -coincidiendo con la senadora Blel y la activista Toro- cree que derivan de la violación a la autonomía de la paciente.

“La mujer gestante tiene una posición de vulnerabilidad y legalmente hace parte de un segmento de la población en estado de indefensión. Por esta razón debe ser mucho más sensible su atención y tratamiento. El médico debe explicar siempre todas las actividades que le realice y tener su consentimiento. El límite con la agresión probablemente se cruza cuando se ignora que, salvo casos urgentes, es ella la dueña de sus decisiones”, advierte el doctor Castañeda.

Revertir esta realidad es el propósito común de organismos de protección de derechos, movimientos feministas, personal de salud y sociedad civil. El vocero de Fecolsog recalca que el camino para lograrlo es a través de la educación. Por eso, asegura que como gremio promueven diferentes actividades académicas para sensibilizar y prevenir cualquier tipo de maltrato.

Por lo pronto, María Paula Toro resalta la importancia de que las mujeres estén informadas sobre todos los procesos en torno a su salud sexual, gestación y el parto. “Este es el arma más poderosa para hacer las preguntas necesarias y no perder el poder de decisión que termina subordinando a la paciente en la relación con su médico”.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción EL TIEMPO