Atención: Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, es llamado a imputación por el saqueo de la UNGRD

La Fiscalía acaba de anunciar que el equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (UNGRD) solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá audiencias de imputación contra el exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán.

(Lea: César Manrique, exmano derecha del presidente Petro, y siete más serán imputados por el caso de la UNGRD)

Esta imputación fue revelada el fin de semana en exclusiva por EL TIEMPO, y la audiencia de imputación también contempla solicitud de medida de aseguramiento al ser señalado como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

González figura, según testimonios, como una de las fichas claves del saqueo gestado dentro de la UNGRD. De hecho, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo incluyó en el proceso, tras los testimonios entregados específicamente por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad, luego de señalar que González habría dado instrucciones para facilitar la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

Uno de los puntos clave en estas versiones es que presuntamente por orden de González se organizó un cónclave con altos funcionarios donde se concretó el desembolso de la jugosa coima a los expresidentes del Congreso.

Allí se definió la entrega de forma escalonada y controlada de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle, quienes para finales de 2023 ejercían funciones estratégicas dentro del Congreso. Con este dinero, presuntamente, ayudarían a asegurar el respaldo a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mientras avanzaban las investigaciones por es este caso, González abandonó el país y fuentes ligadas al hecho de corrupción que se estaba gestando, indicaron a este diario que estaría tramitando asilo en España. Sin embargo, su defensa, encabezada por el penalista Iván Cancino señaló que el viaje fue por motivos personales, aludiendo a un período de descanso.

La salida del exfuncionario coincidió con la renuncia de su esposa, Luz Dana Leal, a un cargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo que ha incrementado los rumores y cuestionamientos sobre su paradero y sus intenciones frente a la justicia.

Hace solo 24 horas, la Fiscalía también anunció imputación contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento istrativo de la Función Pública y mano derecha del presidente Gustavo Petro, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, relacionados también por el caso de la UNGRD. 

También está el abogado Édgar Riveros Rey, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propia, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD,  fueron llamados por los delitos delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Además de Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Y por último, Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento istrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, serán imputados por el delito de lavado de activos.

Redacción Justicia