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Noticia
‘Con estas medidas se pone en riesgo el derecho a la salud’: procuradora Margarita Cabello sobre Supersalud
Procuradora Cabello dice que Gobierno debe garantizar estabilidad financiera del sistema de salud.
La procuradora Margarita Cabello habló con EL TIEMPO sobre las actuaciones de la Supersalud y la indagación que inició su despacho a raíz de la denuncia interpuesta por Keralty, propietaria de la EPS Sanitas.
Procuradora, ¿cuál es la actuación que está cumpliendo el Ministerio Público a raíz de la intervención, esta semana, de Sanitas y de la Nueva EPS por la Supersalud?
La Procuraduría General de la Nación, en atención a la gran crisis que viene afectando al sistema y ante la solicitud de una de ellas, Sanitas-Keralty, expidió una resolución de agencia especial de intervención preventiva, conformada por cuatro delegados, con el fin de realizar todas las actividades legales conducentes a conocer las razones técnicas, jurídicas y financieras tenidas en cuenta para tomar estas decisiones de gran trascendencia en la garantía de los derechos de millones de colombianos. Y en virtud de la queja disciplinaria presentada, se abrió la correspondiente investigación a efectos de verificar si hubo o no falta disciplinaria en la decisión de orden de intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud. Adicionalmente, nos corresponde vigilar las actuaciones del agente interventor con el propósito de que las realice en garantía de los derechos fundamentales de la salud de los afiliados.
¿Está en riesgo la atención de los millones de s del sistema de Salud?
Con estas medidas y con lo que ha venido ocurriendo desde finales de 2022, todo el 2023 y lo que va de este año –por ejemplo con el no pago de los presupuestos máximos, el no atender las solicitudes de los diferentes actores, entre otras decisiones– se viene poniendo en riesgo la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los colombianos. Esto se ha reflejado en más tutelas, escasez de medicamentos, dilación de las atenciones, no pagos a la cadena de proveedores, entre las muchas afectaciones al sistema de salud, todo lo cual atenta contra la vida y salud de los afiliados. La ley estatutaria de salud establece el deber del Gobierno de garantizar la estabilidad financiera del sistema y así lo ha venido ordenando la Corte Constitucional.
Inspección de la Procuraduría a la Superintendencia de Salud tras intervención a Sanitas y Nueva EPS. Foto:Cortesía
Ustedes llevan a cabo una labor preventiva. ¿Han descubierto incumplimientos de Sanitas y Nueva EPS, como lo afirma la Superintendencia?
Todas las EPS tienen inconvenientes por las fallas estructurales del sistema, que obedecen en gran medida a la sostenibilidad financiera y a los no pagos oportunos, pero ellas vienen cumpliendo con sus funciones y, más aún, muchos s de la Nueva EPS y de Sanitas, a raíz de estas últimas actuaciones, han manifestado su satisfacción con sus EPS y sus preocupaciones por la intervención. Las quejas, que claro que existen, y las que se presentan ante la Procuraduría las trasladamos a las EPS, que les dan trámite y las responden positivamente. Las mayores quejas se relacionan con la no atención oportuna en citas, consultas con especialistas por enfermedades graves y entrega de medicamentos de alto costo. En estos dos años debo decir que hemos atendido quejas de todos los actores del sistema y se han hecho esfuerzos grandes desde la Procuraduría para que este no colapse, entre ellos requerimientos a las autoridades de salud y solicitudes ante la Corte Constitucional y autoridades judiciales.
La EPS Sanitas, con 5,7 millones de afiliados, fue una de las intervenidas esta semana por la istración de Petro. Foto:Getty Images
¿Cuáles son las primeras conclusiones tras la visita a Supersalud?
Las procuradurías delegadas asignadas están analizando la información suministrada. Según lo que se me ha informado, en unas dos semanas podremos tener un primer informe.
¿Hay alguna investigación contra el Superintendente de Salud?
Los resultados disciplinarios dependen de las pruebas que se están acopiando.
Distintas fachadas de Nueva EPS en Bogotá. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
En el gobierno del presidente Iván Duque se intervinieron varias EPS y la Procuraduría tomó acciones para vigilar esos procedimientos, ¿qué concluyeron?
No solo en el gobierno de Duque, sino en otros gobiernos también existieron intervenciones y vigilancia de la Procuraduría General. La diferencia es que se trabajó con el apoyo coordinado de la Supersalud. Las medidas no fueron intempestivas, estaban precedidas de medidas previas, planes de acompañamiento, vigilancia, debido proceso y garantías. Caso Coomeva, por dar un ejemplo. Con los interventores y liquidadores, así como con la Supersalud, se trabajaba coordinadamente para garantizar los derechos de los s y el cumplimiento de obligaciones.
El Congreso hundió la reforma de la salud del gobierno de Petro. ¿Cree que esa reforma le convenía al país?
Respecto del proyecto de reforma de la salud, se escuchó a todos los sectores que tienen que ver con el tema y con base en ellos se realizó un extenso estudio que se presentó a las comisiones, representantes, senadores y Congreso en general, y también en foros técnicos, sobre las implicaciones y retroceso que traía el proyecto. Se alertó sobre la desarticulación del sistema, estatización, falta de análisis y estudios financieros de los costos de la reforma. Adicionalmente, la afectación a pacientes con procedimientos y tratamientos de alto costo, eliminación de la libre escogencia, ausencia de gestión del riesgo, atomización del sistema y la incapacidad técnica de Adres para asumir auditorías y pagos de millones de actividades que actualmente realizan las EPS.
Bogota abril 3 de 2024. Ministro Luis Fernando Velasco y Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de salud en la Comisión septima de senado debate a la reforma de la salud. Fotos: Milton Diaz / El Tiempo Foto:Milton Diaz / El Tiempo
Además de las intervenciones que sacudieron el sistema de salud, también esta semana Compensar pidió ser liquidada...
A raíz de la solicitud de la EPS Compensar para que se apruebe su liquidación voluntaria, podríamos estar en una crisis más grave que la del 2008, y no está de más recordar que desde hace mucho tiempo la Corte Constitucional ha requerido a los actores estatales para que hagan mejoras, hagan sostenible el sistema y refuercen su estabilidad financiera.