La respuesta completa de la Fiscalía al gobierno Petro sobre casos del 'clan del Golfo'

En un documento de 25 páginas dirigido al ministro de Justicia, Néstor Osuna, la vicefiscal general, Martha Mancera, respondió al gobierno de Gustavo Petro, quien ha hecho reclamos al ente acusador criticando una supuesta inacción de la Fiscalía para prevenir 200 supuestos homicidios del ‘clan del Golfo’.

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Es de aclarar que la Fiscalía ha explicado que no son ciertos estos supuestos 200 asesinatos. ¿Qué sí es cierto? El informe se refiere a un expediente en particular, identificado con la noticia criminal 110016000088200800056, y habla del origen y temporalidad de ese caso, así como al esclarecimiento de 21 homicidios ocurridos entre 2021 y 2022, y de otras operaciones por diversos delitos en la región Caribe.

La respuesta enviada por Mancera comienza con una reflexión sobre la colaboración armónica entre los poderes públicos en la que dice que “la Fiscalía General de la Nación nunca se ha opuesto a suministrar información investigativa al señor Presidente de la República”, pero que esta debe ser solicitada por los canales institucionales previstos para ello.

Continúa diciendo que desde el comienzo del periodo presidencial de Petro el ente acusador le ha enviado semanalmente al Gobierno informes sobre la operación de las diferentes estructuras criminales en Colombia, incluida la entrega semanal de los censos delictivos de la entidad.

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Frente al caso concreto por el cual el Presidente reclamó, el documento señala que desde el 10 de mayo, en una rueda de prensa, se aclararon, entre otras cosas, “que la indagación que fue objeto de publicación en la prensa nunca ha dado cuenta, desde el punto de vista probatorio, de la comisión de 200 homicidios”.

También se señaló que la investigación, que se inició por denuncias de extorsión e información de una fuente no formal, cubre la temporalidad 2008 al 2010, y que sobre 21 homicidios producidos entre 2021 y 2022, que no son investigados en este expediente, se ha avanzado en su esclarecimiento exitoso, al haber resuelto ya lo que sucedió en 12 casos. “Se reitera que, salvo un solo caso, no se trata de eventos detrás de los cuales exista una estructura criminal”, añadió.

Así mismo, la vicefiscal le explicó al Gobierno que la investigación sigue en curso y del monitoreo de las líneas telefónicas interceptadas se ha establecido que sus interlocutores “operaban en municipios específicos de Magdalena, esto es, Ciénaga, el Retén, Aracataca y Fundación; no en toda la costa Atlántica colombiana, como declaró ante un medio de prensa un investigador que hizo parte del caso”.

Así mismo, señaló que se decidió fortalecer el avance de la indagación con la designación de un fiscal de apoyo de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales, así como con investigadores expertos en contexto con vocación probatoria, labores de reescucha y verificación en los territorios.

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La tercera parte del documento enviado por Mancera se refiere a la investigación y judicialización de la criminalidad organizada en la costa norte del país. Allí, en primer lugar, se menciona que entre 2008 y 2010, en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena se presentaron 3.306 homicidios, “sobre los homicidios ocurridos entre 2008 y 2010, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena se alcanzó una tasa de avance de esclarecimiento de 17 %”.

Además, se presentó información del periodo 2020 al 2023, señalando que en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena se presentaron, al 31 de mayo, 6.250 homicidios dolosos, de los cuales tienen avances para el esclarecimiento 2.599, para una tasa del 42 por ciento.

En cuanto a masacres en este periodo, la Fiscalía respondió que en esos departamentos, entre 2020 y 2023 se han presentado ocho homicidios colectivos, con 36 víctimas de homicidio doloso, “sobres las cuales se cuenta con avance de esclarecimiento en 32, para una tasa de esclarecimiento del 90 %”.

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El informe de la vicefiscal Mancera también incluye datos sobre la ocurrencia y el esclarecimiento de otros delitos como feminicidio, violencia sexual y violencia intrafamiliar.

Esta parte del informe incluyó un apartado específico sobre lo que ha hecho la Fiscalía contra el ‘clan del Golfo’ en Cesar, Magdalena, Atlántico, La Guajira y Bolívar, donde el ‘clan’, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), hace presencia a través de las subestructuras ‘David Mesa Peña’, ‘Francisco José Mórelo Péñate’, ‘Manuel José Gaitán’, ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’, ‘Édgar de Jesús Madrid Benjumea’ y ‘Erlín Pino Duarte’.

“En el periodo de la actual istración, en los departamentos del norte de Colombia, la Fiscalía ha logrado, por medio de sus fiscales delegados y ante los jueces de control de garantías, la captura de 376 integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Agc, y ha obtenido medida de aseguramiento en 356 de ellas, lo que significa un porcentaje de efectividad del 94,68 %. De estas capturas, 74 han sido sobre cabecillas”, detalla la vicefiscal Mancera.

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Y en cuanto a los municipios de Fundación, Ciénaga, El Retén y Aracataca, en Magdalena, la Fiscalía respondió que ha capturado “a 22 integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, de las cuales ha obtenido medida de aseguramiento en 19 de ellas, lo que significa un porcentaje de efectividad del 86,36 %”.

Sin embargo, también reiteró el llamado que en varias ocasiones ha hecho el fiscal general Francisco Barbosa sobre múltiples órdenes de captura que no han podido materializarse.

“De las órdenes de captura emitidas por cuenta de la Fiscalía contra el grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), 'clan del Golfo' a nivel nacional, están pendientes por materializar 688, de las cuales 184 son contra cabecillas de este grupo armado. Esto se debe, debe indicarse, a falencias en materia de política pública de prevención y seguridad por parte del Gobierno Nacional”, se lee en el informe.

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Este apartado de resultados contra el grupo ilegal que hoy maneja alias Chiquito Malo también señala que se han impactado las finanzas criminales del grupo, y en particular en la región Bolívar–Magdalena se han incautado 750 bienes avaluados en más de 45.245 millones de pesos.

También se incluyó información sobre la judicialización de exparamilitares bajo la Ley de Justicia y Paz, “en los últimos 39 meses, la Dirección de Justicia Transicional ha imputado 75.896 hechos delictivos en el marco de la Ley 975 de 2005, atribuibles a las estructuras armadas paramilitares desmovilizadas”; de esos más de 75.000 hechos, 33.044 son de delitos cometidos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba.

En esta parte también se envió al Gobierno información sobre los bienes que se han entregado para la reparación de víctimas de los paramilitares; así como datos

sobre las personas desaparecidas que ha ubicado en los últimos 39 meses, la Fiscalía, puntualmente, se relaciona la exhumación de 1.881 víctimas de desaparición forzada tanto en cementerios como en campo abierto, de los cuales 312 cuerpos se recuperaron de la región Caribe.

Al final del informe, la vicefiscal Martha Mancera le reiteró al Ministro de Justicia, y por su vía al Gobierno Nacional, la preocupación del ente investigador por la falta de ejecución de las órdenes de captura contra integrantes de grupos criminales “responsables de los hechos de violencia más graves del país, lo cual es una responsabilidad de la Fuerza Pública, cuya comandancia radica en el señor Presidente de la República (...) La no ejecución de estas órdenes de captura pone en riesgo inminente a los ciudadanos de los municipios y zonas rurales de Colombia”.

Así mismo, le reiteró el llamado que el 5 de junio hizo el fiscal general Barbosa en una cumbre de la Federación Nacional de Departamentos:  “Es importante advertir nuevamente que las funciones de la Fiscalía se limitan a la investigación de los delitos y al ejercicio de la acción penal, mas no a la política pública de prevención de tales hechos, que corresponde al Gobierno Nacional”.

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