¿Qué es la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador y por qué acusan a Bukele de acercarse a régimen de Nicaragua?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, en lo que representa la última embestida de su régimen contra la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Específicamente, la norma propuesta determina un impuesto del 30% a las donaciones que reciben del extranjero las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

La decisión del mandatario se produjo luego de que un grupo de campesinos protestó cerca de su residencia, manifestación que terminó siendo reprimida por la Policía Militar, que fue usada por primera vez en más de 30 años para este tipo de acciones.

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No es lo único que ha sucedido en estos días. El 5 de mayo, el presidente también usó sus redes sociales para ordenar la detención de empresarios del transporte público cuyas unidades no trabajaron ese día. Hay 16 arrestados y se les sindica de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, peculado y extorsión.

Esta semana fue detenida la abogada Ruth López, una de las voces más críticas del Gobierno del Bukele y defensora de los derechos humanos. La Fiscalía la acusa de peculado, pero su organización, la reconocida ONG Cristosal, sostiene que el caso forma parte de la “tendencia en El Salvador, donde la criminalización y detención contra defensores de derechos humanos ha cobrado especial connotación y gravedad”.

Además, el portal digital El Faro confirmó que varios de sus pariodistas han salido del país ante las advertencias oficialistas de órdenes de arresto como consecuencia de publicar una investigación y entrevistas a pandilleros sobre el pacto de Bukele con las maras desde que fue alcalde de San Salvador.

En cuanto a la Ley de Agentes Extranjeros, todo comenzó la noche del lunes 12 de mayo, cuando unas 300 familias campesinas de la comunidad El Bosque protestaron a 500 metros de la entrada de la urbanización privada Los Sueños, donde vive Bukele y donde Presidencia de la República está construyendo una nueva residencia presidencial, informó El Faro.

La comunidad de El Bosque quería llamar la atención y solicitaba la ayuda del presidente luego de que se les notificara una orden judicial de desalojo. La policía capturó al líder comunal José Ángel Pérez y a Alejandro Henriquez, consultor jurídico de la Cooperativa El Bosque y defensor de los derechos humanos. 

En la tarde del martes 13 de mayo, Bukele, en el poder desde el 2019, reaccionó través de su cuenta personal en la red social X, donde acusó a las organizaciones de la sociedad civil de responder a una agenda globalista y de buscar desestabilizar al país, y anunció el envío al Congreso de la Ley de Agentes Extranjeros.

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“Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al Gobierno”, escribió Bukele.

El presidente reconoció que la situación de El Bosque era “difícil”, pero aseguró que no usaría recursos públicos para atenderla. “Sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, dijo.

“Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos, se pagará la deuda de la cooperativa”, anunció.

El Faro recordó que el mismo proyecto de ley ya había sido enviado por Bukele al Congreso en el 2021, pero aquella vez el impuesto era del 40%. La propuesta no se convirtió en ley debido a la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. Pero hoy, con Donald Trump en el poder en ese país, el enfoque de Washington ha cambiado, pues comparte con Bukele las críticas contra las organizaciones de la sociedad civil.

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En diálogo con El Comercio, el director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, calificó el proyecto de ley como una legislación represiva y contraria a los principios democráticos, como la libertad de expresión y el derecho a la organización.

Escobar dijo que todavía no se conoce el texto completo de la propuesta, pero indicó que además del impuesto del 30% esta contendrá disposiciones que tienen que ver con impedir el trabajo de las ONG.

“Se busca afectar financieramente a las organizaciones de la sociedad civil e impedirles realizar su trabajo. Ese es el efecto inmediato. ¿Cuál es el delito en organizarse y reclamar sus derechos?”, cuestionó.

Agregó que El Salvador vive en este momento una escalada autoritaria por parte del gobierno contra diferentes sectores que no están cumpliendo con lo que el presidente quiere.

“Esta medida está enmarcada en esa lógica de exclusión de la sociedad civil. Nos pone como enemigos del pueblo y se da justo cuando escala la represión, pues se ha detenido a algunos defensores de los derechos humanos, a empresarios del transporte público... También es un intento por desviar la atención pública ante una serie de situaciones que pueden impactar en la imagen del presidente, como las revelaciones de El Faro sobre la relación del gobierno con las pandillas, entre otros temas", refirió.

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¿Hacia dónde va la democracia en El Salvador? Escobar sostuvo que el país “va camino a ser una Nicaragua 2.0. El presidente ya hizo todo lo del manual: ya reformó la Constitución, ya se reeligió, ya destituyó magistrados, ya tiene controlada la Asamblea Legislativa, está atacando a la prensa independiente, está atacando a las organizaciones civiles, detiene a empresarios de cierto nivel cuando no están haciendo lo que él dice".

“Muchas personas y organizaciones han abandonado sus esfuerzos, pues no buscan convertirse en mártires, especialmente cuando existen condiciones para una detención ilegal. Las principales afectadas serán las comunidades, ya que los proyectos podrían detenerse”, anotó.

Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, fue detenida la noche del domingo por orden de la Fiscalía, que la acusa de peculado antes de iniciar su trabajo en la organización antes mencionada.

López ha encabezado varias investigaciones sobre el gobierno de Bukele, y fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en el 2024.

A través de un comunicado, Cristosal señaló el lunes que López fue detenida “ilegalmente” y que, hasta el momento, “se encuentra desaparecida de forma forzada, sin que su familia o su equipo legal hayan podido verla, ni hablar con ella”.

"La detención de Ruth no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia sistemática del gobierno de Nayib Bukele para silenciar voces críticas, desmantelar a la sociedad civil y consolidar un régimen autoritario. Se criminaliza a periodistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos", señaló Cristosal.

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“Hoy fue Ruth, pero el mensaje es claro: se busca sembrar miedo en todo el movimiento social de derechos humanos. Exigimos su liberación inmediata. Ruth padece hipertensión arterial y necesita medicación constante, por lo que su detención bajo estas condiciones no solo es ilegal, sino inhumana. También exigimos que la Fiscalía, el Órgano Judicial y todas las instituciones del Estado actúen con independencia, cumplan su mandato constitucional y detengan esta persecución política”, agregó.

Eduardo Escobar calificó el caso de Ruth López como un movimiento político del gobierno, una revancha política más que una real persecución de la corrupción. “Y si a eso le sumamos que tenemos un sistema judicial y de investigación del delito que no ofrecen ninguna garantía de independencia, ni imparcialidad, pues esto es todavía peor, porque hay poco margen para que una persona con la cual el gobierno se ha ensañado pueda recuperar su libertad”, advirtió.