El historial oculto de la megacárcel de los $400.000 millones

Comunidad pide aclarar por qué dieron $ 2.532 millones por lote tasado en $355 millones. Hay tutela.

Este es la maqueta del proyecto de la cárcel en Candelaria, avaluada en más de $400.000 millones de pesos. Foto: Archivo Particular

19.09.2020 19:08 Actualizado: 20.09.2020 14:19

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Poco antes de que su nombre empezara a sonar para procuradora, la entonces ministra de Justicia Margarita Cabello le confirmó al país que ya estaba andando el proyecto para construir la megacárcel de Candelaria, una pacífica población ubicada a hora y media de Barranquilla.

“La comunidad estuvo preocupada con toda validez, pero ya iniciamos la socialización del proyecto. La cárcel será un centro de producción e ingresos para el municipio”, dijo Cabello. Y en enero confirmó que ya se tenía el terreno.

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A principios del año, la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que todo estaba listo ara iniciar la obra. Solo faltaba el visto bueno de la comunidad. Foto:Presidencia

Pero el megaproyecto, que abriría 5.000 nuevos cupos para enfrentar el hacinamiento –que ya bordea el 54 por ciento en todo el país–, no ha podido arrancar. La Gobernación del Atlántico asegura que es causa de la pandemia. Además, que esperan la elaboración de estudios y diseños para continuar los trámites de la obra.

Pero líderes de la comunidad dicen que hay interrogantes de fondo que las autoridades deben indagar antes de poner la primera piedra.

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De hecho, con pandemia incluida, ya acumulan tres marchas contra la obra, que se proyecta en la zona rural del municipio, con una inversión global que puede superar los 400.000 millones de pesos.

Tutela y avalúo

“Esto lo han hecho a espaldas de la comunidad y del Concejo de Candelaria. Citaron un encuentro hace unos meses en un hotel de Barranquilla, pero esto se tiene que dialogar con la gente en su territorio. Esa zona es inundable, y hay serias dudas sobre el valor que pagó el departamento por esos terrenos”, aseguró el concejal Nelson Bolaños, del Partido Conservador.

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Y dijo que parte del lote donde se planea levantar la cárcel queda en jurisdicción de Campo de la Cruz, y su concejo municipal no fue consultado. Además, hace un año prosperó en primera instancia una tutela de las comunidades afros, oponiéndose a la cárcel con el argumento de que no hubo consulta previa.

El fallo frenó temporalmente el proyecto. Pero en segunda instancia el fallo cambió y por eso ahora alistan una acción popular.

En el entretanto se le pagó el lote, de 80 hectáreas y 3.170 metros cuadrados, al vendedor: Luis Vicente Gutiérrez Güiza, luego de que se revisaran documentos, escrituras y demás. Sin embargo, líderes de Candelaria exigen que autoridades revisen esa compra.

EL TIEMPO investigó y encontró que El Tiestal –el terreno de la megacárcel– fue negociado por la Gobernación del Atlántico durante la istración de Eduardo Verano de la Rosa. La compra quedó registrada en la notaría única de Sabanalarga el 9 de agosto de 2019 y cinco meses después el departamento se lo cedió al Inpec.

Según consta en la escritura, el lote se conformó tras el englobe de los predios identificados con las matrículas 8030, 15981, 60189 y 60191.

Entre 2014 y 2019, Gutiérrez Güiza pagó por los cuatro predios 355’135.000 pesos. “¿Por qué la Gobernación, entonces, desembolsó 2.175 millones de pesos adicionales?”, se pregunta el líder y comerciante Ronald Estrada.

Y Marceliano Fonseca, asesor jurídico de las comunidades afros de Candelaria, agrega que hay muchas más dudas: “Según la norma, la cárcel debe estar mínimo a 5 kilómetros del casco urbano, y está a solo 3 kilómetros”.

El vendedor del predio –Gutiérrez Güiza– le dijo a EL TIEMPO que el negocio fue legal y se basó en un avalúo comercial realizado por la gobernación.

Líderes de la comunidad piden que se aclare por qué la Gobernación pagó más de 2000 millones de pesos si el avalúo catastral no supera los 380 milllones. Foto:EL TIEMPO

'Ya hay autorización'

“Desconozco qué motivó el que me hicieran la propuesta de compra, pero entiendo que verificaron varios terrenos y los que más les servían eran los míos”, afirmó. Sobre la amenaza de inundación dijo que, desde cuando los compró, no tienen calificación de zona de alto riesgo y desconoce si antes la tuvieron.

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Y respecto a la queja de que englobó una servidumbre que toda la comunidad usaba, sostuvo: “Ahora no lo tengo claro, pero sí le puedo asegurar que nunca se englobó nada por fuera de lo legalmente establecido”.

Desde la Gobernación del Atlántico también defendieron la transparencia del proyecto y la forma como se realizó la negociación del predio. Además, lo consideran clave para combatir el hacinamiento.

Sus voceros aseguraron que el avalúo lo hizo la Corporación Colegio Inmobiliario de Barranquilla y que su precio “guarda similitud y correlación frente a otros predios que el departamento ha adquirido en la misma zona”.

También explicaron que El Tiestal se eligió tras analizar más de 20 predios, en un proceso en el que se contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Además, que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) le dio viabilidad ambiental.

“Se cuenta con autorización de la Secretaria de Planeación de Candelaria, para el desarrollo de dicho proyecto. (...) El Inpec, realizó el correspondiente estudio de seguridad del predio seleccionado”, precisaron desde la gobernación.

Y agregaron que parte de los beneficios para Candelaria está en que sus pobladores podrán abastecer el casino de la cárcel, así como emprender negocios con el tránsito de gente que llegará por cuenta del penal.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

También manifestaron que revisaron la tradición de los lotes y no encontraron la inclusión de ninguna servidumbre. Al cierre de esta edición, se esperaba una respuesta de la cartera de Justicia en cuyas manos está la ejecución de la obra.

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