Qué hay detrás del atraso en la ejecución para implementar la paz

Con un rezago en la ejecución de por lo menos 12,24 billones de pesos entre 2017 y 2020, el balance entregado por la Contraloría General es que habrá un “posible incumplimiento de compromisos del acuerdo final” de paz.

Así se desprende del quinto informe sobre la ejecución de los recursos para la implementación de la paz.

De acuerdo con el documento, entre 2017 y 2020 hubo una ejecución de $22,4 billones, a precios de 2020, cuando debió llegar a 34,64 billones, de acuerdo con las proyecciones.

Esto es un cumplimiento del 65 por ciento de lo previsto para este período, y de un 15 por ciento frente al valor total de $ 146,7 billones, a precios de 2020, que costaría implementar la paz en los 15 años en los que se planeó.

Así, aunque el órgano de control destacó que hay un crecimiento anual promedio del 5 por ciento en la ejecución, “el ritmo de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado”.

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Como en ninguno de los años se han ejecutado los recursos programados, y el ritmo promedio actual es de $ 5,6 billones anuales, la Contraloría advirtió que la implementación del acuerdo se lograría en 26 años, 11 más que lo planeado.

Hasta ahora, de los seis puntos del acuerdo en el que más se ha invertido es en reforma rural integral, que entre 2017 y 2020 completa 18,4 billones de pesos; le siguen solución al problema de drogas ilícitas, con 3,5; fin del conflicto, con 1,9 billones; víctimas, con 1,8; mecanismos de implementación y verificación, con 634.257 millones, y participación política, con 376.825 millones.

Germán Valencia, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, mencionó que la lentitud que ha tenido la implementación lleva a pensar en tres escenarios para el gobierno actual y los siguientes: afanar el paso de ahora en adelante, incumplir lo pactado o adaptar el plan marco de implementación frente a los tiempos.

Paulo Tovar, coordinador de Participación y Diálogo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), también hizo hincapié en la posibilidad de revisión. “No es conveniente entender el acuerdo como un asunto totalmente cerrado y que el coste que se hizo en 2016 es el techo definitivo”, comentó.

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Añadió que, más allá de eso, hay que analizar en dónde se están dando los rezagos y por qué, “si es una incapacidad del Estado para ejecutar los recursos, si las dificultades están en asuntos del acuerdo sobre los cuales no hay un compromiso político para avanzar, u otros”.

Por su lado, frente a por qué ha habido retrasos, Valencia mencionó razones técnicas y políticas. En el primer grupo está, por ejemplo, que la legislación requerida ha sido lenta, “y no se puede implementar el acuerdo que está atado a que se aprueben una serie de leyes”.

De hecho, el informe de la Contraloría destaca que uno de los temas de “grave incumplimiento” es la creación de la jurisdicción agraria, pues, si bien debería estar en operación hace 3 años, las dos veces que se ha presentado el proyecto ha sido archivado.

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Y entre los motivos políticos, Valencia indicó: “Estamos ante un gobierno que decidió no caminarle a la paz en términos del acuerdo, sino en lo que considera que debe trabajarse, como seguridad, impuestos, entre otros”.

Las consecuencias de los atrasos, dijo Tovar, pueden entenderse mejor si se analiza punto por punto. “En el tema de tierras, el rezago parece ser más grave, esto tiene consecuencias más complicadas, pues este es uno de los puntos que están en la base del por qué el conflicto en el país”, expuso.

Lo mismo pasa, comentó, con el atraso en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis). Según la Contraloría, faltan 1,73 billones de pesos para terminar todos los ciclos y cumplirles a las 99.000 familias inscritas.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, negó que el Gobierno haya pisado el freno en la implementación. “Lo que se hizo antes de llegar este gobierno fue una fantasía presupuestal de suponer cuánto costaría todo lo que se había previsto, pero eso no implica que los recursos estuvieran; ha sido este gobierno el que ha conseguido los recursos y hemos invertido un poco menos de 30 billones de pesos”, dijo.

Añadió que desde el gobierno se han tomado todas las acciones para cumplir lo acordado, “en cada uno de los frentes hemos hecho una manifestación política de que se cumplirá, hemos hecho una planeación ultradetallada y tenemos ejecutorias que hablan por sí mismas y que implicarán que a diciembre de 2021 el proceso sea irreversible”, concluyó.

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