La polémica orden de cesión de la Uaesp a cuestionado socio de firma contratista en el caso de los cementerios de Bogotá

En abril de este año, la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a través de una resolución, permitió que un contratista continuara al frente de un millonario contrato, aunque estaba inhabilitado.

Se trata de la interventoría de la concesión de cementerios. El contrato fue adjudicado en 2021 al consorcio San Marcos en medio de polémicas sobre posibles irregularidades, entre ellas una inhabilidad para contratar de uno de los socios.

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Por este caso, de hecho, hay una acción popular en el Juzgado 53 istrativo del Circuito Judicial de Bogotá contra las resoluciones de la entidad distrital que ordenaron la cesión a un tercero de la participación del socio cuestionado de San Marcos.

El contrato de interventoría fue entregado a San Marcos el 10 de agosto de 2021, casi un mes después de haber empezado a tener efectos jurídicos la condena contra la representante de una de las firmas que conforman la sociedad por delitos contra la istración pública.

La condena fue impuesta en primera instancia el 27 de enero de 2020 contra Marcela Sofía Alíes Fuentes y el 12 de agosto del mismo año se confirmó en segunda instancia.

De hecho, en octubre del año pasado, el entonces concejal Diego Cancino (hoy viceministro General del Interior) reveló en una sesión del cabildo distrital que Alíes Fuentes se encontraba desde comienzos del 2020 pagando una condena de 4 años y 6 meses de prisión por hechos de corrupción ocurridos en 2017 en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), a los  que estaba vinculado el exsenador Musa Besaile.

Alíes Fuentes, quien había informado la posición de control en Tecniconsulta desde febrero de 2017, ante la Cámara de Comercio de Bogotá notificó la terminación de dicha posición el 13 de julio de 2022, eso es un año después de celebrado el contrato de interventoría para la operación y mantenimiento de los cementerios distritales.

El consorcio San Marcos está conformado por cinco firmas, entre ellas Tecnoconsulta SAS, que a la vez tenía el 25 por ciento de participación en esa sociedad y era considerado socio controlante.

Las dudas sobre el contrato de interventoría se suman a la polémica que ha habido alrededor del concesionario Jardines de Luz y Paz, que desde julio de 2021 opera los camposantos de la ciudad (Centro, Norte, Serafín y Sur) y que ya ha sido objeto de cuatro sanciones en firme y tiene alrededor de un centenar de procesos abiertos por la interventoría por posibles incumplimientos, entre ellos, y tal vez el más grave, que ha manejado los recursos por servicios de los cementerios en cuentas bancarias y no en la fiducia.

Y aunque la condena de la socia de Tecniconsulta dejaba inhabilitado al consorcio San Marcos para contratar con el Estado, en agosto de 2021 le fue adjudicado el contrato de interventoría por 6.896 millones de pesos.

Es por eso que en la acción popular de la Red Nacional de Veedurías se indica que la Uaesp permitió la participación y la adjudicación del consorcio “sin cumplir a cabalidad con las funciones de verificación, vigilancia, transparencia y legalidad”.

Henry Anaya Arango, presidente de la Red Nacional de Veedurías y quien interpuso la acción popular, insiste en que si Alies Fuentes era socia mayoritaria y había sido condenada, "esa oferta debió ser rechazada, pero al contrario se le entregó el contrato. La ley dice que cuando se advierte un delito contra la istración pública, no se podrá adjudicar la oferta". 

Pero ahora, según Anaya, se incurre en una nueva irregularidad cuando “la Uaesp en lugar de liquidar ese contrato, permite que el consorcio busque un nuevo socio y por eso hoy continúa el mismo contratista (San Marcos)”.

Las posibles fallas se dieron el 14 de diciembre de 2023, cuando la Uaesp, que para ese momento estaba en cabeza de Juan Carlos López, ordenó la cesión de la participación del 25 por ciento que tenía Tecniconsulta en San Marcos a un tercero (Ingeconas). El argumento fue que se había materializado una “inhabilidad sobreviniente”.

Pero el pasado 26 de abril, mediante la resolución 230, la Uaesp, ya en la istración de Consuelo Ordóñez, siguió con el proceso y de nuevo ordenó la cesión unilateral de la participación de Tecniconsulta.

Ante este caso, López le dijo a EL TIEMPO que no puede pronunciarse “salvo para decir que, precisamente, por denuncias públicas que se hicieron revisamos al detalle el expediente y, como consecuencia, le solicitamos al consorcio interventor que Tecniconsulta debía entregar la parte del contrato que tenía y se procedió como fija la ley para estos casos”.

Sobre la orden de cesión de la participación de Tecniconsulta, tras ser consultada por este diario, la entidad distrital indicó que el contrato de interventoría se suscribió en 2021 “sin que la Uaesp tuviera conocimiento de la condena de la señora Alíes Fuentes y su eventual vinculación a una de las empresas del consorcio y sin que el contratista hubiese manifestado tal situación al momento de presentar oferta y contratar, lo cual era su obligación... ”.

Agregó que casi 2 meses después de la firma del contrato de interventoría, Marcela Sofía Alíes Fuentes comunicó en el Registro Mercantil “una supuesta situación de control” que ejercía en Tecniconsulta desde el 15 de junio de 2017 y que de este “registro tampoco se tenía referencia documental”.

No obstante, señaló que esa “situación (la de control) se considera oponible frente a terceros solo desde la inscripción, esto es el 21 de octubre del 2021”.

Y si bien Alíes Fuentes había declarado que era socia controlante, la Uaesp señaló que en el acta de conciliación del 2 de noviembre de 2022, inscrita ante el centro de arbitraje y conciliación de Fenalco, “se estableció que Marcela Sofía Alíes Fuentes no adquirió nunca la calidad de accionista en la sociedad y menos aún la de socia controlante, lo que desvirtúa la presunta inhabilidad y, por tanto, el contrato no se afectó”.

En la misma línea de la Uaesp, el representante legal del consorcio San Marcos, Oswaldo Amaya, le dijo a este diario que conocieron de la inhabilidad de la firma de Alíes Fuentes en diciembre de 2023, cuando la Uaesp les pidió "hacer la cesión" y que, en cumplimiento de ese requerimiento, buscaron una empresa que cumpliera con los mismos requisitos de la anterior.

"Eso lo logramos en marzo de 2024 y en abril salió la resolución, con un estudio jurídico y técnico sobre la nueva empresa, la Uaesp aprobó la cesión", afirmó Amaya.

Y agregó que la inhabilidad de Alies Fuentes "fue mucho antes de la adjudicación del contrato" y que en la composición accionaria de Tecniconsulta ella no estaba en el momento en que se le aplica la imposibilidad para contratar. "La señora nunca estuvo dentro de la adjudicación, ni dentro de la sociedad, ni dentro del proceso en el cual se hizo la adjudicación", afirmó.

En conversación con este diario, Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz y quien también interviene en el caso, dijo que al haberse permitido la cesión a un tercero, la Uaesp “le está dando una supuesta legalidad al contrato”.

Agregó que el objetivo de esa decisión es buscar la inhabilidad del concesionario, a través de procesos sancionatorios generados por el interventor, con quien tienen un conflicto, toda vez que fue su firma la que denunció las irregularidades en la adjudicación de la interventoría.

Parada dijo también que mientras no le resuelven la solicitud de terminación bilateral del contrato, presentada en abril pasado, la Uaesp podría estar llevando el caso a una instancia de urgencia manifiesta, a fin de adjudicar de manera directa, y no por una licitación pública, el contrato de operación y mantenimiento de los cementerios.

Ante esto, el representante legal del consorcio San Marcos afirmó que ese argumento es un distractor y que "el modus operandi del concesionario Jardines de Luz y Paz ha sido desviar las graves inconsistencias que ha tenido como operador de los cementerios".

Recordó que el concesionario tiene cuatro sanciones -las últimas fueron esta semana por 27 millones  y 1.600 millones de pesos- y al menos 90 procesos por posibles incumplimientos.

Entre esos casos, según dijo, está el manejo que Jardines de Luz y Paz le ha dado a "más de 21.000 millones de pesos por servicios prestados por los cementerios sin cumplir lo indicado por el contrato, la ley y la resolución".

EL TIEMPO consultó a juristas expertos en contratación estatal sobre la contratación del consorcio San Marcos y la orden para que el socio cuestionado cediera la participación, sin embargo, también tuvieron posiciones divididas.

Uno de ellos es un experto en el estatuto de contratación que pidió no ser citado. Dijo que debió haber sido rechazada la oferta del consorcio, pero que si no lo hicieron y celebraron el contrato estando este inhabilitado, tenían que haber dado por terminado el contrato de manera unilateral y no haber cedido la participación”.

Esta opción, aclaró, es para cuando la inhabilidad surge o sobreviene después de celebrado el contrato y afecta a un integrante del consorcio, pero dicha inhabilidad existió desde antes de celebrado el contrato. “Ese contrato está afectado de nulidad absoluta y nunca debió ser adjudicado”, concluyó.

Por el contrario, Juan José Gómez Urueña, también experto en contratación estatal y asesor de entidades públicas, consideró que “no hay ninguna falla” porque al momento de contratar en la Cámara de Comercio no le aparecía al proponente una inhabilidad.

“La ley dice que las inhabilidades se deben inscribir en la Cámara de Comercio, pero el juez no lo ordenó y la socia controlante tampoco lo hizo. Si hay alguna falla, esta es atribuible a la señora que nunca inscribió eso o al juez, quien no lo ordenó”, afirmó.

En la misma línea, otro jurista que también pidió no ser citado y que ha asesorado a entidades distritales señaló que el caso se podía corregir con la declaración de la inhabilidad sobreviniente, como lo hizo la Uaesp.

Además indicó que “una vez advertida la inhabilidad de una de las partes del consorcio, sí es su obligación ceder la participación”. El experto concluye, entonces, que en este caso no existe una falta disciplinaria.

Por ahora no hay nada en firme y el caso queda a la espera de que el Juez 53 istrativo se pronuncie sobre la polémica orden de cesión de la Uaesp a cuestionado socio de firma interventora en el contrato de los cementerios distritales.  

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá 

En X: @guirei24