La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a cinco funcionarios judiciales en el marco de las investigaciones que se adelantan por posibles irregularidades en el reparto de las demandas civiles que presentó el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura SA) y la Compañía de Cementos Argos S.A., en el proceso de oferta pública (OPA) para adquirir las acciones del Grupo Nutresa.
EL TIEMPO estableció que se trata de Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, así como de los auxiliares istrativos Mateo Florez Echeverry, Daniela Diaz Muñoz; y Carlos Andrés Alvarez Zuluaga, quien funge como profesional universitario.
En este caso, la Fiscalía tiene un equipo de la Dirección Especializada contra la Corrupción que indaga presuntos hechos de corrupción judicial por inconsistencias
en el reparto de las demandas.
Ese equipo ya realizó análisis financiero, contable e informático forense de distintos documentos de las demandas civiles interpuestas por el Grupo Sura S.A y Cementos Argos S.A.
Luego de escuchar a los funcionarios la Fiscalía definirá si los cita o no a imputación de cargos.
En diciembre del año pasado la Fiscalía señalo que "recibió dos denuncias penales que se relacionan con las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura SA) y la Compañía de Cementos Argos S. A".
Y dijo que se quiere establecer si hubo presuntas irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos isorios y en la adopción de medidas cautelares, temas que podrían configurar corrupción judicial.
Los antecedentes del caso
La Fiscalía adelanta las investigaciones a raíz de una denuncia presentada por el abogado Andrés Garzón en la que se describe que IHC Capital Holding presentó el 20 de septiembre una OPA por Nutresa que asciende a los dos mil millones de dólares y que Sura, como mayor accionista del Grupo Nutresa, le correspondía definir si aceptaba o no, y con eso vendía sus acciones en cerca de 11 billones de pesos.
El 10 de noviembre se concentraron en la reunión Santiago Cuartas, Andrés Bernal, María Ximena Lombana y Ángela María Tafur, y con el voto de las últimas tres personas mencionadas, se aprobó una propuesta de cinco puntos que indicaba, entre otros, que se debía aprobar la participación en la OPA formulada por IHC Capital Holding LLC, "de forma tal que ofrezca la totalidad de las acciones ordinarias de las que es propietaria en el capital de Grupo Nutresa S.A. a la fecha de esta decisión".
La denuncia dice que los representantes legales del Grupo Sura no aceptaron la OPA del 11 de noviembre "como lo definió la junta directiva, para que dicha empresa pudiera recibir cerca de once billones de pesos".
Con ese antecedente, Sura demandó a las 3:19 de la tarde del 16 de noviembre a Bernal, Lombana y Tafur ante un despacho de Medellín, correspondiéndole el caso al Rafael Antonio Matos Rodelo, juez Quinto Civil del Circuito de la capital antioqueña, desde el cual se decretó, un día después -a las 4:11 de la tarde-, un auto de medidas cautelares sin notificar al demandante.
La denuncia dice que con esa medida, ordenó "a los representantes legales abstenerse de cumplir las órdenes de la junta directiva, particularmente las relativas a la venta de once billones de pesos".
Y, al tiempo, Argos interpuso una demanda el 17 de noviembre en la mañana contra las mismas tres personas que le llegó al mismo despacho que tenía la de Sura, que la itió. Para los denunciantes es sospechoso que el reparto haya caído en el mismo juez, así como las medidas cautelares hayan sido decretadas tan rápido.
@JusticiaET
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